Soberanía alimentaria y derechos campesinos para acabar con el dilema del hambre
La soberanía alimentaria demanda una transformación estructural, económica, social y política, que priorice el derecho universal a la alimentación por sobre la propiedad privada de la tierra y los medios de producción y comercio.
Por Diego Montón para Alainet
Hace 25 años, en abril de 1996, en el marco de la segunda Conferencia Internacional de la Vía Campesina (organizada en Tlaxcala, México), se definió adoptar el término Soberanía Alimentaria, en el marco de la batalla de ideas en la que se disputaban las razones del hambre global y las estrategias para superarlo. Meses más tarde, la Vía Campesina introdujo la discusión en la Cumbre Global de la Alimentación organizada por las Naciones Unidas en Roma.
En plena ofensiva neoliberal, las corporaciones montaban su estrategia de subordinar la alimentación a los mercados, bajo la excusa de que solo su paquete tecnológico era capaz de resolver un dilema que en realidad, visto desde otra perspectiva, tenía como una de las causas el propio avance del capital financiero sobre los sistemas alimentarios locales y el desmantelamiento de los instrumentos regulatorios y proteccionistas de los Estados.
La soberanía alimentaria es una propuesta política para enfrentar el hambre y sus consecuencias. Es una ética de vida vinculada al derecho de los pueblos a una alimentación saludable y nutritiva, adecuada culturalmente, cuyos alimentos son producidos de forma ecológica y sustentable. Incluye el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos y decidir su propio sistema agroalimentario, priorizando la participación y necesidades de las personas involucradas (productores, distribuidores y consumidores) por sobre los intereses de las empresas y mercados.
Las discusiones globales en torno al hambre tienen un largo recorrido. El Derecho a la Alimentación fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y luego incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976.
En 1952, el brasileño Josué de Castro fue elegido presidente del Consejo de la FAO, fundamentalmente por su obra “Geografía del hambre”, donde sostiene que el hambre es un problema social, resultante de la forma de organización social de la producción y distribución de los alimentos.
Desde su lanzamiento, la soberanía alimentaria ha tenido implicaciones de gran alcance en las políticas públicas, recogidas por muchas organizaciones e instituciones como los organismos de las Naciones Unidas: la Organización para la alimentación y agricultura (FAO), el Fondo internacional para el desarrollo de la agricultura (FIDA), el Consejo de los Derechos Humanos, etc. Algunos gobiernos como el de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Mali, Bolivia, Nepal, Senegal y otros la han incluido en sus constituciones. La adopción de la Declaración de los Derechos Campesinos por parte de la Asamblea General de la ONU en 2018 y el reconocimiento de la agroecología por la FAO en 2015 son testimonio del interés que le otorgan las instituciones multilaterales.
En América Latina, si bien nunca se logró desarticular estructuralmente los avances del capital financiero en la agricultura, “la oleada” de gobiernos progresistas logró reducir significativamente el hambre.
Actualmente, luego de una contraofensiva conservadora, la situación alimentaria se agravó y la pandemia le dio visibilidad a la grave inseguridad alimentaria que se profundiza.
El precio de los alimentos registró en mayo de 2021 la mayor suba de la última década, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según el índice de precios de materias primas agrícolas que elabora mensualmente la entidad, los alimentos escalaron 39,7% en mayo respecto al mismo mes del año pasado.
Ese es el resultado de doce meses consecutivos de alza en el índice promedio, que en este mes de mayo tuvo, además, el mayor encarecimiento mensual de todo el período de diez años: 4,8% con respecto al mes de abril.
Considerando todas las personas que se encuentran afectadas en el mundo por niveles moderados de inseguridad alimentaria y las que padecen hambre, se estima que más de 2.000 millones carecen de acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, lo que incluye al 8% de la población de América septentrional y Europa, según el último informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo presentado por la FAO.
Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad siguen aumentando en todas las regiones, especialmente entre los niños en edad escolar y los adultos. En 2018, aproximadamente 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso y los adultos con este padecimiento superan los 2.000 millones. En América Latina, hay 187,8 millones de personas con hambre y en América del Sur 131,2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria según el mismo informe.
Frente al trágico panorama, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, elaboró un informe con recomendaciones y un fuerte llamado de atención de cara a la próxima cumbre de sistemas alimentarios de naciones unidas, en sintonía con la Vía Campesina, la que alerta sobre la posible captura corporativa de la misma.
Fakhri propone un enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, que anteponga las personas por sobre las ganancias, velando por que los mercados atiendan las necesidades sociales y obligando a los Estados a proporcionar a las personas una protección social adecuada. Además, reivindica el rol de la agroecología, el acceso seguro a la tierra y el derecho a la semillas para los campesinos.
El relator pone acento también en el “rol vital” de las semillas y los peligros que acechan frente a las fusiones y adquisiciones en la industria de las semillas; recientemente, las seis grandes empresas de agroquímicos o semillas se han combinado en solo cuatro grandes: Dow y DuPont se fusionaron en un acuerdo valorado en 130.000 millones de dólares, y luego se dividieron en tres sociedades, entre ellas, una empresa centrada en la agricultura llamada Corteva; Chemchina adquirió Syngenta por 43.000 millones de dólares; Bayer adquirió Monsanto por 63.000 millones de dólares; y las divisiones de semillas de Bayer (a saber, las marcas Stoneville, Nunhems, FiberMax, Credenz e InVigor) se vendieron a BASF por 7.000 millones de dólares para satisfacer a los reguladores antimonopolio.
Frente a este escenario, el mismo Fakhri propone seguir el camino que marcó la Asamblea general de Naciones Unidas en diciembre de 2018, cuando aprobó la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales.
Los derechos campesinos como base para terminar con el hambre
La Declaración Internacional de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales fue adoptada por Naciones Unidas en el marco del énfasis puesto en la soberanía alimentaria, asociada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030.
La Declaración consigna derechos de los campesinos y “obligaciones” de los Estados como condición de su efectivización: el texto es un compendio fundamental de políticas públicas que las Naciones Unidas establecen para la planificación y renovación de la política agraria mundial y los sistemas alimentarios de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Algunos elementos del texto de la misma para destacar:
El artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”.
El artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”, destacando también la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados.
El artículo 17 incorpora: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad, y desarrollar su cultura”, y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.
Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.
Frente a un sistema alimentario global que profundiza su concentración en todos los niveles con una tendencia a transformar los alimentos en mercancías orientadas a la acumulación financiera, la lucha contra el hambre es fundamentalmente política.
En esa dirección, podemos sintetizar algunos desafíos del movimiento popular en la lucha por la soberanía alimentaria:
—La protección y desarrollo del mercado local, promoviendo mercados de cercanía y garantizando una política de precios acordes a los costos de producción, para garantizar el nivel de vida adecuado de los productores y el acceso a los alimentos de los consumidores.
—La participación de los campesinos, cooperativas, pequeños y medianos productores en la construcción e implementación de las políticas agrarias, así como de los consumidores y la población en general en la elaboración de las políticas de acceso y comercio de los alimentos.
—El límite al tamaño máximo de la propiedad y posesión de la tierra; y garantizar el principio del provecho de toda sociedad sobre los bienes de la naturaleza, agua y biodiversidad.
—La reformulación del papel del Estado para que este ordene el proceso de soberanía alimentaria, garantizando su producción y distribución en todas las regiones del país. Control directo del gobierno sobre el comercio exterior (importación/exportación) de alimentos y sobre las tasas de interés y de cambio. Implementar un amplio programa de pequeñas y medianas agroindustrias instaladas en todos los municipios del país, en la forma de cooperativas.
—La garantía de stocks reguladores de alimentos saludables, por parte del Estado, para garantizar el acceso a toda la población.
—La garantía sobre el libre uso, conocimiento y mejoramiento de las semillas de parte de toda la población y especialmente de las familias campesinas, la biodiversidad y la diversidad de especies y variedades.
—Un proceso de formalización de la agricultura familiar y sus industrias locales, estableciendo normativa diferenciada para la habilitación de salas de faena, agregado de valor y procesamiento de carnes frutas y hortalizas dependiendo la escala y garantizando inocuidad y trazabilidad.
—Políticas públicas segmentadas y diferenciadas según los sujetos, escalas y situaciones particulares. Tal como establece la declaración de ONU, los Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos campesinos.
La soberanía alimentaria es absolutamente incompatible con cualquier estrategia que intente colocar los intereses privados de ganancia y acumulación por sobre los intereses de la población. No es factible consolidarla sin un cambio radical en los sistemas agroalimentarios que incluyan una reforma agraria popular que democratice la tierra y ponga en el centro los mercados locales y de cercanía, y donde el objetivo primordial sea alimentos sanos a precios justos para todos y todas. Esto requeriría de una gran alianza social y política, urbana y rural que pueda enfrentar los intereses concentrados y corporativos. La soberanía alimentaria necesariamente demanda una transformación estructural, económica, social y política que priorice el derecho universal a la alimentación por sobre la propiedad privada de la tierra y los medios de producción y comercio.
*Por Diego Montón para Alainet / Imagen de portada: UTT.
