El despojo campesino en el siglo XXI: cuando el que usurpa es el juez
La usurpación de tierras en Santiago del Estero se viene instalando en las subjetividades hasta casi su naturalización. Cada vez son menos las familias campesinas que logran resistir desde el arraigo, a un andamiaje estatal y judicial que apunta quebrantar voluntades, dignidad y derechos consagrados. Este es el caso de la familia de Don Manuel Ascencio Ardiles y su lucha por defender un modo de vida que se extingue. La última de trece familias de Chaguar Punco, desalojadas por el Presidente del Superior Tribunal de justicia.
Por Marisa Figueroa para Anred
En el trascurso de estos últimos años, todos sus vecinos han sido desterrados. Hoy, ya anciano, resiste junto a hijos y nietos el arrebato de los nuevos dueños de la tierra. Don Manuel Asencio Ardiles tiene 74 años y nació en su campo, que es el de sus padres. Tiene treinta hectáreas con título perfecto por escritura pública. El informe del Registro de la Propiedad lo ratifica, lo mismo que la titularidad en el Inmobiliario Rural y la Dirección Ejecutora de Riego; impuestos que con sacrificio ha sabido mantener al día. Hoy, la incertidumbre se impone y la pobreza comienza a asediarlos.
«Esta tierra es de mis nietos”, nos repite don Manuel una y otra vez, como si dudásemos de él, como si no supiéramos lo que está pasando en Santiago.
El alto grado de informalidad dominial que caracteriza las tierras campesinas en nuestra provincia, se ha tornado elemento indispensable para la acumulación desmedida del codiciado bien. No obstante, en las últimas dos décadas, los actores del despojo se han reconfigurado, y las modalidades de usurpación violenta, han sido aggiornadas con relatos épicos.
Mientras los organismos encargados de regularizar la posesión de tierras se multiplican y los programas se superponen; las usurpaciones, con diferentes grados de violencia, continúan in crescendo. Si además consideramos el rol que desempeña la justicia provincial sobre esta problemática y su entramado, las expectativas para los habitantes de la ruralidad se tornan desalentadoras.
Ausencia y mala presencia del Estado
Las usurpaciones por despojo han adquirido cierta sistematicidad en la provincia de Santiago del Estero; por lo que inadvertir la incidencia de las múltiples connivencias vinculadas al poder, sería a esta altura del siglo, poco más que una lectura cándida. El Dr. Eduardo López Alsogaray, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, ha desalojado ya a doce familias campesinas en el Paraje Chaguar Punco, Departamento Robles. Doce familias tradicionales que ocupaban pública y pacíficamente las tierras por más de un siglo, acreditando sobradamente los requisitos que establece nuestra Constitución para la posesión y tenencia de la tierra.
No obstante, –y a pesar de tanta oficina, funcionario y mesas de tierra–, el Estado “no se ha hecho presente” para estas familias rurales que, ignorando su propia vulnerabilidad, jamás realizaron acciones posesorias ni juicios de prescripción. En este marco, el Dr. López Alsogaray ni siquiera tuvo que realizar demandas judiciales para desalojarlos, solo ordenó a sus peones que actúen “como es habitual”.
La humillación como estrategia
Un conocimiento de la vulnerabilidad dominial de las familias de Chaguar Punco y afianzado en todas las esferas del poder local, cientos de hectáreas que representan la vida y la historia de decenas de hombres y mujeres rurales, han sido apropiadas por el juez, atropello mediante. En la mayoría de los casos, ni siquiera le ha demandado iniciar acciones judiciales; simplemente recurre a contratar peones que se encargarán de amedrentar a las familias hasta quebrarlas. Provocaciones y hostigamientos constan– tes, esa es la estrategia “menos violenta” para que las familias desistan de defender lo que por derecho les corresponde.
También hay ofrecimientos: hacerles una vivienda social para aglutinarlos en la ciudad. Una ofensa material y simbólica para quienes crían hijos desde el arraigo, transmitiendo generacionalmente los oficios rurales y los saberes de la cultura campesina. Los relatos de las víctimas son estremecedores. – “Llegaban los peones de López Alsogaray y nos pechaban con sus caballos. Yo tenía 10 años y me acuerdo bien, porque no hacíamos tiempo de refugiarnos”. Nos cuenta la hija menor de la familia Ledesma, desalojada por el entonces vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Los Ardiles recurrieron a la justicia para denunciar lo que padecían día a día. “A caballo, nos prendían fuego el monte y se burlaban. Los peones del juez eran muchos, pero igual los enfrentábamos”, relata Juliana mientras amamanta al nieto de don Manuel. Esta estrategia no falla. Desgasta y lastima cualquier dignidad. Continúa Juliana, – “nos decían insultos que nos ofendían como mujeres y ofendían a nuestros esposos. Mi suegra sufría mucho y renegaba de estar vieja y no poder callar esos atrevidos”–.
A la familia Ardiles, nunca les tomaron las denuncias. Juliana cursaba un embarazo de riesgo cuando fue detenida, y esposada, fue llevada a la Comisaria N° 52 de Forres por orden de la Fiscal Jaqueline Maccio. El motivo: haber “amenazado” al capataz que contrató López Alsogaray para “limpiar” su campo, su “herencia”.
Santiago del Estero: arbitrariedad y denegación de justicia
Santiago del Estero cuenta con un Poder Judicial que roza lo absurdo. Un Ministerio Público que no recibe al campesino, –que debe trasladarse desde parajes lejanos en búsqueda de justicia–, y Fiscales reticentes a repasar nuestra carta magna. Quizás, para no entrar en contradicciones. Los tiempos que demanda un juicio de reivindicación, suelen hacerse eternos; hecho que por su cotidianidad aporta a sostener la frase popularmente instalada: “Si la justicia es lenta, no es justicia”. Pero si las demandas son iniciadas por abogados/escribanos vinculados a la casa de gobierno, la cosa cambia.
Diligente, en un lapso de tiempo inusitado para la justicia santiagueña, la jueza Roxana Vera ha otorgado a su superior, – a través de una medida cautelar–, la posesión de 23 de las 30 hectáreas donde vive y se desarrolla productivamente la familia Ardiles. La demanda de López Alsogaray sobre la tierra de la familia Ardiles, incluye un relato épico. Casi un guion de ficción. El juez aduce que la tierra de don Manuel le pertenece por ser poseedor de una cédula real del año 1600; donde el rey dona a su tátara tía Margarita, una porción de tierras que, casualmente, abarca tierra campesina (y zona de riego) de Chaguar Punco. Y así es como la jueza Roxana Vera, atenta a las cuestiones de la nobleza, otorgó posesión de 27 hectáreas al juez, quién a su vez, ya ejercía posesión de hecho; pues al contar con el derecho a riego de toda la zona, -en tanto ya expulsó a doce familias-, solo tardó algunas horas en cancelar el derecho a riego de la familia Ardiles.
El juez Pedro Juri hizo lo propio en octubre de 2020. En plena pandemia, en vigencia de extremas medidas restrictivas, ordenó el desalojo de Nancy Ardiles de su vivienda, por encontrarse dentro de las 27 hectáreas que el rey donó a la tía Margarita. Pero como no se trata de un cuento, el desalojo fue brutal y desgarrador. Miembros de infantería, policía y peones de López Alsogaray destrozaron a mazazos la vivienda en presencia de niños y ancianos.
Al día de hoy, la Subsecretaría de Niñez no se hizo presente para cumplir con su función. Tampoco la Secretaría de DDHH ni la Dirección de Género. A ninguna institución le preocupa fundamentar su existencia ante el campesino, ni siquiera la renombrada Secretaría de Agricultura Familiar. La justicia santiagueña sentenció el desalojo de una familia que, como los árboles que rodean su vivienda, cuentan con más de un siglo de existencia en el lugar.
Nosotros queremos vivir de lo nuestro, no queremos depender de nadie: los Ardiles hoy
Agricultores y crianceros, el monte y sus pasturas era el alimento de sus animales. Relata doña María Luisa: “En un año, ya vendimos los pocos animalitos que nos quedaban. Sin monte, no les podíamos dar de comer. Tampoco pudimos sembrar porque López Alsogaray no nos devuelve el derecho a riego. Mi esposo está muy grande. Solo nos queda ir a amontonarnos a la ciudad a morir de hambre. Vivimos de nuestra producción y de la venta de nuestros animalitos. Con eso nos arreglábamos para pagar los impuestos de la tierra y el riego. Somos campesinos y éramos felices con nuestra vida.
«El año pasado López Alsogaray nos cortó el riego en plena pandemia. Cosechamos el último algodón y no pudimos sembrar más”. El viernes 2 de octubre de 2020, en plena vigencia del artículo 205 del decreto que declara la emergencia sanitaria, el juez Pedro Juri ordena el desalojo. Cuarenta miembros del cuerpo de infantería de la provincia, sumado al personal policial de la seccional Chaguar Punco, Forres, se movilizaron hacia la vivienda de Nancy Ardiles. Todo estaba acordado. Y para que sea más traumático y humillante aún, el oficial de justicia concede a los peones de López Alsogaray, la tarea de arrojar las pertenencias de la familia a la calle y de destrozar su vivienda. En las imágenes que circularon, se ve al abogado de la familia Ardiles, Dr. Juan Parra, impugnando el accionar de la justicia en una frase que sintetiza la causa: “No le falten el respeto a la gente. No se crean dueños del pueblo”.
Aquí un título de propiedad que la Justicia ha obviado: estado de la causa
Dice el abogado de la familia: “En primera instancia, por una justicia absolutamente corrupta, sin ningún tipo de traslado, directamente se los desapodera de 23 de las 30 hectáreas que la familia Ardiles tenía con escritura pública. Aún así, se los ha desposeído ilegalmente, sin siquiera haberles notificado de alguna demanda o algún interés jurídico sobre el bien; cosa que debió haber ocurrido antes de tomar esa medida y desapoderarlos directamente”. Afirma el Dr. Parra, “lamentablemente para la familia Ardiles, el actor es el Presidente del Superior Tribunal de justicia de Santiago del Estero.
Luego del desapoderamiento, continuamos litigando, pero no lo hemos podido dejar sin efecto. Perdimos el juicio en primera instancia. Apelamos. Y la apelación, como se trata de la justicia santiagueña, también la perdimos. Ahora, se encuentra en Casación”. Continúa diciendo, “paralelamente, realizamos una presentación con Nancy Ardiles, también poseedora del inmueble y damnificada (foto), debido a que nunca había sido notificada ni había tenido participación en el expediente. Hemos hecho una presentación manifestando el interés jurídico en la resolución del conflicto. Como era de esperarse, el juez en primera instancia nos desechó la presentación.
Planteamos un recurso de revocatoria, el cual es rechazado. Planteamos un recurso de apelación que también es rechazado, nos vamos en queja a la Cámara, y la queja en la cámara es aceptada. Nos hacen lugar a la queja, ordenando se sustancie el recurso de apelación ante la Cámara. Se sustanció el recurso y hemos obtenido, como era de esperar, un fallo adverso. No obstante, surge algo muy interesante: el fallo en sí, sostiene la inaplicabilidad de cualquier resolución en contra de nuestra defendida, al no haber sido parte en la causa principal, en tanto jamás fue notificada de la demanda”, afirma Parra.
El final de la vida rural está en juego: depende de nosotros
En el campo que vio nacer cuatro generaciones en la familia Ardiles, las ausencias se hacen cada vez más notables. A pasado un año del despojo, y aún no llegan los apoyos de las Secretarias ni Subsecretarias, Direcciones ni Ministerios; Derechos Humanos ni Género. Tampoco algún comunicado o adhesión de las múltiples oficinas de la Agricultura Familiar.
Mientras estos silencios aturden, a pocos kilómetros de Chaguar Punco, se repiten a rabiar consignas agroecológicas, sustentables y sostenibles; pues los movimientos sociales que se disputan la representatividad campesina e indígena se multiplican.
Cabe destacar también, que ya ha pasado más de un año de aquél pedido desesperado de la familia Ardiles al gobernador Zamora. La usurpación de tierras en la provincia nos viene desgarrando. Pero hoy, más que nunca, representa la mayor amenaza a la continuidad de la vida rural y la dignidad de familias enteras. Como hicieron los peones con los árboles añejos, quieren arrancarlos de raíz, tal vez para borrar los rastros de una historia que es la de miles, que es la de todos nosotros.
Comencemos a reconstruir los lazos comunitarios de nuestros abuelos, apoyemos a una familia que lucha en soledad. No solo está en juego un pedazo de tierra, el futuro de nuestros hijos también. Acompañemos la resistencia de una familia rural que no renuncia a sus derechos, a su memoria, ni a su autonomía.
Apoyos y adhesiones: endefensadelavidarural@gmail.com
* Por Marisa Figueroa para Anred
