Causa Taym: apelan resolución del juez Lasso que da por prescripta la causa
Por Redacción La tinta
El juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso, volvió a dictaminar la semana pasada la prescripción de la causa penal por la contaminación con residuos peligrosos provocada por la empresa de Roggio, Taym.
Vale recordar que, el 28 de marzo de 2017, caudalosas precipitaciones provocaron el derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la firma Taym, arrastrando material altamente tóxico, contaminando suelos, napas de agua subterránea, aguas superficiales y la planta potabilizadora que abastece de agua al 30% de Córdoba capital.
El juez Lasso reconoce las responsabilidades de los imputados César Ripsky (gerente de la planta) y María del Milagro Aráoz Ferrer (jefa técnica) en el desastre ambiental generado, pero dictó su sobreseimiento por considerar que los plazos procesales para elevar la causa a juicio están vencidos.
«La resolución del juez Lasso es un flagrante acto de corrupción que devela la subordinación del Poder Judicial al poder económico y sus connivencias con el poder político. Es la crónica de una sentencia anunciada. En Córdoba, no hay justicia. ¿En Córdoba, gobierna Roggio? ¿Dónde quedaron sus promesas, Sr. Schiaretti?», criticaron desde la Asamblea Santa María sin Basura.
En este contexto, el abogado Juan Smith, representante de los querellantes, presentó este lunes una nueva apelación contra la resolución del juez de control.
Desde la Asamblea, remarcan que resulta «tremendamente contradictoria» la resolución del magistrado, que propone el sobreseimiento, mientras en simultáneo describe la gravedad de los hechos ocurridos: los tóxicos derramados, la enorme extensión de territorio afectado, el ingreso de agua contaminada en el canal Los Molinos-Córdoba y en la propia planta potabilizadora que abastece de agua a más de medio millón de cordobeses.
El escrito del juez describe, además, las graves violaciones a los protocolos de seguridad y leyes regulatorias que se producían sistemáticamente en la Planta.
«Por todo esto, resulta inusitado que pretenda clausurar el proceso mediante un tecnicismo infundado, dar por vencidos los plazos procesales y señalar que hay una falta de voluntad persecutoria del Estado (…) Otra cuestión, nada menor, es que el juez no hace ninguna referencia a la situación mundial de pandemia, que paralizó por completo las actividades judiciales durante el 2020. ¿Cómo es posible que no se suspendieran los plazos cuando la actividad judicial estuvo paralizada?», agregaron desde el colectivo.
Y concluyeron: «Es un flagrante acto de impunidad que evidencia la falta de independencia del Poder Judicial, su servilismo a los poderes económicos y políticos en desmedro de los derechos de la ciudadanía. La gravedad de los hechos y las responsabilidades están probadas. Por eso, los y las querellantes vamos a recurrir a todas las instancias necesarias hasta que se haga justicia».
* Por Redacción La tinta
