Por Redacción La tinta
El fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, imputó este martes al policía Juan Cano por los delitos de homicidio culposo, agravado y calificado, por la muerte de Agustín Barrios y de Lautaro Guzmán, quienes murieron el 19 de junio de 2020 tras una persecución en moto, en Colonia Caroya.
A un año y tres meses del hecho, y tras un largo periodo de secreto de sumario que impidió que las familias vean el expediente, la lucha constante logró que el efectivo de la Policía de Córdoba sea imputado por haber protagonizado la persecución imprudente y fuera de protocolo, que provocó que los jóvenes de 20 y 23 años impactaran con un automóvil particular y perdieran la vida en el acto.
Como ya nos tiene acostumbradxs, la Policía intentó, en una primera instancia, justificar el accionar del efectivo, aduciendo que Agustín y Lautaro habían cruzado un semáforo en rojo tras cometer un ilícito. El propio comisario local dio a conocer luego versiones contradictorias, que sostenían que se trataba de jóvenes que habían esquivado un control policial, que circulaban en un vehículo robado y que tenían frondosos antecedentes. Ninguna de esas afirmaciones era cierta.
“La Policía persiguió y hostigó a los chicos, y los llevó a que perdieran la vida. Siempre dijeron que había sido un accidente y nosotros sabíamos que no. Hoy lo vemos reflejado en la imputación del policía. Con las pericias, sabemos que los chicos no tenían ni alcohol ni drogas encima, ni venían de robar, como se dijo”, sostuvo a este medio Gimena, tía de Agustín.
Lo mismo declaró Rosa, hermana de Lautaro: “Tantas cosas se dijeron… que tenían antecedentes, que venían drogados. Y todas las pruebas que tiene el fiscal demuestran lo contrario. El mayor alivio de las familias es ver que se está limpiando el nombre de los chicos“.
El acompañamiento de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y la Comisión Provincial contra la Violencia Institucional fue trascendental para sostener al entorno de Nano y Agus, y exigir el esclarecimiento del caso.
Al respecto, Rosa indicó a La tinta: “Dijeron que los chicos venían de robar, que la moto era robada, que evadieron un control, un montón de cosas. Con el tiempo, al conocer otros casos y relacionarnos con otras familias que pasaron lo mismo, nos dimos cuenta que es la forma en la que opera la Policía ante este tipo de casos. Lo primero que salen a decir es que los chicos son delincuentes, cosa que no era así”.
“Nos sentimos muy acompañados: la mamá de Blas Correas, de Joaquín Paredes, de Lucas Funes, de Franco Amaya, de Yamil, entre otras. Tener contacto con otras madres y darte cuenta que estas cosas pasan, sin importar color ni religión ni nada. Que le puede pasar a cualquiera”, agregó Gimena.
Rosa destacó que se trata de gente que lamentablemente tuvo que pasar por la misma situación, pero que “termina cumpliendo el rol que no cumple el Estado, que es el de apoyar a la víctima en su pedido de justicia”.
Los vehículos policiales como armas
El Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL) remarca que el crimen contra Nano y Agus guarda relación con lo ocurrido a Yamil Malizzia, de 17 años, en 2018, cuando varios patrulleros lo persiguieron en Río Tercero hasta que este chocó contra un vehículo quedando sin vida.
“En ambos casos, queda demostrada la utilización de los vehículos policiales como armas contra los jóvenes. Lo que vuelve a dejar en evidencia que lo letal es la Policía”, sostuvieron desde la organización.
* Por Redacción La tinta / Imagen de tapa: Fernando Bordón para La tinta.
