“Después de 15 años de megaminería, estamos sin agua”
Un nuevo ciclo de luchas contra el extractivismo minero se desarrolla en el país. ¿Qué sucede con los proyectos mineros de San Juan en plena crisis hídrica? ¿Es posible un modelo alternativo? El sociólogo José Seoane conecta estas experiencias con otras movilizaciones en Argentina y la integrante de la asamblea Salvemos Huachi, Eliana Laredo, cuenta cómo se hace para resistir.
Por Mariel Fontanet Peres para ANCCOM
“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi. «Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015, nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque, en septiembre de ese mismo año, ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.
Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.
“Con Salvemos Huachi, vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia, hacíamos actividades en la plaza; todos los domingos, pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea, pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental, se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años, distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.
Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por, al menos, 10 años–, se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro, tres veces más grande, llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar-, usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y, para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.
“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Rioja que reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.
Sin diálogo
Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto, ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado, ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, solo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.
Salvemos Huachi lleva ese nombre porque, en el año 2018, quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río, ya están resignados que está muerto, pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle, el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos, pero no es fácil el acceso y, cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.
Hoy, están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia, aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto, ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.
“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas, pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.
“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles, pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escasa. Qué casualidad que, después de 15 años de megaminería, nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.
¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi, cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado, pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería, ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle, y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.
A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables, pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.
En defensa «de»
El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4 un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él, escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.
Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?
—¿Por qué, teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero, los gobiernos continúan avalándolo?
—Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas, particularmente de los Estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas, el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo, en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.
—¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que solo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?
—Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso, las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya han habido experiencias de este tipo o han habido grandes movilizaciones rechazando la minería, como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e, incluso, en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.
—¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?
—Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002, se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí, se generalizan estas experiencias, incluso, se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos, y, en ese sentido, reaparece este ciclo de las resistencias.
—¿Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?
—Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo, en Chubut, la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no solo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente, sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.
—¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?
—Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos, hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo, los relacionados con la economía popular. Particularmente, aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso, en algunos casos, se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socioambiental.
—¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?
—Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos, pero también en otras partes. Las últimas semanas, circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.
—¿Luchar sirve?
—Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado, me parece que, en la actualidad, hay una mayor conciencia social general en las provincias, pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.
*Por Mariel Fontanet Peres para ANCCOM / Imagen de portada: Télam.
