Las patentes como barrera al acceso a la salud
¿Cómo intervienen las patentes en la investigación en salud? ¿Es posible gestionarlas para el bien común? ¿Cómo afectan en la distribución y el acceso a las nuevas tecnologías médicas? Investigadores y activistas buscan responder a estas preguntas con una mirada desde los países en desarrollo.
¿Cómo intervienen las patentes en la investigación en salud? ¿Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema de propiedad intelectual vigente? ¿Qué alternativas podrían tenerse en cuenta para favorecer un mejor acceso a la salud? Esas fueron algunas de las preguntas que convocaron a quienes participaron de la mesa inaugural de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (SIDI), organizada por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (EEyN/UNSAM), que se está desarrollando desde el lunes 6 de septiembre de manera virtual.
“Si bien el debate sobre patentes en salud lleva años, cobró más notoriedad el año pasado con la campaña #liberen las patentes. Por eso, pensamos el panel con la idea de reflexionar desde la investigación y en qué medida las patentes funcionan como incentivo o entorpecen. Y, desde la gestión, sobre cómo pensar en organizar estas innovaciones para el bien común. También desde la mirada de las personas directamente afectadas por los precios monopólicos que implican la patentes”, afirmó la investigadora del CONICET y del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT), Valeria Arza, que moderó el debate.
“Desde nuestro lugar, es casi imposible trabajar para poder hacer algo en una pandemia siguiendo esas reglas”, dijo la investigadora Juliana Cassataro, que dirige el grupo de investigación sobre Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM, y que desde que empezó esta crisis sanitaria, se ha abocado a desarrollar una vacuna contra la COVID-19. “Podríamos haber usado cosas mejoradas o mejorar otras que ya estaban patentadas, pero decidimos no hacerlo, para evitar la posibilidad de infringir alguna patente. Hubo un montón de elecciones, de cosas mejores que no hicimos, porque después se podría frenar la venta en la Argentina. Y nos enfocamos solo en el país, porque rastrear lo de afuera es directamente imposible”, agregó y destacó que, por más que se liberen las patentes, es necesario que en la región también haya capacidades tecnológicas avanzadas para poder desarrollar esos productos.
Al respecto, José María Di Bello, que integra la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM), coincidió en la necesidad de contar con capacidades para llevar adelante esos desarrollos, pero recordó que algunos países de la región, como la Argentina, Brasil y Colombia, históricamente han tenido muchas capacidades, pero “fue justamente el advenimiento del sistema de patentes lo que ha ido en contra de eso: sabemos que en Colombia, hasta hace 30 años, había capacidades instaladas y plantas que funcionaban muy bien en la fabricación de vacunas, pero todo eso se fue desmantelando”, ejemplificó.
Di Bello, que en la Argentina preside la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), una organización de la sociedad civil que representa a personas que viven con VIH y trabaja en el acceso a medicamentos desde hace más de 10 años, señaló que uno de los planteos que suelen surgir al pensar en esta posibilidad es la necesidad de contar con los fondos necesarios para realizar inversiones. Sin embargo, advirtió que los países terminan pagando “muy altos precios” por medicamentos patentados, montos que podrían destinarse a otras políticas públicas.
Las patentes son títulos de propiedad intelectual que les otorgan monopolios a quienes las poseen, ya que les dan la capacidad de excluir a otros de producirlos o comercializarlos por un período mínimo de 20 años. Deben aprobarse país por país y son retroactivas, es decir, que los dueños de una patente que se apruebe en la Argentina, por ejemplo, pueden multar o sancionar a quienes la hayan infringido desde el momento en que se presentó la solicitud en el país. Y, si bien estos beneficios existen desde hace siglos para otros tipos de invenciones, su aplicación en innovaciones vinculadas con la salud es reciente. En Europa, por ejemplo, no se aplicaba antes de 1970. Luego, fueron incluidas en el acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), firmado en 1994 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y recién comenzó a implementarse en la región durante este siglo.
El acuerdo de los ADPIC incluye lo que se conoce como flexibilidades o salvaguardas de salud. Una de ellas son las oposiciones a las solicitudes de patentes que pueden presentarse analizando caso por caso en cada país, antes de que las patentes sean otorgadas. Una vez que los títulos están vigentes, es posible apelar a las denominadas licencias obligatorias, que no solo se analizan tecnología por tecnología, sino que, además, son procesos engorrosos y largos, difíciles de efectivizar, sobre todo, ante emergencias sanitarias como la actual. Por eso, en octubre del año pasado, India y Sudáfrica propusieron ante la OMC suspender patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre todo tipo de tecnologías médicas vinculadas a la COVID-19.
La propuesta se hizo notoria tras la asunción de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y su afirmación de que apoyaría esa medida para las vacunas para la COVID-19, que inmediatamente impulsó la campaña #liberenlaspatentes en todo el mundo. Hoy, esta iniciativa cuenta con el apoyo de más de cien países y trescientas organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, pero sigue sin aprobarse porque los países desarrollados se oponen a la medida. El principal argumento: que las flexibilidades son suficientes.
“En estos más de 20 años que tiene el acuerdo, claramente ha fracasado en las promesas que tenía respecto de mayor invenciones y desarrollo. Lo vemos en la desigualdad inaceptable en el acceso a la vacuna, con países que ya están pensando en terceras dosis y otros que han logrado comprar hasta siete veces de dosis por personas de su población. Mientras tanto, hay casi un continente entero, como África, adonde no llegan al 1 o 2% de la población vacunada con una única de dosis”, cuestionó Di Bello y responsabilizó de esto al sistema de propiedad intelectual que genera monopolios sobre productos que “no deberían ser tratados como mercancías”.
Una de las herramientas que más utilizan desde la fundación que preside Di Bello son las oposiciones a solicitudes de patentes. Para dimensionar los precios monopólicos que los países deben pagar, detalló que, en la Argentina, con “solamente tres productos que hemos logrado que se rechacen las patentes solicitadas, al Estado le significó un ahorro de más de 300 millones de dólares”, puntualizó Di Bello.
En paralelo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del mecanismo COVAX, e incluso también desde la OMC, se trabaja en alternativas intermedias que respeten el sistema de propiedad intelectual, pero busquen favorecer el bien común, apelando generalmente a la buena voluntad de las grandes empresas farmacéuticas. “Creo que es fundamental pensar en cómo gestionar esos derechos, porque quien tiene la patente no está necesariamente obligado a impedir que otros copien esa tecnología, sino que les da la posibilidad de hacerlo, en la medida en que eso pueda ser útil desde distintas perspectivas”, afirmó Esteban Burrone, jefe del Área de Políticas del Medicine Patent Pool (MPP), una organización sin fines de lucro basada en Ginebra, Suiza, “que trabaja de manera muy estrecha con la OMS” y se ocupa del acuerdo de licencias voluntarias para mejorar el acceso a medicamentos patentados en países de renta media y baja.
“Una de las cosas que faltó durante la COVID-19 fue hacer un uso más inteligente de la inversión pública, porque frente al pánico y la necesidad, se invirtió en muchas cosas porque necesitábamos una solución urgente, pero ¿a cambio de qué?”, preguntó Burrone y consideró que esta fue “una de las de las oportunidades perdidas”, porque hubo una fuerte inversión pública no solo en la investigación, sino también en el desarrollo clínico de productos, que es algo menos usual, porque, en general, es cubierto por el sector privado. “Pero si estamos pagando el desarrollo clínico de este producto, cómo hacemos para que esto esté accesible a todo el mundo después”, cuestionó.
Durante el debate, quedó expuesta la necesidad de seguir reflexionando sobre estas temáticas desde una perspectiva de los países del sur global, que no se ven beneficiados por el sistema global de propiedad intelectual. En diálogo con TSS, Arza sugirió buscar nuevas alternativas para fomentar las innovaciones sin limitar su acceso una vez que se logren, teniendo en cuenta que existen innovaciones muy útiles para la salud pública, como la penicilina, desde mucho tiempo antes de que existiera la posibilidad de patentar. “Lo complicado es dar marcha atrás en un sistema ya instalado, por los intereses creados. Por eso, no considero viable una salida individual al sistema, a nivel país, y creo que la COVID genera una ventana oportunidad para hacer acuerdos internacionales, sobre todo desde los países del sur, que son los menos favorecidos por el sistema de patentes”, concluyó Arza.
