Alerta por violencia machista en el Ministerio de Trabajo
Las trabajadoras de las Agencias Territoriales de Córdoba y Río Cuarto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) están en estado de alerta ante el ingreso de un trabajador acusado de violencia y acoso. Desde ATE, cuentan la situación y el proceso de organización colectivo que llevan adelante.
Por Redacción La tinta
Las trabajadoras del MTEySS de Nación, tanto organizadas en el gremio como las no afiliadas, se unieron para visibilizar la situación de vulneración de derechos de la que son objeto. Denuncian que en su dependencia no se garantiza un espacio libre de acoso y violencia laboral.
Elisa María Sotti es parte del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se desempeña como Secretaria de Actas y es Directora de Géneros y Diversidad en Córdoba. En conversación con La tinta, narró lo que sucede en las sedes cordobesas de este Ministerio, donde trabajan más de 90 personas. “La delegación de Córdoba sintió el cimbronazo a partir del 1 de agosto, cuando ingresó en calidad de aspirante a planta permanente una persona que ha tenido denuncias de acoso y violencia contra veinte compañeras y tres compañeros hombres”, relató Elisa.
Pese a la gravedad de los hechos, eligen no hacer público el nombre del victimario “porque sabemos de las vueltas de la justicia que tienen estos casos, donde terminan haciendo denuncias por falso testimonio”. Además, siendo militantes de políticas sociales y reinserción de personas, entienden que la forma de resolver la violencia no es dejando a esta persona sin trabajo, “porque creemos que el Estado tiene que garantizar mecanismos también para quienes son victimarios”, expresa.
Para entender los hechos, hay que retroceder seis años en el tiempo. En 2015, Elisa fue testigo de la violencia física de este trabajador hacia una compañera, en ese momento, encargada de recursos humanos. Como suele suceder, esto animó a que otres cuenten experiencias de acoso y violencia verbal que habían sufrido de parte de la misma persona.
“La situación movilizó a más de 23 compañeres. En ese momento, elevamos una nota a recursos humanos planteando el hecho detonante de la denuncia, firmando por el conjunto de personas que habían sido agredidas por parte de esta persona, para que a nivel central se tomen cartas en el asunto”, narra Elisa.
Ese mismo año, se abrió un acta sumarial. Por ser contratades y no planta permanente, en su convenio colectivo de trabajo no existe la figura de “sumario”, siendo una desventaja a nivel jurídico. Les implicades declararon en el área de recursos humanos, ratificando la denuncia y ampliando como testigos y como partes interesadas para que esa personas deje de trabajar en esa dependencia.
Seis meses más tarde, asumió el macrismo a la presidencia con un plan de ajuste que incluyó el despido sin causa a les trabajadores estatales. “Quienes tenían causa abierta por mal desempeño de funciones, desempeño negativo o acta sumarial fueron la primera causa para despedir”. Así fue que el agresor quedó sin trabajo, aunque la causa no estuvo relacionada al acta sumarial. “Él reclamó como despedido del macrismo, hizo la apertura del juicio para volver a ingresar. Paralelamente, en 2014 o 2015, participó de un concurso para tres vacantes, pero quedó en cuarto lugar”, narra Elisa.
El gobierno de Cambiemos trajo también el congelamiento de los concursos y la falta de regularización de las vacantes, algo que, en 2019, el nuevo gobierno decidió revertir. Así fue que se avanzó en los pases a planta permanente de trabajadores que ya habían concursado y ganado. “A fines de marzo, supimos que el compañero que estaba en el tercer lugar renunció y quedó esta persona para ingresar, por rebote, y que sería en nuestra sede”, afirma Elisa, preocupada por la carga emocional, moral y psicológica que sufren sus compañeras.
“Se hicieron dos asambleas en abril de este año con el conjunto de trabajadoras mujeres primero, porque los pactos patriarcales existen y la información corre, entonces, para preservar la integridad de las trabajadoras, dimos primero la noticia a ellas, para que podamos decidir acciones conjuntas y también personales. Salió el mandato de avanzar en las herramientas que tenemos los sindicatos, tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como ATE, para poner freno al ingreso de esta persona en la sede donde están las víctimas”, explica la gremialista.
Para las trabajadoras, hay un vacío legal principalmente en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) que no conecta antecedentes previos. “Los sumarios se abren y cierran. Cuando te vas del organismo, se resetea, solo quedan si son antecedentes abiertos. En ese caso, pueden considerarlos o no, no están obligados. La administración pública solo reconoce los antecedentes penales, es decir, si hay sentencia firme”, explica Elisa, entendiendo que se relaciona con el principio de inocencia y del debido proceso: “Pero deja desprotegidas a las mujeres que somos las principales víctimas de la violencia y el acoso en nuestro país”, agrega.
El movimiento feminista trajo también cambios en el ámbito laboral. En diciembre pasado, mediante la Ley N° 27.580, el Congreso de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Este es aplicable a nivel público y privado, en zonas rurales o urbanas, en ámbitos de economía formal e informal, alcanzando a trabajadores cualquiera sea su situación contractual, pero reconociendo a las mujeres como las más expuestas a la violencia y al acoso laboral, y en situaciones más vulnerables.
En el pliego elaborado colectivamente, solicitan al Ministerio que el agresor deje de prestar servicio en la institución y que se renueve el protocolo de atención y abordaje de violencia de géneros en la administración pública, avanzando acorde al Convenio 190 de la OIT. Además, piden una mediación competente y un proceso de reparación para las trabajadoras afectadas.
Con la visibilización de esta situación, el efecto dominó llegó a otras provincias. “Se destapan ollas que pasaban en otras sedes y no se sabía. No somos las únicas, el conjunto de las trabajadoras del Estado nacional pasan por estas situaciones y lamentablemente han tenido que resolverlas de modo individual”, afirma Elisa.
Para Elisa, esta situación es una bisagra que implica una responsabilidad sindical, “hay temas de agenda que no pueden ser invisibilizados, quienes conducimos los gremios tenemos la responsabilidad histórica de hacer ver la importancia de construir procesos en relación a la defensa de los derechos de las trabajadoras. Tenemos que estar a la altura, los sindicatos no pueden mirar para otro lado, la agenda feminista tiene que estar”, concluye.
Para apoyar a las trabajadoras, podés sumar tu firma en el siguiente enlace: https://chng.it/nGMWSgnS8s
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
