Mujeres indígenas contra el silencio y la violencia
En los pueblos murui-muinani, matsigenka, ese eja y awajún, de la Amazonía peruana, surgen y se fortalecen liderazgos de mujeres comprometidas con la educación bilingüe, la protección de las víctimas de abuso sexual y el orgullo por su identidad.
Por Geraldine Santos para OjoPúblico
Cuando éramos niñas y leíamos un libro de cuentos, encontrábamos doncellas que necesitaban ser rescatadas. Los cuentos para niñas traen hoy historias reales de mujeres que soñaron con un mundo mejor y que enfrentaron adversidades para buscar hacer el cambio. Las llamamos heroínas. En awajún, existen dos palabras con un significado similar: nuwa waimaku. En español, se traduce como “mujer visionaria”, pero su concepto es más profundo. Así se llama a las lideresas, porque son “las que han encontrado el camino” y tienen la fuerza para alcanzar lo que se proponen. Una lideresa es vista con esperanza por sus comunidades frente a la creciente violencia en la Amazonía por la expansión de las actividades ilegales. La historia de cada nuwa waimaku narra su lucha contra el despojo de su territorio y el cuidado de su familia en la Amazonía.
Este especial de OjoPúblico cuenta la gesta de cuatro lideresas de los pueblos murui-muinani, matsigenka, awajún y ese eja: Zoila Ochoa (Loreto), Gabriela Loaiza (Cusco), Ruth Racua (Madre de Dios) y Georgina Rivera (Amazonas). Pese a los desafíos que han debido superar, ellas dedican su vida para lograr la reivindicación de los derechos de la mujer indígena.
“Las lideresas son un motor importante en la promoción de derechos fundamentales, pues se enfrentan a contextos de violencia”, señala María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de Unicef. Sin embargo, el reconocimiento y la visibilización de su liderazgo son incipientes. La Defensoría del Pueblo, en su informe Situación de los derechos de las mujeres indígenas del Perú, refiere que la participación política de las mujeres indígenas de la Amazonía es apenas del 4 por ciento en las 2.703 comunidades indígenas encuestadas en el 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Asimismo, de cada diez mujeres indígenas en edad laboral, siete no tienen ingresos propios porque realizan labores que no son remuneradas, como trabajos en el hogar o en la agricultura; por lo que dependen de sus esposos. A esto, se suma el limitado acceso a la educación. Por ejemplo, el 23 por ciento de mujeres asháninkas -pueblo que tiene la mayor población indígena en la Amazonía con más de 117.955 personas- no alcanzó ningún nivel educativo. Esta falta de preparación genera en ellas desconfianza para asumir cargos de liderazgo en sus pueblos.
Otra de las grandes deficiencias es el difícil acceso a servicios de salud. Seis de cada diez comunidades no tienen centros de salud dentro de sus territorios en la selva. Esto no permite que las mujeres reciban orientación sexual y, por tanto, los índices de embarazo son altos. El promedio de hijos por mujer indígena en la Amazonía es de entre cuatro a cinco hijos. Ante estas cifras, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha señalado como uno de sus principales pilares el empoderamiento de la mujer.
“La labor de las mujeres indígenas es grande. Somos madres y líderes a la vez. Lo difícil no es la maternidad, sino los prejuicios de que no podemos”, dijo a OjoPúblico Ruth Buendía, una de las principales lideresas de la Amazonía, reconocida con el Premio Ambiental Godman 2014 por la defensa del territorio ancestral asháninka de las inversiones privadas sin consulta previa.
Identidad para resistir
Zoila Ochoa Garay es menuda, de ojos marrones claros y sonrisa contagiosa. Su voz es tan apacible que una no se imagina el poder de convicción que tiene hasta que cuenta su historia. Nació en la comunidad Centro Arenal, distrito de Punchana, provincia de Maynas, Loreto, en marzo de 1966. Su nombre, como ella aclara siempre, no es propio de su pueblo murui-muinani o huitoto, como es más conocido. Sus padres y ella perdieron sus apellidos indígenas durante la época de la explotación del caucho. “Nosotros tenemos el apellido de los patrones. La familia que esclavizaba le ponía el nombre a los indígenas. Nos quisieron quitar todo: nuestra cultura, costumbres e idioma”, dice.
Cuando tenía siete años, su madre falleció y fue criada por Teodoro, su padre, sin aprender su lengua materna ni de las tradiciones de su pueblo, pese a ser una de los 1.889 huitotos que viven en Loreto. Los líderes de su comunidad temían que castigaran cruelmente a los más jóvenes, como sucedió con ellos.
Su vida transcurrió con normalidad hasta que, en 1985, cuando apenas tenía 19 años, fue elegida como secretaria de la junta directiva de Centro Arenal. Unos meses después, dio a luz al primero de sus ocho hijos. Pese al prejuicio de que “una madre no puede ser líder”, ella prosiguió con su labor. “La pasión que tengo de ser lideresa me nace del corazón, de la necesidad de mi pueblo”, afirma.
Los problemas llegaron con el nuevo milenio. En el año 2000, colonos provenientes de la sierra invadieron las tierras ancestrales de la comunidad. Además, denunciaron a la junta directiva de Centro Arenal ante el Ministerio Público, arguyendo que los indígenas habían perdido su cultura y pedían anular el título del territorio para apoderarse de él con argucias legales. Fue entonces cuando, a sus 23 años, Zoila decidió que ella y las nuevas generaciones debían aprender la lengua indígena murui-muinani para preservar su territorio.
“Fue el momento más duro”, recuerda. Su tío Manuel Garay Sánchez era el único que sabía hablar la lengua. Dictaba clases a los indígenas y, a la vez, luchaba por su vida. En dos oportunidades, fue golpeado por los invasores como advertencia para que dejara de enseñar el idioma. El juicio duró siete años, pero por falta de recursos económicos dejaron de seguir el caso.
En el 2010, ante la incertidumbre y el incremento de atentados, Zoila buscó ayuda legal para finalizar el proceso. Un día de cada semana, durante tres meses, viajó por dos horas en transporte fluvial desde su comunidad, ubicada en la orilla del río Amazonas, hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de Iquitos, para informarse sobre la situación legal de su pueblo. “La incertidumbre era grande. Había noches de desesperación. Hasta que un día, una abogada nos informó que ganamos el caso. Ese fue el día más feliz para la comunidad”, relata.
11 años después, ella sigue aprendiendo su lengua y costumbre para defender su territorio. Es reconocida por el Ejecutivo como defensora ambiental y es vocal de la directiva saliente de AIDESEP. Nada la amilana, incluso cuando la intimidación no cesa. En julio último, fue amenazada por unos colonos que deforestan el bosque de su comunidad. “No me detendré, los hijos de nuestros hijos sabrán de los huitotos para defender la tierra y la Amazonía”, asegura. Su próximo objetivo es la creación de una escuela bilingüe donde se enseñe el dialecto murui bue, el cual se usa en su comunidad.
La defensora de las nuwas
Georgina Rivera Paz tenía 16 años cuando se vio obligada a casarse. Sus días transcurrían entre la pobreza y la desesperación en la comunidad awajún de Nazareth, en la región Amazonas. Temía que sus dos hermanos menores no continuaran estudiando por falta de dinero, ante la ausencia de su padre que abandonó a su madre cuando ella tenía cinco años. Así que, pese a que no amaba a su prometido, pensó que sería una buena salida para ayudar a su familia. Pero, tras la boda, su situación no mejoró. Por el contrario, era maltratada y agredida sexualmente.
Entre los valores del pueblo awajún -el segundo demográficamente más numeroso de la Amazonía después de los ashánkinkas-, está el hecho de que el hombre es el líder de la casa y las mujeres no tienen mayor participación.
Con el paso de los años, la violencia contra la mujer se ha incrementado en el territorio indígena por la explotación de la minería ilegal, presente en la zona desde el 2009, según un estudio de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC). “Ahora las niñas no pueden salir solas porque pueden ser violadas”, advierte.
A la edad de 25 años, cuando ya era mamá de dos niños, Rivera Paz es invitada por una federación de mujeres violentadas para participar en unos talleres. Aprendió a hablar en público y a defender sus derechos. En un momento, pensó que debía detenerse, pues su esposo la agredía constantemente bajo el pretexto de que “no podía salir sola de casa”.
Pero decidió continuar y convertirse en la defensora de las nuwas (mujeres indígenas awajún). Uno de sus primeros retos fue enfrentar a su esposo. En el año 2000, fue invitada a dar una charla contra la violencia hacia la mujer en la comunidad Yamayakat, en Imaza, Bagua -colindante a su territorio-. Luego de la jornada, recuerda, que su esposo llegó borracho y la golpeó delante de las otras mujeres.
“Tuve que levantarme y superar la humillación. He peleado bastante para ser lideresa”, dice. Pese a que Georgina denunció ante los líderes de su comunidad la violencia que su esposo ejercía sobre ella, jamás fue escuchada ni protegida. Según la justicia indígena, el hombre que agrede a una mujer debe retirarse de casa por un periodo máximo de tres meses en casos graves, pero luego debe regresar. No hay una reparación real para la víctima: no recibe acompañamiento psicológico ni se denuncia estos casos a nivel judicial.
La lideresa decidió soportar su matrimonio hasta asegurar la independencia de sus hijos, quienes tienen 27 y 23 años. Actualmente, a sus 47 años, ha iniciado el proceso de divorcio de su esposo. “Todo este tiempo estuve con él por mis hijos, por su educación. Ahora seré separada y mi ejemplo lo llevaré a mis hermanas”, afirma. Su principal objetivo es trabajar para que las comunidades awajún puedan modificar sus estatutos y considerar en ellos los derechos de la mujer. “Es un trabajo a largo plazo, poco a poco lo estamos consiguiendo”, anota.
El pueblo awajún, en la actualidad, busca la consolidación de su gobierno autónomo con una población de más de 70.000 personas, quienes viven en 488 comunidades en las regiones Amazonas, San Martín, Loreto, Cajamarca y Ucayali. Entre los pilares para su nuevo gobierno, está la participación de la mujer en la vida política, la defensa del territorio de las actividades ilegales, salud y educación intercultural.
A la fecha, Georgina realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas. Su labor es informar de estos casos a la Defensa Pública y, en ocasiones especiales, hace de traductora entre la víctima y las autoridades. Además, es reconocida por el Consejo Indígena Amazónico del Perú (CIAP).
Enfrentar al miedo
Gabriela Loaiza Seri nació en la ciudad de Cusco, en 1994. Su madre es indígena matsigenka y su padre cusqueño. A la edad de seis años, se mudó a la comunidad Koribeni, donde aprendió de las costumbres de este pueblo ubicado en el sureste de la cuenca amazónica de Perú, en los departamentos de Cusco y Madre de Dios, y con una población estimada de 18.933, según el Ministerio de Cultura.
Cuando Gabriela tenía 15 años, fue víctima de una violación sexual. Quedó embarazada y decidió tener a su hijo. Hoy, ella y su niño aprenden el idioma matsigenka y las tradiciones del pueblo. “Esos días fueron tormentosos”, señala. Con el apoyo de sus padres, estudió en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que estaba a dos horas de su comunidad, en la ciudad de Quillabamba. Se graduó y llevó un diplomado en pueblos indígenas y la agenda 2030 en el contexto de la pandemia por la COVID-19 del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe.
En 2020, Gabriela asumió el liderazgo de Koribeni, la comunidad más grande del pueblo matsigenka, en medio de la pandemia y una crisis de corrupción comunal. Desde entonces, impulsa el proyecto “Rescatando nuestra riqueza cultural”, para consolidar en una base de datos el saber indígena sobre las plantas medicinales y motivar a que las indígenas aprendan a hacer trabajos de bisutería usando semillas como el huayruro.
Para cumplir este propósito, la lideresa ganó una beca para mujeres que defienden la Amazonía del proyecto Nuestros Futuros Bosques – Amazonía Verde, de la fundación Conservación Internacional. “La Amazonía es fuente de vida, las mujeres tenemos una conexión especial, porque nos encargamos de la casa y aprovechamos sus recursos para cuidar a nuestros hijos”, dice.
Gabriela es soltera, pero tiene voz y voto en la asamblea de su comunidad, algo que no sucede con otras mujeres porque, cuando una mujer se casa, es el esposo quien es el titular de su voto ante la comunidad. “Trabajo para cambiar esto. La mujer ha sido vista como un objeto sexual. Hoy, buscamos que tenga vida política y decida sobre su territorio”, asegura.
Apostar por la educación
Ruth Vanessa Racua Troncoso tiene 29 años e integra la directiva de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la principal organización indígena en esta región que tiene a su cargo 37 comunidades de los pueblos harakbut, matsigenka, yine, amahuaca, shipibo, kichwa runa y ese eja. Precisamente, ella pertenece a este último pueblo, que tiene 953 habitantes, según estima el Ministerio de Cultura.
Nació en la comunidad Infierno, una de las más conocidas en Madre de Dios por sus rituales de ayahuasca, ubicada en el distrito y provincia de Tambopata. Cuando tenía ocho meses de nacida, su madre la dejó al cuidado de sus abuelos Catalina Valdivia y Jaime Tromposo. Ellos le enseñaron la lengua ese eja y el uso de las plantas medicinales.
A los 14 años, Ruth fue madre por primera vez. Aún estaba en el colegio cuando dio a luz y fue abandonada por el padre de su hija. Pese a las múltiples responsabilidades de ser madre soltera a temprana edad, la indígena esa eja no se dio por vencida y no dejó de estudiar.
Dos años después de tener a su primer bebé, fue a continuar sus estudios a la ciudad de Puerto Maldonado. Con el apoyo de su comunidad y FENAMAD, que le brindaban 300 soles mensuales y alojamiento, logró formarse como guía de turismo en el instituto superior tecnológico público Jorge Basadre Grohmann. “Había días donde no comía por falta de dinero, pero sabía que no podía renunciar, mi comunidad esperaba lo mejor de mí”, cuenta.
Al concluir su carrera, Ruth regresó a su comunidad y fue elegida como joven líder por FENAMAD. Desde esa fecha, trabaja en formar a las futuras lideresas y a los comunicadores indígenas de esta federación. “Actualmente, trabajamos con 15 mujeres que están aprendiendo sobre la organización indígena y la importancia de la defensa del territorio y la Amazonía”, explica. Su objetivo es formar a una lideresa que, por primera vez, asuma la presidencia de AIDESEP, la principal organización indígena del Perú.
*Por Geraldine Santos para Ojo Público / Ilustración de portada: Claudia Calderón
