Salud Mental, presupuesto y políticas segregadoras: informe global de la OMS
Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos
El 10 de junio pasado, salió publicada una nota en el diario británico The Telegraph, con el título: “Reclusión, restricción y coacción: el abuso es ‘demasiado común’ en los servicios de salud mental en todo el mundo”, y el subtítulo “La mayor parte de la atención psiquiátrica se brinda en hospitales y los medicamentos se recetan con demasiada facilidad, dice la OMS”. El reporte refiere a un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud que advierte sobre las principales violaciones de derechos en el campo de la salud mental, en todo el mundo y, en particular, sobre las deficiencias presupuestarias en el rubro de salud mental, con un destino acorde a los estándares de derechos humanos y de atención integral, inclusiva y comunitaria. Sobre esta cuestión, en el ámbito local, también se ha dedicado el investigador local Iván Ase en un reciente trabajo que actualiza sus análisis sobre el presupuesto provincial en los últimos años. Relacionando con las conclusiones de Ase, en esta nota, resaltamos algunos puntos centrales de la publicación del organismo internacional, que en líneas generales demuestra que es global (tanto en países ricos como en los de bajos ingresos) lo que nosotres llamamos la disputa de paradigmas en el campo de la salud mental: entre un modelo hegemónico que sostiene el sistema de segregación, internación y atención farmacológica, y el que impulsa un sistema incluido en el sistema general de salud, que potencia el primer nivel de atención en los territorios y que articula con políticas económicas, sociales y de acceso igualitario a derechos.
Internaciones compulsivas y tratamientos forzosos; restricción manual, física y química; abuso físico, verbal, psicológico y sexual; y condiciones de vida insalubres, son algunas de las vulneraciones más generalizadas. “A nivel mundial, la mayor parte de la atención de salud mental se sigue brindando en hospitales psiquiátricos”, considera el artículo publicado por The Telegraph, citando al informe, que advierte, además, que no hay diferencias considerables entre países de altos ingresos y los de bajos ingresos cuando se trata de sostener un sistema de atención a la salud mental contrario a los derechos humanos.
Sobre el actual contexto, el artículo reproduce el comentario de la doctora Michelle Funk, consultada por el diario: «La pandemia ha sacado a la luz los efectos dañinos de las instituciones» y la «marginación» de los usuarios de salud mental. Funk es parte del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias en la OMS.
El informe pone de relieve cómo la mayoría de los países pasan por alto las causas de la angustia (violencia, discriminación, pobreza, inseguridad laboral, viviendas precarias y falta de servicios de salud) y, en cambio, prescriben en exceso medicamentos, a menudo la única forma de tratamiento.
La doctora Funk también agregó que “demasiado a menudo los tratamientos enfocan en los diagnósticos y la reducción de síntomas, en lugar de adoptar un enfoque más amplio y holístico, que incluye terapias de conversación y apoyos entre pares, así como vínculos con la educación, la generación de ingresos, la vivienda y los sistemas de protección social…».
Respecto a las erogaciones que realizan los Estados, es conocida la recomendación de que se debe destinar un 10 % del presupuesto general de salud para salud mental, pero las estimaciones de la OMS muestran un panorama preocupante: “Alrededor del mundo, los gobiernos gastan menos del 2 % del presupuesto de salud, en el rubro salud mental”. En diversos informes realizados desde el Observatorio y por diversos equipos de investigación, hemos destacado durante los últimos años las deficiencias presupuestarias en salud y salud mental en la provincia, y en particular sobre salud mental. En una reciente nota publicada en La tinta, el médico e investigador Ivan Ase destaca que, a partir del 2015, el Gobierno de la Provincia de Córdoba recortó progresivamente el presupuesto destinado a salud (general): de un 10,32 % en 2015 al 8,68 % en el 2019. En el 2020, ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, el presupuesto destinado a salud se elevó al 10,51 % del presupuesto total de la provincia. Esta evolución de ajuste durante 4 años y recuperación desde la irrupción de la pandemia también se evidenció en los cargos en recursos humanos destinados al sector salud. Esta evolución demostraría que “los recursos extraordinarios asignados para enfrentar la pandemia no implicarían más que la recuperación de los porcentajes habituales para el sector post-descentralización”. Sin embargo, “la recuperación de estos recursos financieros y humanos se ha hecho de manera concentrada sobre aquellas áreas o rubros directamente involucrados en la lucha contra la pandemia, mientras que los otros sectores se mantenían casi paralizados y soportando restricciones presupuestarias muy significativas”. El informe reproducido en La tinta es contundente: «Se podría decir que el ‘Gasto COVID-19’ se financió en parte con el enorme ajuste sufrido por el ‘Gasto No COVID-19’”.
Volviendo a lo específico de salud mental, los números relevados por Ase evidencian la gravedad de la situación: desde el 2015, nunca ha dejado de bajar. En ese año, fue del 6,96 % del total de salud; en el 2019, fue del 6,03 % y, en el 2020 de la emergencia sanitaria, se redujo al 4,85 % de la Finalidad Salud. Y podemos agregar, una vez más, que el presupuesto destinado a este rubro (que actualmente no llega a la mitad recomendada internacionalmente), en lugar de destinarse para la transformación del sistema, tal como lo exigen las leyes nacional y provincial de salud mental (con la apertura de dispositivos sustitutivos, la consolidación de equipos interdisciplinarios, el fortalecimiento en el primer nivel de atención, la conversión de los hospitales neuropsiquiátricos) se destina para sostener el actual modelo asilar y segregador, y tercerizar servicios a empresas privadas.
En esta línea también apunta el informe de la OMS: “Mientras el aumento presupuestario a salud mental es necesario, esto sólo no alcanzaría (…) con la mayoría de las erogaciones destinadas a los hospitales psiquiátricos”. El reporte también reclama políticas que promuevan el cuidado de la salud mental en servicios basados en la comunidad, enfocados en la recuperación y la vida independiente con apoyos; lo que incluye, también, acompañamiento para el acceso a la educación, el trabajo, etc. Además, el informe recupera algunos casos de buenas prácticas y afirma que la “comparación de costos indica que este tipo de servicios pueden ser provistos con iguales o menores costos que los que requieren los servicios convencionales”. La nota concluye con un comentario de la Dra. Funk: “Es tiempo de incrementar la inversión en salud mental y asegurar que estos fondos vayan a servicios integrales de salud mental, centrados en las personas, y respetuosos de sus derechos humanos”.
*Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos / Imagen de portada: Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
Enlaces
—Publicación OMS: Guía sobre servicios de salud mental comunitaria: promoviendo enfoques centrados en la persona y basados en los derechos humanos (reseña periodística en español aquí, resumen del informe en español, informe completo en inglés aquí)
—«Presupuesto de salud de Córdoba y pandemia: ¿inversión extraordinaria o recuperación de lo perdido?» Por Ivan Ase, para La Tinta
—“Reclusión, restricción y coacción: el abuso es ‘demasiado común’ en los servicios de salud mental en todo el mundo” En The Telegraph (artículo en inglés)
