Justicia por Vicky Núñez: su familia pidió ayuda frente a un ataque de pánico y ella murió asfixiada
Victoria Núñez, una joven trans de 27 años, falleció en circunstancias que involucran a la Policía de Entre Ríos. Su familia denuncia el accionar de funcionarios policiales después de que llamaran al 911 para pedir asistencia porque la joven estaba atravesando un ataque de pánico. Desde el lunes, los medios tradicionales argentinos cubren el caso del cantante Chano Charpentier, internado en terapia intensiva luego de que un policía le disparara, pero no es una situación aislada: la historia de Vicky evidencia el déficit en la implementación de los protocolos de actuación frente a situaciones donde quienes deben actuar son los equipos interdisciplinarios de salud.
Por Sandra Miguez para LATFEM
A Victoria Núñez, agentes de la policía de Entre Ríos la redujeron, la esposaron y, cuando la llevaban al Hospital, falleció en circunstancias que están siendo investigadas. Fue el miércoles 21 de julio después de que su familia llamara a la policía porque ella estaba atravesando un ataque de pánico. Marcela, la madre de Vicky, cuenta que se trató de un despliegue desproporcionado. Había policías armados por todos lados. Ella pidió que la dejaran, que le sacaran las esposas, que la reanimaran y su pedido desesperado no fue atendido en ningún momento.
“Vicky estaba en un ataque de pánico, tenía miedo y necesitaba ayuda”, dice a LatFem Marcela respecto de la situación que generó el llamado que movilizó a la policía de Entre Ríos. Los policías entraron en la casa de calle Newbery y Garrigó, donde Vicky vivía con Jorge, su pareja, la intentaron reducir y se produjo tal forcejeo que terminó la propia madre de Victoria en el suelo. “Yo también caí, vi cómo ella intentó salir para el patio y ahí la apretaron contra el suelo, ella que era tan delgadita, la apretaban, estaba con miedo, le tenía mucho miedo a la policía y ahí la esposaron”, cuenta Marcela y agrega que, cuando se acercó, vio que Victoria estaba mal, que casi no respiraba. “Les pedí a los policías que la dejaran, les dije que ella no era una delincuente, pero me dijeron que ahí ya tenían que intervenir ellos, que yo no podía hacer más nada, que la dejara”.
La policía les pidió los documentos de Victoria y, en ese transcurso que ella fue a buscar la documentación, vio que Vicky no respiraba: “Les pido que la suelten, no encontraban las llaves de las esposas, no la podían dar vuelta para reanimarla, la toqué y no tenía palpitaciones, la policía me decía que no la tocara, hasta que su pareja consigue hacerle reanimación boca a boca”. Marcela sigue: “Allí seguimos esperando la ambulancia que no llegaba, nos cargaron luego, pero no había oxígeno ni para hacerle reanimación, no había nada”.
La investigación sobre las circunstancias en que murió Victoria y las responsabilidades que les caben a los policías que intervinieron está a cargo de la Fiscalía de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, de Entre Ríos.
El lunes 26, familiares y organizaciones locales convocaron a una marcha en Paraná que se replicó en distintos puntos del país. El pedido de justicia de la comunidad fue por Vicky y también otras travestis y personas trans asesinadas: Vicky, Nicky, Lucía La Loba. El documento que leyeron en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno y Tribunales, fue directo al poder político e interpeló con nombres y apellidos. Habló de funcionarios que se enarbolan “con las banderas de las disidencias, pero cuando una trava, una trans muere, no están”.
Además de exigir “basta de violencia policial”, reclamaron punto por punto por “verdad y justicia por los travesticidios y cada una de nuestras muertas. Basta de crímenes de odio y basta de travesticidios y transfemicidios”, por la aplicación de las políticas de cupo laboral travesti-trans, por acceso a la salud, por educación sexual integral, y nombraron al contexto de pandemia como un hecho que ha vuelto más profunda la crisis.
“El dolor no nos paralizará. Nos encontramos en un día de intensificación de lucha, denuncias, demandas, reclamos y reivindicaciones por la igualdad de los derechos para cada una de nuestras cuerpas, por cada una que pisa no solo esta ciudad, sino la provincia entera. Porque hacemos responsable al Estado y a los gobiernos, sin distinciones, de la vida a la que nos condenaron y nos condenan”, decía el documento.
El caso devela la trama estructural de la discriminación y la vulneración de derechos de la comunidad travesti-trans, pero también la falta de formación ante los problemas de salud mental, el déficit en la implementación de los protocolos de actuación frente a situaciones donde quienes deben actuar son los equipos interdisciplinarios de salud.
Garantizar la salud mental es garantizar el acceso a la salud
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado sobre la necesidad de seguir trabajando en la plena implementación de la Ley de Salud Mental y sobre las responsabilidades del Estado “en generar los recursos y brindar las herramientas para ofrecer abordajes en salud con un enfoque de derechos humanos y salud comunitaria, que dé las respuestas que necesitan las personas con padecimiento mental y sus familiares”. Esto, a partir del rol de las policías en el desenlace de dos situaciones de crisis: la de Vicky Núñez y la de Chano Moreno Carpentier.
“Es un contrasentido que un procedimiento establecido en la legislación para resguardar los derechos de las personas con padecimiento mental y de sus familiares, culmine con las personas a quienes se debe cuidar herida de bala, como en el caso de Chano Moreno Charpentier, o asfixiada, como en el caso de Vicky Núñez”, expresa el documento del CELS.
En este sentido, es preciso señalar que, bajo el paraguas de la Ley de Salud Mental, sancionada ya hace más de 10 años, el Estado debe garantizar también la atención en todos los niveles sin desconocer las situaciones de crisis, de emergencia o urgencia, y brindar un abordaje que considere todos los derechos de la persona, de manera integral.
“Es importante señalar que la demarcación de las crisis por los diagnósticos psiquiátricos refuerza el estigma sobre las personas. Refleja el paradigma de la peligrosidad que recae en personas con padecimiento mental y no da cuenta de la diversidad de conflictos a los que las personas se enfrentan”, un estigma que se repite y reproduce en intervenciones policiales donde integrantes de la fuerza no cuentan con las capacitaciones necesarias para llevarlas a cabo.
La ley establece que la intervención en momentos críticos debe ser un procedimiento a cargo de personal de salud, que puede solicitar la ayuda de las fuerzas de seguridad, pero que estos funcionarios o funcionarias deben estar debidamente capacitados para garantizar los derechos de las personas con padecimientos de salud mental y también cuidar a quienes intervienen.
El caso de Vicky, como el de Chano, demuestran que es necesario profundizar en la plena implementación de la Ley de Salud Mental para brindar la asistencia oportuna y pertinente a personas con padecimiento mental y sus familiares, y evitar situaciones y muertes que duelen.
*Por Sandra Miguez para LATFEM / Imagen de portada: Solange Avena.
