Familiares de víctimas de violencia institucional alzan la voz
En el marco del primer aniversario del asesinato de José Ávila, de Córdoba, y Brandon Romero, de Mar del Plata, la Comisión de Familiares contra la violencia institucional – Córdoba realizó una conferencia de prensa frente al Palacio de Justicia en la ciudad capital. Madres, padres, familiares y amigues de pibes muertos por balas policiales denunciaron el accionar y la desidia policial y judicial.
Por Redacción La tinta
“Se nos revuelve el estómago cada vez que debemos salir a la calle en busca de algo que el Poder Judicial debiera garantizar sin necesidades de protesta, marchas y escraches. Para nosotres, es verdaderamente repulsivo tener que afrontar semejante nivel de impunidad, desidia, negligencia y complicidad ante los más aberrantes crímenes cometidos por parte de quienes tienen el deber de brindarnos seguridad, alivio, tranquilidad y confianza”. Con estas palabras, comenzó la conferencia de prensa en la mañana del lunes 5 de julio.
Los casos de gatillo fácil, asesinatos y torturas en comisarías y cárceles, y los llamados femicidas de uniformes son parte del paisaje cordobés, que se proyecta a lo largo y ancho del país, profundizado en contexto de pandemia, cuando los gobiernos hacen uso de las fuerzas de seguridad para aplicar las medidas sanitarias. Según el Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), tras el fin de la última dictadura cívico-militar-eclesial, se registraron 435 muertes en manos de las fuerzas represivas en Córdoba y, durante el 2020, más de 22 personas fueron asesinadas en la provincia.
Para les familiares, se trata de un plan de control poblacional que “se lleva puestos principalmente a los más vulnerables”. De frente al Palacio de Justicia, les familiares manifiestan: “Estamos aquí no por decisión propia, sino porque nos pusieron de manera brutal ustedes (la justicia), porque ninguna madre o padre aceptaría el asesinato de su hijo sin levantar a voz como ustedes pretenden, porque sabemos que el silencio y el miedo juegan a favor de sus delitos, porque sabemos que molesta nuestra presencia e incomodan nuestras palabras”.
Entienden que la violencia institucional y la represión estatal son políticas de Estado y, por eso, señalan que el cese de la matanza es una cuestión de Estado. “Venimos a dar la cara para denunciar abierta y públicamente que la policía de todos los gobiernos cordobeses y la de Schiaretti mató a nuestros hijos ante una justicia que simula no entender la culpabilidad de las fuerzas policiales que asesinaron a nuestros hijos sin motivo, sin excusa y sin otra coartada que no sea la bestialidad”.
El primero en hablar es Luis Ávila, padre de José Antonio Ávila, asesinado el 4 de julio del 2020 por los policías Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, de la División Motocicletas de la Comisaría 18 del barrio Villa El Libertador. Esa madrugada, un vecino escuchó el disparo y los gritos, y lo encontró ya casi sin vida en una vivienda, con un balazo en el estómago.
Desde la Policía de Córdoba, rápidamente expresaron que se había tratado de un caso de violencia urbana “entre conocidos”. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que el disparo salió del arma reglamentaria del cabo Navarro, quien fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. Juárez recibió la misma imputación, pero luego se cambió la carátula por encubrimiento agravado e incumplimiento en los deberes de funcionario público, porque no informó el hecho a la Comisaría ni llamó a los servicios de emergencia para intentar salvarle la vida a José.
La esposa de José reclama que los dos policías tengan el mismo cargo: “Ningún animal se merece lo que le hicieron a mi marido. Ningún ser humano merece pasar lo que nosotros estamos pasando”.
El día 19 de junio, Lautaro “Nano” Guzmán, de 23 años, y Agustín Barrios, de 20 años, fueron perseguidos por una moto de la policía de Córdoba. El hecho, ocurrido en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, en la intersección de las calles Avenida San Martín y Calle 10, culminó con la muerte de ambos chicos.
Gisela Lescano, tía de Agustín, y Rosa Guzmán, hermana de “Nano”, relataron que todavía no saben cuál fue el motivo que inició la persecución a los jóvenes. “El caso está bajo secreto de sumario, el fiscal Guillermo Monti de Tribunales de Jesús María y el abogado Carlos Nayi nos repiten eso todos los meses”, explica Gisela.
“La moto era de su propiedad, con los papeles en orden y tenían cascos. El policía nunca informó la persecución por radio, tampoco sabemos si se identificó, si tenía sirenas y luces”, señala Rosa. “Esa noche, nadie supo decirnos qué pasó, pero estaban todos los altos jefes de la Departamental Colón. Ha pasado un año y nadie nos dice nada. Las pericias que no llegan, las dudas que crecen y el dolor de no tener respuesta ni consuelo”.
Romina Laciar es la tía de Valentín Blas Correa, joven de 17 años asesinado el 6 de agosto de 2020 por la policía de Córdoba. Iba en auto junto a cuatro amigues, habían salido a cenar y, de regreso, se cruzaron con un control policial que les habría dado la señal para que se detuvieran. Les jóvenes siguieron su recorrido y los policías comenzaron a disparar. Blas iba sentado en la parte trasera del auto cuando una de las numerosas balas de arma reglamentaria lo hirió de muerte.
La causa se acaba de elevar a juicio con 17 imputados, entre ellos, el ex comisario de la Policía de Córdoba, Gonzalo Cumplido. “No vamos a parar hasta que se haga justicia, son muchos los imputados, pero estamos convencidas de que la responsabilidad es toda del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la policía de la provincia de Córdoba”, expresa Romina.
El 14 de diciembre de 2012, Lucas Funes, de 24 años, murió por las balas de la policía cordobesa en el barrio Monte Grande de Río Tercero. “Mi hijo salió a las 9 de la mañana de mi casa y me enteré que a las 10 de la mañana me lo mataron en una persecución que hubo a cinco cuadras”, cuenta en Conferencia de Prensa Mónica Sosa, la mamá de Lucas. “Hace 9 años que estoy con este dolor y en esta lucha. No voy a parar hasta que se pague. Basta de que nos maten a nuestros hijos”, reclamó.
Su hermano, Sergio Funes, explicó que el cuerpo de Lucas tenía más de 24 impactos de balas de goma y que los policías “tomaron la decisión de ejecutarlo con un disparo en la cabeza”. Por el caso, no hay imputados.
“Soy el papá de Yamil, 16 años, asesinado en la fantástica ciudad de Río Tercero. Son un circo, policías, fiscales, una payasada todo lo que hacen con los casos, no solo con el de Yamil”, comienza Claudio Malizzia. La noche del 7 de noviembre del 2018, Yamil Alexis Malizzia salió de su casa en moto a ver un partido de fútbol. Al terminar, fue perseguido por móviles policiales mientras iba en su motocicleta. Chocó, cayó al suelo y, unos días después, murió.
“Los fiscales nos quieren hacer creer que no saben cómo actúa la policía, los recursos que tiene la policía a la hora de tapar sus crímenes”, señala con bronca. “No estoy enterado de que exista una ley de que puedan matar como si nada y salir caminando tranquilos y libres por las calles, y después seguir matando”.
“No tengo acceso del expediente, intentaron perder los registros fílmicos, no me dieron a conocer el nombre de los implicados, quien debía investigar estaba implicado en el asesinato de Lucas Funes. El imputado Luciano Carnero fue sobreseído y tuvo a su cargo investigar al presunto homicida de Yamil, quien durante el presente año fue ascendido a comisario. Lo mismo pasó con Carnero, quien se desempeña actualmente en la Infantería”, relató señalando las tramas de complicidades y premios hacia dentro de las fuerzas.
En horas de la madrugada del 25 de octubre de 2020, la Policía de la Provincia de Córdoba abrió fuego contra un grupo de jóvenes que estaban reunidos en la calle en la ciudad de Paso Viejo, en el departamento de Cruz del Eje. Joaquín Paredes, de 15 años, fue asesinado por la espalda.
La Cámara de Villa Dolores tomó la decisión de liberar bajo fianza a tres de los policías imputados, argumentando que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “Solo uno está acusado de homicidio y los otros cuatro de abuso de autoridad. No es abuso de autoridad, queremos que los cinco paguen porque todos dispararon ese día, ninguno paró la balacera”, dijo Soledad, mamá de Joaquín. “Quiero que ellos vuelvan a la cárcel, no quiero que anden así mientras nosotros llevamos flores y prendemos velas en los cementerios”, expresó.
“Venimos a decir que la policía prejuzga, enjuicia y mata antes del veredicto, antes del juicio, antes de las denuncias, antes de la comisión del delito. Matan por placer, por saña, por diversión, por inoperancia, por locura, por incapacidad y por encargo. La policía mata y, luego, escribe lo que mejor le conviene para tapar sus crímenes y librarse de culpas. Mata y ensucia la escena, planta armas, amenazan a testigos, corrompen medios, médicos y familiares, y todo lo que pueden interferir”, expresaron.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.
