Por Redacción La tinta
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Vía Campesina) denunció que el fundador de la empresa de gaseosas Manaos, Orlando Canido, irrumpió con topadoras, armas y patotas en un territorio de la comunidad indígena Yacu Kachi del pueblo originario Guaycuru, en Bajo Hondo, a unos 80 km al sudeste de Quimili.
Son once las familias guaycurúes que aún resisten el desalojo en Bajo Hondo. Rodeados de los campos del empresario de Manaos, conservan en un territorio comunitario el único monte que existe en la zona y que les permite criar sus vacas, cabras, chanchos y gallinas.
Según un comunicado compartido en redes sociales este fin de semana, Canido, junto a una decena de personas armadas, ingresó al territorio comunitario el sábado por la madrugada, haciendo disparos con armas de fuego sobre los hogares de los integrantes de la comunidad. “El ingreso se produjo de noche junto con una topadora que destruyó un alambrado comunitario. Por la mañana, la Policía de Santiago del Estero fue a testificar la situación y la banda armada continuó con los disparos y se negaron a identificarse”, lamentaron desde el Mocase.
El pasado 12 de junio, Canido ya se había presentado en la comunidad junto a medio centenar de efectivos de infantería de la Policía de Santiago del Estero, con el único propósito de expulsar a las familias de sus tierras. El operativo fue ordenado por la jueza Rosa Falco, a pesar de que hay leyes nacionales vigentes que suspenden la “ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. El desalojo fue frenado gracias a la resistencia popular y la intervención de Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Ese día, al irse la policía, el grupo de matones de Canido derribó alambrados y reiteró sus promesas de venganza, promesas que se cumplieron lamentablemente este sábado.
Canido tiene, desde 2003, una innumerable cantidad de denuncias en su contra por portación de armas, asociación ilícita, envenenamiento de pozos de agua, daños y agresiones, usurpación de campos y desmonte ilegal. Sin embargo, continúa expandiendo sus territorios en la zona, con la connivencia del poder político, judicial y policial.
“Jueza Rosa Falco, suspenda el desalojo. Todos los organismos nacionales de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación le piden la suspensión por clara violación de la Ley 26.160 y al derecho constitucional que protege las Comunidades Indígenas”, sostienen desde Mocase.
La propia titular del INAI, Magdalena Odarda, volvió a pronunciarse sobre este conflicto y pidió el cese de estas prácticas ilegales y que se investiguen las denuncias de la comunidad.
“Basta de bandas armadas en nuestros territorios comunitarios. No al desalojo de la comunidad indígena Yacu Kachi”, concluyeron desde la organización campesina santiagueña.
* Por Redacción La tinta
