El Gobierno Provincial persigue a trabajadorxs de la salud en medio del colapso
Desde la Multisectorial de Salud, en el día de ayer, emitieron un comunicado donde reiteran que “la dramática situación sanitaria que atraviesa nuestra provincia es la crónica de un colapso anunciado”. Con claridad, datos y conocimiento, afirman que estamos ante “el peor desastre sanitario de nuestra historia reciente, producto de decisiones arbitrarias, irresponsables y anticientíficas”. Además, se profundiza el hostigamiento sindical a trabajadorxs de diferentes establecimientos.
Por Redacción La tinta
Crece la preocupación entre lxs trabajadorxs de la salud nucleadxs en la Multisectorial de la Salud -Médicos Unidos, ATE, Foros de Especialidades Médicas, Colegios Médicos de Punilla, Médicos de Córdoba Asociación Civil, Unión de Trabajadores de la Salud, AMOC, Asociación Gremial Hospital Córdoba-. La situación sanitaria no mejora, el sistema de salud sigue colapsado y sus trabajadorxs, luego de un año de pandemia, están en estado de agotamiento físico, emocional y mental. Y en condiciones de precarización laboral y empobrecimiento. Ahora también se suman nuevos casos de hostigamiento y persecución por parte del gobierno provincial.
La semana inició con el informe de 88 fallecimientos a causa de COVID-19, cifra que supera la de días anteriores. Desde el Ministerio de Salud, expresaron que “se trata de un retraso en la carga de datos”. Desde que comenzó la pandemia, parece que nos acostumbramos a ver y escuchar datos, cifras, porcentajes diariamente. Los datos son dolorosos. Junio pasó a ser el mes con mayor cantidad de personas fallecidas por COVID-19: 583 personas murieron en el territorio cordobés. Según fuentes oficiales, en lo que va de este año, fallecieron 1.972 y el acumulado de muertes en nuestra provincia a causa del COVID-19 desde que comenzó la pandemia llega a 4.483. Seguimos con restricciones de Fase 1 y con índices que no mejoran desde que se reglamentaron las mismas. ¿Se cumplen o no las medidas? ¿Qué pasará luego del 21 de junio? ¿Qué proyecciones se avisaron para el mes más frío del calendario?
La ocupación de camas en las Unidades de Terapias Intensivas alcanzó el 87,9 % el domingo pasado. Para las autoridades ministeriales, el porcentaje de ocupación ha sido uno de los elementos desde los cuales definen o no medidas más restrictivas. A la foto completa nos la dan quienes trabajan en salud, que denuncian la gestión de la política pública provincial de salud en este contexto.
“El Ministerio abandona a su suerte a los Equipos de Salud y continúa improvisando, tomando decisiones erróneas y ocultando información”, expresaron en el comunicado con fecha del 15 de junio desde la Multisectorial de Salud. “La muestra más palpable del fracaso e improvisación es el denominado Código Rojo anunciado en estos días, reconociendo la incapacidad de nuestro sistema sanitario de seguir admitiendo pacientes, los cuales serán “asistidos” en sus domicilios, situación altamente precaria que, sin dudas, se traducirá en más fallecidos”.
Solicitaron, además, “que el Gobierno realice dosaje de anticuerpos para conocer el grado de inmunidad de los equipos de salud vacunados y que se cumpla integralmente la Ley Silvio que aboga por nuestro cuidado”. La adhesión a dicha Ley Nacional N° 30.555 se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Córdoba. La misma lleva el nombre en homenaje a Silvio Cufré, quien, siendo enfermero en la provincia de Buenos Aires, fue la primera víctima en los equipos de salud del país. Esta normativa prevé una serie de protocolos de diagnóstico continuo y sistemático, acciones de coordinación y articulación entre los diferentes niveles jurisdiccionales, impulsa procedimientos de cuidado y acompañamiento, capacitaciones en el uso adecuado de los elementos de protección, entre otras medidas para “preservar la vida y la salud del personal del sistema sanitario, trabajadores y voluntarios, durante la emergencia del COVID-19”.
Otro de los puntos contemplados en dicho comunicado es el reclamo hacia las autoridades ministeriales que no les están escuchando, no hay una mesa de discusión y trabajo de abordaje intersectorial sobre la gestión de la salud pública. Así como «siguen sin atender los reclamos salariales y de estabilidad laboral, sin dar respuestas rápidas y efectivas a las familias de trabajadores fallecidos”, expresaron.
Y como si todo lo expresado hasta aquí fuera poco, se profundiza la persecución y hostigamiento contra quienes hacen públicas sus críticas al sistema de salud. Verónica Reyes es bioquímica del Hospital Domingo Funes, ubicado en Santa María de Punilla, e integra la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) -gremio base de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) en Córdoba. En una entrevista con un medio local, Reyes detalló algunas de las escenas del colapso del nosocomio donde trabaja, confirmando la muerte de al menos tres pacientes tras no poder ser derivados en tiempo y forma. “Existe un colapso y la capacidad operativa llegó al límite. Lo que antes era la guardia polivalente, ahora se transformó en una terapia un poco improvisada de COVID. De siete camas que están ocupadas, seis tienen respiradores hoy”, detalló.
Desde Fesprosa, comunicaron que “la trabajadora recibió una intimidación amenazante por parte del gobierno de Schiaretti a raíz de sus declaraciones públicas sobre el desborde asistencial al que se ve sometido su Hospital, al igual que buena parte del sistema sanitario cordobés. Estas amenazas son parte del menú represivo del gobierno provincial que, en el mismo establecimiento, ha trasladado y cesanteado trabajadorxs con fueros sindicales por efectuar similares denuncias sobre condiciones de trabajo, como el caso de Ariel Gómez, secretario adjunto de CTA Córdoba; la lista de dirigentes perseguidxs y sancionadxs es larga: Marcelo Lamon, Carlos Altamirano, Estela Giménez, Valentina Noroña, entre otrxs”.
Según afirmaron desde la UTS, instan a la bioquímica a rectificar las declaraciones que realizó sobre la crítica situación del hospital, bajo amenaza sancionatoria. “Venimos señalando hace 15 meses las graves deficiencias de falta de personal e infraestructura que desde antes afectaba al sistema de salud y se agrava en el marco de una emergencia sanitaria como la actual. Vamos a realizar todas las acciones gremiales y judiciales para que el gobierno cese en esta actitud persecutoria”, manifestaron en un comunicado desde la UTS.
A la estructura de precarización laboral y condiciones de informalidad de contratación en el sistema de salud provincial, se le suma ahora la persecución a la actividad sindical. La salud pública parece no ser prioridad.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La Jornada.
