La burocracia del mal absoluto
«Costó mucho leer el plan de exterminio desde el lugar en que fue concebido, que es la Inteligencia», asegura la fiscal Gabriela Sosti en esta entrevista. Y se adentra en el juicio Contraofensiva, que juzga exclusivamente a militares de esa estructura. «Estamos hablando de tipos de escritorio muy bien formados, jerárquicos, y que fueron los responsables de definir a quiénes secuestrar y la ‘disposición final’ de los detenidos». La crítica a la falta de investigación sistemática de la burocracia del mal por parte de la Justicia.
Por Valeria Parente para Nuestras Voces
La memoria y la historia también se construyen desde la justicia. Ese es el camino que eligió la fiscal Gabriela Sosti. Después de casi dos años de audiencias, está por finalizar el juicio denominado Contraofensiva Montonera II. Los acusados pertenecen exclusivamente a distintas áreas de la estructura de «Inteligencia». Son juzgados por el secuestro y desaparición de 94 militantes montoneros durante los años 1979 y 1980, y la sentencia está prevista para junio.
En esta entrevista, la fiscal Sosti analiza los alcances del juicio y reflexiona sobre lo difícil y sinuoso que fue llegar a esta instancia. “Estamos juzgando a una mínima parte de la estructura de Inteligencia. Sin dudas, es muy importante lograr una sentencia condenatoria, pero tenemos el enorme desafío de avanzar en una estructura que nunca hasta ahora fue investigada como corresponde”, señala.
Los acusados son seis y sus cargos describen esa burocracia del mal construida por el gobierno militar: Jorge Apa, jefe de la División de Inteligencia “Subversiva Terrorista”, de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército; Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano y Eduardo Ascheri, integrantes de la Sección Operaciones Especiales (S.O.E.) de Campo de Mayo; y Marcelo Cinto Courteaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento 201.
El mapa del plan de exterminio
Sosti fue fiscal en juicios de lesa humanidad centrales, como en el del circuito represivo “Atlético-Banco-Olimpo” (ABO), en 2009, y ABO bis, tres años después. También en el proceso en el que se condenó al ex agente de inteligencia Héctor Pedro Vergez. Por estos días, además del juicio Contraofensiva II, interviene en el juicio oral del tramo de la Megacausa de Campo de Mayo, conocida como “Mercedes Benz”.
—Los acusados pertenecen exclusivamente a la estructura de Inteligencia. ¿Qué singularidad plantea esto?
—Después de la reapertura de los juicios, el relato de la tortura era lo que primaba, entonces tenía más prensa el Turco Julián o Astiz, que dentro del universo de la represión eran un pedregullo más y costó mucho leer el plan de exterminio desde el lugar en que fue concebido que es la Inteligencia. En muchos juicios, hubo personal de Inteligencia juzgado. El problema es que siempre se acotó la labor de cada uno al funcionamiento de ese centro clandestino en particular de forma desagregada. La virtud de este juicio es que están representadas las distintas estructuras icónicas de Inteligencia. Por un lado, tenés la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, que es el primus inter pares de todas las especialidades del Ejército y que diseñó y planificó el plan de exterminio. Por debajo de la Jefatura II, tenemos al Batallón 601, que estuvo a cargo del diseño operativo y que tuvo imperio en todo el país con una libertad absoluta para atravesar fronteras y llevar y traer gente secuestrada. También tenemos las áreas de Contrainteligencia y de Acción Psicológica, y dos tipos que integraron la patota por antonomasia de Campo de Mayo que era la Sección de Operaciones Especiales, que salían y dirigían los operativos, eran los que estaban más cerca de la acción. Y el aporte fundamental es el propio registro institucional, a partir de las directivas, los reglamentos y, sobre todo, los documentos producidos por ellos mismos.
—Durante el alegato, dijiste que se juzga a «la burocracia del mal absoluto».
—Eso es lo más perturbador y siniestro de esta causa. Puede haber un acusado más cerca de la acción, más operativo, pero estamos hablando de tipos de escritorio muy bien formados que ocuparon lugares jerárquicos y que son los responsables de definir a quiénes secuestrar y lo que nosotros llamamos la disposición final de cada uno de los detenidos. Esa es otra diferencia fundamental con otros juicios, porque el eje no está puesto en un centro clandestino en particular. Es decir, los secuestros y asesinatos ocurrieron en distintos lugares, dentro y fuera del país y, por supuesto, Campo de Mayo tiene una centralidad absoluta. Pero lo importante acá es el trabajo minucioso y aceitado que hicieron las distintas áreas de Inteligencia, que fue lo que posibilitó la perfecta maquinaria para aniquilar a los que consideraban enemigos. Sin Inteligencia, la matanza no hubiera sido posible. Y para eso necesitás una estructura gigantesca que procesa información, define objetivos, planifica la cacería, que es lo que sucedió con los compañeros y compañeras de la Contraofensiva. Este juicio permite cristalizar eso. Sabían a quiénes buscaban, sabían que no venían a hacer acciones armadas y sabían que tenían que matarlos para impedir cualquier tipo de resistencia a la dictadura. Todo eso está escrito. En el alegato, la prueba acusatoria por cada asesinato o desaparición está respaldada por su respectivo informe de inteligencia.
—¿Qué características tienen los documentos como prueba?
—Estamos hablando de una burocracia demencial. Vos pensá que en el Ejército no se escupe en una baldosa si alguien no registra en cual baldosa se escupió. Y en este juicio abundan esos informes. Son informes socioambientales con un nivel de detalle pasmoso, con un estilo de escritura casi barroco. Está detallado con quién se reunían, el itinerario previo a la captura, todo. Fijate que sin celular ni ningún dispositivo sofisticado construyeron una comunidad informativa que circulaba por todo el país en simultáneo. En esta causa, por ejemplo, presentamos copias de Inteligencia que encontraron, azarosamente, en la Prefectura de Bahía Blanca. Son informes que están con nombre y apellido, los interrogatorios, las descripciones físicas. Lo lees y dicen “por información obtenida en o por…”. Y sabemos que la información obtenida es siempre bajo tormento porque la Inteligencia se nutre de la tortura que, como dicen los reglamentos, debe llegar al límite para extraer la máxima información posible. Y esto lo quiero subrayar para aventar cualquier tipo de infamia que se dice contra los militantes que dieron su vida en la Contraofensiva. Ese es otro aporte del juicio, porque viene a desmitificar este capítulo de la historia. Pudimos reconstruir sus vidas, la militancia. En ese sentido, el juicio tuvo perlas impresionantes. Pudimos escuchar la voz del padre Adur y la voz de Jorgito Benítez, que tenía 16 años cuando lo secuestraron, y fue muy fuerte. Recuerdo que quedamos todos impactados. Fue un momento sagrado, porque se hizo presente el desaparecido y eso tiene un valor incalculable.
—Fuiste muy crítica por los pocos avances en las investigaciones judiciales en relación a la Inteligencia.
—Desde hace muchos años que vengo insistiendo que parte de la morosidad de las causas se debe a que la Justicia no estudió la Inteligencia. Recuerdo en el juicio de ABO, que tuvimos la paradoja espantosa de Carlos Alberto Martínez, que cuando le toma declaración Rafecas dice muy tranquilo que fue el jefe de la Jefatura II de Inteligencia. Y habló detalladamente sobre la Central de Reunión de Información (CRI), reconoció que fue creada en 1975 y que estaba integrada en el Batallón 601 con delegados de las distintas Fuerzas Armadas y que los interrogatorios eran la materia prima. Explicó todo con pelos y señales, y después se fue a su casa. Tardamos dos años en lograr que se le imputen todos los casos del Primer Cuerpo de Ejército, pero a los dos meses murió y se cayó la causa. Ahora mismo se está juzgando a Carlos Españadero por Puente 12. Españadero es otro integrante de la estructura de Inteligencia y obviamente estuvo en Campo de Mayo porque se dedicaba al ERP, y donde iba el ERP estaba Españadero. Quiero decir, no hay un criterio que apunte directamente a la estructura de Inteligencia. Tomemos el caso de la Compañía de Actividades Psicológicas, tenemos a Dambrosi entre los acusados, pero nadie se pregunta quiénes trabajan para él. Imaginemos ahora todo el volumen burocrático y de agentes que tuvo el batallón 601, más todos los otros sistemas de Inteligencia de todas las otras Fuerzas. La verdad, no conozco ninguna jueza, ningún juez de instrucción o fiscal que esté detrás de eso.
—¿Por qué?
—Más allá de la inoperancia, de la burocracia que hay en las investigaciones, que demoran años en elevar a juicio las causas, lo concreto es que no hay cooperación entre juzgados. No se virtualiza ni se colectiviza la información. Nunca nadie armó en la Procuraduría un sistema de digitalización de todos los archivos disponibles. Digitalicemos todos los legajos, armemos un equipo de trabajo que aporte a los fiscales que están en Instrucción y a los que están en juicio este material. Hablo del Poder Judicial, pero también de los distintos espacios del Estado que trabajan con este universo, que es único. Quiero decir, la gran ventaja que tenemos quienes nos ocupamos de estos juicios es que la represión sucedió en un momento determinado. Hay muchos documentos que analizar. Nadie se sienta y lee los documentos y dice esto puede servir para los crímenes de la Triple A o para la instrucción del Primer Cuerpo de Ejército. En ese sentido, estoy muy enojada porque el tiempo es valiosísimo, la información es mucha y hay que saber cómo aprovecharla, porque la verdad se están muriendo muchos y no vamos a poder condenar a todos los responsables. Y no me refiero solo al área de Inteligencia. Esto lo ves, por ejemplo, en la Causa Campo de Mayo, que fue el centro clandestino más importante del país y el Juzgado de Instrucción de San Martín sigue elevando tramitos a juicio oral. Después de tantos años, se podría tener un criterio unificado que permita dar una respuesta de lo que significó Campo de Mayo dentro del plan de exterminio.
*Por Valeria Parente para Nuestras Voces / Imagen de portada: Natalia Berades.
