Notas incompletas sobre la Audiencia Pública por la Autovía en Punilla
Por Mercedes Sturla para La tinta
La información es, también, la producción de relatos siempre situados, siempre intencionados. La circulación de miradas alternativas a la de medios hegemónicos forma parte de un camino lento y necesario para equilibrar la trama de relaciones desiguales.
Como oyente de la Audiencia Pública, cuando una docente afirmó que ante la consulta todos sus estudiantes en Punilla desconocían el proyecto de la Autovía, me sentí convocada porque lo mismo encontré del otro lado de las sierra, en las aulas de Río Ceballos.
Es que al ruidoso silencio se suman los relatos de consumo rápido: durante el programa televisivo de Canal 12, el “Lagarto Show”, se mencionó el tema. En sólo 2.45 minutos, dijeron que hay fondos para la obra, que va a estar buenísimo, que agiliza y ofrece más seguridad en el viaje, que se escuchó a los que rechazaron el proyecto anterior, que se anotaron ecologistas y ambientalistas para hablar, 600 oradores, lo cual lleva muchas horas y es una barbaridad porque es “una obra maravillosa”, además de reclamar que Calamuchita también necesita ese tipo de obras (que, de hecho, están proyectadas).
2.45 minutos.
Estas incompletas notas van a requerir algo más de tu tiempo.
Se presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del segundo tramo de los tres que conformarían la autovía que apunta a lograr un tránsito rápido y fluido entre Córdoba y La Cumbre, evitando el trazado actual de la RN38 que atraviesa las localidades del Valle de Punilla.
Durante 5 semanas y 25 jornadas, escuché a la mayoría de los 508 oradores que lograron sortear inconvenientes para ajustarse a los requisitos y contar con los recursos necesarios para exponer su opinión. Participar requirió, en muchas ocasiones, ayuda de vecinos y organizaciones para lograrlo, y fue recurrentemente engorroso por problemas de conectividad.
Muchos anotados no pudieron hacerlo.
Otros no lograron anotarse.
Muchos nos enteramos tarde.
Aún hoy numerosos actores sociales, incluyendo habitantes afectados, desconocen las implicancias de este proyecto.
El 10% de los participantes se manifestó a favor de la obra, parte de ellos, funcionarios públicos que no hicieron referencia al informe presentado (fue significativo que un intendente manifieste que “confía” en el equipo técnico que lo llevó adelante). Las escasas intervenciones de vecinos fueron en general muy breves y referidas a cuestiones acotadas: problemas de tránsito, la necesidad de llegar más rápido con ambulancias a Córdoba o de impulsar el desarrollo turístico disminuyendo tiempos de viaje, entre las más nombradas.
Un par de excepciones la constituyeron quienes señalaron que se mejorarían las posibilidades laborales de los jóvenes por el “desarrollo” que implicaría para la zona o destacaron que toda obra existente tuvo un impacto, pero permite en la actualidad disfrutar sus beneficios.
Dichas atendibles consideraciones no incluyeron referencias a la relación razonable entre esos reales inconvenientes y necesidades, y el costo e impacto de esta mega obra, proporcionalidad que debe enmarcarse en el contexto de los actuales problemas y desafíos evidenciados en la abundante legislación orientada a evitar su agravamiento regulando distintos aspectos en diferentes territorios.
El restante 90% de los oradores, unas 450 personas, se manifestó en contra del proyecto cuestionando, en primer lugar, la legitimidad de la audiencia virtual que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba avaló hablando de garantizar el acceso a condiciones que “posibiliten la máxima conectividad y participación, así como el acceso fácil, directo e inmediato a la información completa…”.
En este grupo, destacan numerosos esfuerzos de lectura, estudio, análisis, comunicación y disponibilidad. La calidad y diversidad de muchas alocuciones y la solidez argumentativa impide hacer un punteo eficaz de lo expresado por cada uno en sus acotados 15 minutos disponibles.
Pese a que la legisladora que preside la Comisión de Ambiente se refiriera a ellos como parte de un “ecologismo foquista antiestado de dudosa representación” (lo que sea que tal cosa signifique), el abanico de profesiones, actividades, miradas y pertenencias imposibles de enumerar aquí dejó consignadas preguntas que deberán responderse a partir del próximo jueves cuando se retome la audiencia, que puede seguirse por YouTube.
Investigadores y académicos cuestionaron metodológicamente el EsIA señalando en distintas jornadas sus debilidades, insuficiencias, contradicciones y faltantes (no se conocen las actas resultantes de reuniones y consultas que se afirma haber realizado, hay aspectos del impacto ambiental que no fueron considerados, el estudio carece de evaluación desde las Ciencias Sociales sobre una obra que afectará a cientos de habitantes en forma directa y miles de forma indirecta, no hay referencias a la proyección y planificación del desarrollo inmobiliario sobre las sierras que esto acarrearía, no hay glosario, faltan referencias, bibliografía, firmas de quienes realizaron los distintos estudios, etc.).
Sin intervención de otras instituciones, como la UNC, por ejemplo, el informe estuvo a cargo de un equipo técnico contratado por Caminos de las Sierras (empresa en la que el Estado provincial es titular del 100% de sus acciones) y fue presentado a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para su aprobación (es decir, a la agencia del Estado provincial que debe responder). De ese modo, el gobierno provincial se encuentra en ambos lados del escritorio en el que se firmaría la aprobación de un proyecto complejo, polémico y conflictivo. Sin mucho espacio para otros actores: al no ser vinculante, las opiniones vertidas en la audiencia podrían no ser consideradas.
El proyecto lleva varios años. La traza por el este fue rechazada en el 2018 por sus gruesos errores mientras en Punilla se insistía: NO POR LA MONTAÑA. Hoy se propone por el oeste y nuevamente se mencionó la profusa normativa de distinta jerarquía que se estaría violentando: ordenanzas municipales, leyes provinciales y principios de la Constitución provincial, leyes nacionales y principios de la Constitución Nacional, acuerdos internacionales y regulaciones diversas.
Hablamos de violencia porque así se vive que una intendencia niegue tener información o se aprueben modificaciones en el uso del suelo sin consultar a los Concejos Deliberantes. O la ausencia de medidas en municipios y en la provincia que aseguren el acceso a la información completa y a condiciones para poder pronunciarse al respecto. Ni hablar de la violencia que implica el incumplimiento de las normativas que establecen la obligación de consultar a las comunidades de pueblos originarios cuando son afectados sus territorios.
En personas que ven su vida atropellada sin tener voto en ello, también genera mucha tensión que ya a fines del 2020 se declararan de “utilidad pública” las propiedades que atraviesa la traza, que el gobernador expresara su intención de licitar antes de fin de este año y que, en pleno desarrollo de la audiencia, el gobierno nacional otorgue el aval para el endeudamiento que pagaremos todos los cordobeses mientras el Ministro de Ambiente visitaba la provincia sin mención a lo que sucede en Punilla: todo ello transmite que, pese a las objeciones y rechazos, la obra se realizaría de todos modos, atravesando y desmontando zonas rojas en un 30% del trazado, y amarillas en un 70%.
Aun si dejáramos de lado (y no deberíamos hacerlo) la ausencia de remediaciones en otras obras de la provincia (el tramo final del camino del Cuadrado es ambiental y económicamente escandaloso), aun si decidiéramos (y no sería buena idea) confiar en lo que se dice ignorando la evidencia que da señales contrarias, aun así…
Por su gravedad, suenan todas las alarmas frente a obras de esta envergadura que (en una provincia en la que año a año se reducen) siguen afectando los disminuidos territorios donde la trama de relaciones permite la transformación de materia y energía en servicios eco-sistémicos imprescindibles para la vida (la humana entre todas las demás): regulación del agua, del clima, del aire en su composición, humedad y efectos de los vientos, la retención de suelos, la amortiguación de ruidos, etc.
Allí muchos habitantes realizan tradicionales actividades que conforman la identidad de cada lugar a partir de los intercambios socio-culturales y económicos en sus comunidades, así como entre ellas y los visitantes. Es difícil permanecer impasible escuchando a quienes verán sus campos atravesados por una ruta que impedirá el acceso de sus animales al río, a una mujer rural (como se autodefinió) que preguntaba dónde iría con sus tres hijos y su madre postrada en una cama ortopédica, sin sus chanchos, sus gallinas, su yegua. A vecinos que cuidan y disfrutan la plaza de “la Aguadita”, a comerciantes, artesanos y trabajadores populares que viven del turismo de paso que ya no va a pasar. Varios docentes se quebraban ante la impotencia que produce ese abismo de incoherencia entre algunas políticas públicas y los años de promover acciones para que sus estudiantes conozcan, cuiden, preserven, protejan y participen construyendo miradas críticas, comprometidas, responsables e innovadoras.
Según lo informado por el equipo técnico en la presentación, con voladuras y movimientos de suelo irreversibles, con taludes y puentes en zonas de alto valor paisajístico (y por ello también turístico), la traza propuesta ingresa a reservas municipales y provinciales, atraviesa cuencas hídricas del oeste del valle y zonas de alto valor arqueológico y paleontológico. Agreguemos que según los expositores que se expropian unos 50 inmuebles rurales y urbanos (con lo que ello significa para sus moradores), afecta a quienes residen en las zonas próximas a lo largo de toda su extensión, modificará varios aspectos de la vida local. Estos impactos costarán (sólo este segundo tramo) unos 100 millones de dólares (75 gracias a financiamiento externo) si todo sale según lo presupuestado, lo que casi nunca sucede.
La mayoría afirmó una y otra vez que NO necesitan una autovía y NO quieren una “solución vial” que arrastre esa destrucción.
Pusieron en discusión las nociones de progreso y desarrollo implicadas oponiéndoles la noción del “buen vivir” que, en las sierras, es ajena a la velocidad de viaje. Repitieron con frecuencia lo que SÍ necesitan: escuelas, en particular de educación secundaria; ambulancias, hospitales y centros de salud que eviten tener que viajar a Córdoba para atender especialidades, ya que carece de sentido un corredor sanitario para llegar más rápido a una capital con sus propios accesos y servicios desbordados; agua potable de la que se carece en muchas zonas y cloacas para evitar que los cursos de aguas superficiales y subterráneas se sigan contaminando; una gestión de los residuos que permita erradicar los inaceptables basurales a cielo abierto en sus ciudades, etc.
Propusieron que los problemas de tránsito que efectivamente suelen ocasionarse, sobre todo en temporada turística,se resuelvan mejorando la ruta existente con distintos tipos de intervenciones, mejorando el transporte público, el limitado servicio ferroviario y buscando otras alternativas para el transporte de gran porte que busca una salida al Pacífico por Aguas Negras (en el marco del también polémico plan IIRSA de infraestructura para una “integración” regional de Sudamérica).
El equipo técnico que elaboró el EsIA concluyó que la obra es “técnica y ambientalmente factible en la medida que se implemente el Plan de Gestión Ambiental, se realice la capacitación de los actores intervinientes (contratistas, operarios, inspectores), se cuente con responsables ambiental, arqueólogo y paleontólogo, y se implemente una vía de comunicación eficiente y accesible para la comunidad, a los fines de fortalecer el seguimiento de medidas de mitigación y su adecuación permanente”. Muchas condiciones.
El ingeniero que presentó el proyecto señaló que hay que resolver el problema del tránsito y que no han encontrado otras posibilidades. Los ciudadanos expresaron reiteradas y diversas objeciones que imponen seguir buscando. E insisten, tozudamente, en que tales soluciones requieren que la planificación territorial sea participativa.
Si se aprobara el EsIA y se avanzara pese al mayoritario rechazo y la potencia de argumentos imposibles de reproducir aquí, es fácil imaginar escenarios más conflictivos y proliferación de expedientes judiciales, además de favorecer la erosión que corroe las relaciones entre representantes y representados.
Hace falta la adhesión a la Ley Yolanda en Córdoba porque hace décadas se vienen construyendo cambios lentos, pero sostenidos de paradigmas, miradas complejas que se alejan de dicotomías falsas que insisten en perspectivas de progreso y desarrollo ya en desuso. El contexto global refuerza la necesidad de buscar otros modos de vivir e impone la obligación de asumir compromisos asentados en otros principios que, paradójicamente, ya están contemplados en los marcos normativos. La emergencia ambiental hace absurda la idea de progreso asociada a “viajar desde Buenos Aires a La Cumbre sin atravesar ningún semáforo”.
Las buenas noticias remiten a la cantidad siempre creciente de personas que cada día suman su voluntad de comprometerse con un presente que no haga inviable el futuro.
Esa inmensidad de redes que se va tejiendo y se agranda en cada conflicto.
Chubut, Mendoza, Andalgalá, Córdoba y tantos otros lugares del territorio revelan que no se puede gobernar sin tomar en cuenta a quienes ya entendimos la vital centralidad que, en el ordenamiento de la vida social, tiene la preservación del ambiente que somos, que nos constituye, del que dependemos en el sentido más radical de esa palabra.
Es que, como dicen que dijo Chico Mendes, la ecología sin lucha social… es mera jardinería.
*Por Mercedes Sturla para La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
