Ricos y tacaños: millonarios argentinos contra el aporte solidario
La semana pasada, venció el plazo para pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario” y presentar la declaración jurada de los Bienes Personales ante AFIP, según lo exigido por la Ley 27.605, que obliga a multimillonarixs (solo 13.000 personas, con patrimonios de más de $200 millones) a realizar un aporte único. Lo recaudado por este tributo a las grandes fortunas es para conformar un fondo a usar en la pandemia del COVID-19, pero solo el 10% de lxs contribuyentes avanzó con el pago y, en el último mes y medio, se presentaron más de 100 acciones declarativas para pedir la suspensión del cobro.
Por Redacción La tinta
En diciembre, y tras una frenética campaña mediática y empresarial en su contra, finalmente, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.605, que regula un aporte solidario, extraordinario y por única vez, vinculado a los patrimonios de las personas humanas para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
En medio de la segunda ola (que no para de crecer: ayer, se confirmaron 29.145 nuevos contagios y 316 muertes), es clave recordar que lo más importante de este único aporte -que repetimos: está hace más de un año dando vueltas en la agenda mediática y política- es que lo recaudado será aplicado a las necesidades que el COVID-19 está generando sin parar: un veinte por ciento (20%) a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; otro veinte por ciento (20%) a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores y un tercer veinte por ciento (20%) destinado al programa integral de becas Progresar del Ministerio de Educación para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. Un quince por ciento (15%) se usará para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares, y el restante veinticinco por ciento (25%) será destinado a programas y proyectos de la Secretaría de Energía de la Nación para la exploración, desarrollo y producción de gas natural, “actividad que resulta de interés público nacional” , como se explicita en la Ley aprobada.
Pero nada de esto parece impactar en la mayoría de lxs multimillonarixs que deben tributar. No hay virus incurable ni pandemia infinita que ablande esos bolsillos ni esa conciencia social. En marzo, AFIP había habilitado el pago en cuotas del aporte extraordinario a las grandes fortunas y había prorrogado el vencimiento -estipulado para el 30 de marzo al 16 de abril inclusive- por dos semanas. Pero hasta el jueves pasado (es decir, un día antes de que se venciera el plazo), solamente el 10% de lxs contribuyentes había avanzado con el pago. De los esperados $30.000 millones, solo había $8.000 millones efectivamente pagados y más de 100 contribuyentes presentaron, en el último mes y medio, acciones declarativas para solicitar la suspensión del cobro.
Aunque la noticia fue el jugador xeneixe Carlos Tévez y nadie se sorprendió, por supuesto, no fue el único. Como él, otrxs ricxs argentinxs presentaron cautelares y se negaron a pagar. Un ejemplo más que emblemático es el de los accionistas del Grupo Clarín (Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y José Aranda) que, vale recordar, es un medio que recibió, solo el año pasado, casi 700 millones de pesos del Estado nacional. También lo hicieron: Cristiano Rattazzi de FIAT; Inés Bengolea, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat; la familia Pérez Companc; Saguier de La Nación; la familia Pieres, polistas de la Ellerstina; familiares de Nicolás Caputo; y muchxs otrxs forman el equipo de ricxs y famosxs que ostentan su impunidad desde hace décadas.
Mercedes Marcó del Pont, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), señaló en distintos medios que se denunciará por evasión agravada a lxs contribuyentes que no acaten la obligación del pago.
Ojalá se cumpla la advertencia. Mientras tanto, la brecha entre ricxs y pobres no deja de crecer, y la pandemia agudiza las desigualdades que al polo de multimillonarixs argentinxs no le importa mirar.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: El País.
