El vacío legal que permite la piratería pesquera en el Mar Argentino
Arrasan con el ecosistema marítimo, no dejan un peso en el país y operan con impunidad en el límite de aguas internacionales. Desde la campaña por la protección del Mar Argentino de Greenpeace, advierten sobre el impacto ambiental de la pesca ilegal y las iniciativas que la ONU tiene en carpeta.
Según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, actualmente, la zona económica exclusiva argentina cuenta con 177 buques en operación pesquera. A pocos kilómetros, según un reciente relevamiento de Greenpeace, no menos de 470 barcos (en su mayoría, chinos, españoles y coreanos) depredan lo que se conoce como Agujero Azul. Esta área localizada en la frontera de aguas internacionales y nacionales es codiciada por su abundante fauna marítima y recursos ictícolas.
En los últimos días, se volvió viral una imagen tomada por Enrique Piñeyro en la que se observa, desde el aire, la sorprendente postal que ofrece el Mar Argentino. “Lo que parece la luna es la luna y lo que parece la costa de Nueva York es la flota pesquera extranjera que depreda nuestros mares y que luego nos vende como producto importado lo que nos roban”, describió en sus redes sociales el cineasta y piloto.
Anoche volamos a 5000 pies sobre la flota pesquera extranjera que depreda nuestros mares, y provoca desastres ecológicos.
No estaban en la milla 201, estaban bien adentro de nuestras aguas territoriales. pic.twitter.com/4UdD146XxL— Enrique Piñeyro (@epineyro_ok) April 2, 2021
Esta situación se repite año a año por la falta de regulación y gobernanza que impera en las aguas internacionales. En la actualidad, no existe un mecanismo efectivo a nivel global para la protección del océano en áreas fuera de las jurisdicción nacional y, particularmente, el Atlántico Sur sufre un grave legal.
Se ha calculado que el volumen total de la pesca ilegal llega a 500.000 a 1.000.000 toneladas anuales. Sin embargo, los especialistas alertan sobre otros perjuicios que se suman a los económicos.
En esta entrevista con Canal Abierto, la coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de Greenpeace, Luisina Vueso, explica cuál es el impacto ambiental de esta explotación, por qué el Estado argentino no cuenta con herramientas de control y en qué consisten las iniciativas de la ONU para regular le depredación de nuestros océanos.
—¿Cuál es la dimensión de la pesca ilegal en el Mar Argentino?
—En el monitoreo que hicimos en marzo, identificamos a aproximadamente 470 barcos. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces estas embarcaciones apagan sus sistemas de localización satelitales, así que podrían incluso ser más.
Esta situación viene dándose de forma regular a esta altura del año -los meses de enero, febrero y marzo son los más intensos para el sector-, al menos desde hace dos décadas. De todas formas, los últimos 10 años tuvo un crecimiento exponencial producto de diferentes desarrollos tecnológicos y logísticos que permiten que los buques puedan explotar un sector durante más tiempo. Cuando vemos las imágenes de estas “ciudades flotantes”, no se trata sólo de pesqueros. Muchos son barcos reefers (frigoríficos) y tankers (petroleros) que permiten una operación y explotación más constante.
—¿Cómo afecta el ambiente?
—Se trata de una explotación muy intensiva que literalmente está destruyendo el ecosistema. El Agujero Azul es un corredor biológico fundamental y mucha de la fauna del Mar Argentino se mueve hasta allí para alimentarse, compitiendo con esta industria. La sobre pesca y explotación ininterrumpida hace que cada vez haya una menor capacidad de reproducción de estos peces o moluscos -por ejemplo, el calamar o la merluza-, inhibiendo el ciclo de desarrollo de los ejemplares juveniles (peces aún inmaduros e incapaces de reproducirse).
Al no estar sometidos a ningún tipo de legislación nacional, hay otra cuestión grave en los métodos de pesca. Por ejemplo, para la merluza y merluza negra, utilizan redes con cadenas que llegan hasta el fondo marino y arrasan con todo. Es como una topadora que no distingue lo que levanta o remueve, destruyendo todo el ecosistema.
Por otro lado, esta pesca ilegal compite directamente con la legal y regulada al interior de la zona económica exclusiva argentina. Eso genera un fuerte impacto económico para nuestro país.
—¿Esto no sucede al interior de la zona económica exclusiva argentina?
—Podemos discutir si las normas son adecuadas o no, pero el Estado argentino puede imponer reglas y los barcos las tienen que cumplir.
Del otro lado, en aguas internacionales no existe ningún tipo de regulación, lo que habilita esta explotación a la que no le importa la capacidad de reproducción de la fauna marina, no conoce temporadas de protección ni el efecto sobre el ecosistema en su conjunto.
—¿En qué otras aguas del mundo sucede lo mismo?
—En muchos lugares. Por ejemplo, en el límite de Galapagos, Ecuador, pasa lo mismo que en Argentina, pero con la gravedad de que, en este caso, la explotación está pegada a un santuario marítimo importantísimo. Hay que entender que la fauna única de Galapagos se mueve en ambas áreas, la naturaleza no conoce límites jurisdiccionales.
—¿Quién debería controlar o perseguir la pesca ilegal?
—Hay antecedentes de multas impuestas por el Estado argentino, pero sólo cuando ingresan a nuestra jurisdicción. Mientras están instalados en aguas internacionales, el Estado nacional no puede hacer mucho: no es legal ni ilegal lo que ocurre ahí, ese es el problema.
Desde hace un tiempo, Naciones Unidas viene avanzando en un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios marinos en aguas internacionales. En definitiva, sería ordenar las actividades pesqueras, mineras y petroleras en estas áreas.
Hay países que por sus intereses son más reticentes que otros a este tratado, pero hay muchos bloques regionales como el latinoamericano o el africano que están muy comprometidos. Lo mismo sucede con la Unión Europea, un dato no menor si tenemos en cuenta que España es una de las grandes potencias pesqueras en aguas internacionales. Esperamos que también influya el giro interesante que pareciera encarar Biden en relación a la cuestión ambiental y climática.
—¿Es posible avanzar en nuevas normas o herramientas desde Argentina?
—Hay un proyecto de ley que se presentó en noviembre de 2020 para crear un área marina protegida bentónica en el Agujero Azul, impedir esta pesca de arrastre y así desincentivar estos métodos que destruyen el fondo marino. ¿Por qué la Argentina tendría derecho a impulsar esta normativa? Por sus derechos reconocidos sobre los recursos del fondo marino en la plataforma extendida.
Es una herramienta muy interesante para poner un límite a esta pesca ilegal. Ahora está en manos de nuestros legisladores aprobar el proyecto.
—Imagino que la pesca ilegal no es la única actividad que amenaza nuestros mares, ¿no?
—Otro frente es la expansión de la industria petrolera, un peligro que se profundizó con la entrega de muchos permisos de exploración durante el macrismo. Estamos hablando de zonas donde la industria ya está instalada hace años, como en la zona austral (frente a Tierra del Fuego). Pero también en áreas nuevas, como en las costas de la provincia de Buenos Aires, frente a Mar del Plata. La exploración sísmica, el paso previo a la explotación, no paró ni un momento: se llevó a cabo en cuarentena y sigue hoy en día.
Un estudio reciente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) concluye que las probabilidades de que ocurra un derrame son de casi el 100%, con lo cual podríamos estar ante un desastre inminente frente a las costas bonaerenses.
Hay que aclarar que, en este tema, el Estado no sólo tiene conocimiento, sino que participa a través de YPF en sociedad con grandes petroleras internacionales.
*Por Redacción Canal Abierto / Imagen de portada: Marcelo Spotti.
