Plan de Desarrollo Humano Integral, una propuesta de país
Se trata de una propuesta quinquenal elaborada por distintos movimientos sociales y espacios sindicales para debatir el modelo de país post pandemia. Conversamos con integrantes de organizaciones cordobesas que lo impulsan.
Por Anabella Antonelli para La tinta
“No es una discusión de la izquierda,
es pensar un proyecto de país viable”.
Mercedes Ferrero. Trabajadorxs Unidxs por la Tierra.
Representantes de trabajadores y trabajadoras del sector público, privado y de la economía popular se unieron para impulsar “un nuevo contrato social que reduzca los privilegios y amplíe derechos, apostando por la reconstrucción de la Argentina bajo nuevos paradigmas”, refieren en el texto del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI). Las consecuencias sociales y económicas del neoliberalismo, agudizadas por la pandemia, “aceleraron la necesidad de una estrategia unificada que encare un proceso de reconstrucción de la Argentina bajo una nueva mirada”, explican.
La propuesta abarca la creación de millones de puestos de trabajo, la integración urbana de barrios populares con acceso al suelo y a la vivienda social, y la construcción de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos, que tiendan a repoblar el país. Además, proponen desarrollar emplazamientos industriales con nuevos esquemas de transporte multimodal y avanzar en la transición energética desarrollando formas no contaminantes de producción.
En las 42 páginas, detallan qué y cómo podría hacerse, demostrando que existen condiciones de posibilidad, aún en tiempos de crisis. Señalan que es necesaria una inversión inicial de 750.000 millones de pesos anuales, que podría autofinanciarse a través de programas ya existentes, por el retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales, una afectación específica del Impuesto a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado nacional.
“Con esta inversión inicial anual, crearíamos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”, sostienen.
Noelia Feldmann integra la rama “Construcción e infraestructura social” en el movimiento social Encuentro de Organizaciones de la ciudad de Córdoba, uno de los espacios que impulsan el PDHI. “La urgencia en este momento, con la segunda ola de COVID-19, es la necesidad de ingresos que garanticen el plato de comida arriba de la mesa”, cuenta a La tinta y agrega: “El trabajo sigue siendo un tema crucial y hay una crisis habitacional que deviene de la ausencia de servicios públicos formales en los barrios populares. Además, si sos mujer o disidencia sexual, se agudizan más las dificultades y se complejizan las estrategias para poder sobrevivir”.
Para Javier Montalvo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Plan nace “de las exigencias del pueblo trabajador, que no siente que las oportunidades laborales o el cuidado en pandemia son iguales para todas/os”. Argentina tiene un déficit habitacional récord, explica, con 5 millones de argentinos que viven en 4.600 barrios populares sin servicios básicos para la vida. “Las necesidades diarias no esperan ni se postergan, no contar con agua, electricidad, cloacas, espacios de recreación y sin oportunidades laborales hace que el sistema te precarice y excluya. Las urgencias en nuestros territorios son derechos básicos para la vida”, señala Montalvo.
“En Argentina, el 93% de los habitantes vive en ciudades. Es uno de los cuatro países con más población urbana del mundo”, escriben en el Plan. Las palabras de Mercedes Ferrero, de Trabajadorxs Unidxs por la Tierra, nos hablan de la urgencia e importancia del acceso y distribución de la tierra en el medio rural, “algo fundamental en el PDHI, donde se plantea que este país, con este sistema productivo, tiene niveles exorbitantes de concentración de la tierra. Eso es completamente insustentable, genera exclusión, desposesión y desalojo”. La democratización de la tierra es un tema urgente de debate, “que implica debatir una reforma agraria integral y popular, que no es solo acceder a la tierra, sino discutir los modelos de convivencia en los territorios, el acceso a maquinaria, la existencia de infraestructura educativa y cultural”, afirma.
“El PDHI no nace de la nada” –expresa Mercedes- “nace de experiencias existentes que están caminando hace muchos años, construidas desde abajo y como respuesta desde las poblaciones más castigadas de la Patria. Fruto de la lucha de años de los movimientos y organizaciones sociales, hay algunos pequeños, y todavía no lo suficientemente amplios, lugares del Estado donde hay compañeres llevando la voz de los movimientos populares, o bien hay personas en esos espacios que se abrieron a la escucha”.
Actualmente, existe un marco normativo favorable a la propuesta, como las leyes de Salario social (Ley 27.345), Agricultura familiar (Ley 27.118), Barrios populares (Ley 27.453), Emergencia alimentaria (Ley 27.724), Prevención, sanción y erradicación de la violencia de género (Ley 26.485). Además, hay “experiencias y capacidad organizativa para ejecutarlos, acumulada en la comunidad, enormes reservas de organización comunitaria (…), voluntad política y consenso general en la necesidad de un plan nacional de reconstrucción nacional”, escriben.
“Me toca estar en una porción de la realidad donde algo de este plan está sucediendo, con la adquisición de tierras para urbanización y la mejora de los espacios. Parque Las Rosas es un barrio que nació en una toma de tierra en el 2015, con calles abiertas por les vecines, luminarias y conexión de agua puestas por les vecines, como pudieron”, relata Noelia. A partir del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), la sanción de la Ley de Integración Socio-Urbana y por la organización colectiva, en ese barrio, ejecutan actualmente una obra de salón comunitario con 18 puestos de trabajo y una transferencia de dinero a los bolsillos de las trabajadoras, y capitalización de herramientas para la cooperativa.
“Esto, además, habilitó un debate en torno a la regularización de la tierra, que es otro de los ejes del Plan. Estamos a días de que se sancione la Ley de expropiación de este barrio. Es un horizonte de posibilidad para seguir replicando la experiencia en otros territorios, viendo la capacidad técnica y ejecutiva que tenemos, multiplicando la capacidad organizativa”, afirma Feldmann.
Mercedes agrega que, si bien hay acciones que se están ejecutando con recursos y voluntad de algunas dependencias estatales, “tenemos el riesgo de quedarnos con las áreas del Estado que nos ponen en un lugar marginal, cuando lo que queremos es discutir un proyecto de país, el modelo general. Eso implica, por ejemplo, que, además de la agricultura familiar, campesina e indígena, discutamos la creación de una empresa nacional de alimentos o que debatamos la forma en la que vamos a defender la soberanía argentina sobre el mar”.
El PDHI plantea abordar las áreas de trabajo por “módulos”, con tres “vertebradores” (Economía popular, Integración urbana y Agricultura familiar, campesina e indígena) y otros módulos “complementarios”. Explican que estos se desarrollarán con perspectiva de género “para achicar las brechas de desigualdad hacia las mujeres y diversidad”.
“El desafío es generar las condiciones para que las compañeras mujeres y compañeres diverses sean les protagonistas de los procesos políticos, en la organización de base, de trabajo, técnicos, financieros, en la coordinación y conducción de los procesos” -señala Noelia- “En la medida en que seamos les protagonistas, va a ser más visible y palpable lo que falta. El ejercicio de volverlo transversal es necesario”.
Para Mercedes, desde lo transversal, pueden pensarse las herramientas concretas que se necesitan. Analiza su experiencia y explica que, si hoy siguen existiendo como pequeñes productores, con el modelo de exclusión y saqueo del agronegocio, es por la agricultura comunitaria, que les permite acceder a maquinaria y a formas de trabajo cooperativas para seguir en el campo. “La cuestión de género en lo comunitario no es poca cosa, las mujeres tienen un lugar importantísimo en la agricultura familiar, un laburo en buena medida protagonizado por las trabajadoras de la tierra, pero que no está reconocido y se mantiene mezclado con el trabajo doméstico. Cuando se salta de lo familiar a lo comunitario, las mujeres tienen un lugar importantísimo que impacta en la propia subjetividad y en el reconocimiento de ellas como trabajadoras”, explica.
“Si abordamos desde una mirada de géneros y justicia de géneros la producción, la división de tareas, la organización del trabajo y la organización de la comunidad, nos pasa que vemos situaciones de violencia, de desigualdad, de vulnerabilidad que requieren de dispositivos específicos de abordaje. Pero la transversalidad es importante en el PDHI porque, por ejemplo, es bajísimo el porcentaje de mujeres con propiedad de la tierra. Entonces, si hay entrega de tierras públicas a campesines, que haya prioridad de acceso a mujeres y así con cada una de las políticas”, señala.
“Muchos años nos pasamos construyendo edificios, hospitales, parques, escuelas, canchitas de fútbol, redes cloacales, hoteles, redes de agua, redes de energías, shopping, espacios de conectividad, etc… muchos de esos espacios solo los pisamos cuando los edificamos, hemos construido mucho y nunca hemos sido parte de ello”, expresa Javier. Si el Plan avanza como está propuesto, “imagino a las comunidades más felices, luchando por otros objetivos y más fortalecidas, convencidas por el trabajo y la lucha colectiva”, concluye.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Plan de Desarrollo Humano Integral.
