Rarámuris: resistencia ancestral y feminista en el noroeste mexicano
En una región dominada por el crimen organizado, diez mujeres indígenas luchan contra un empresario y el poder del Estado para montar un taller textil para las madres solteras de la comunidad.
Por Andrea Vega para Periodismo Situado
Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, no habían visto un despliegue tan grande de policías ministeriales. En una región dominada por el crimen organizado, las autoridades no llegan así ni en busca de los narcotraficantes. Ese 6 de mayo de 2020, cinco camionetas blancas de la Fiscalía General del Estado rodearon una construcción. Los agentes buscaban a Teresa González, una mujer rarámuri, de 46 años, que quiere levantar, en una hectárea del territorio ancestral de su comunidad, un taller de costura.
Ahí trabajarán diez mujeres rarámuri, la mayoría madres solteras y sin empleo fijo. Coserán sus ropas tradicionales: vestidos o falda, y blusa, hechos con pliegues amplios y telas coloridas y florales. También harán uniformes y sábanas. Planean venderlos a los vecinos, turistas y a las empresas de las grandes ciudades. Las ganancias, además de asegurar un sueldo fijo a las costureras, se usarán para montar un comedor para adultos mayores y una estancia para los niños.
Ese es el plan. Pero Salomón y Laila Miledi Pérez, quienes reclaman como suyo el terreno donde se construye el taller, hicieron que su representante legal levantara una denuncia por despojo y daño ambiental contra “quien resulte responsable”. En este caso, Teresa, la responsable del proyecto.
“Nosotros ni conocemos al que se dice dueño del terreno -dice Teresa-. No lo hemos visto nunca por aquí. No vemos que viva en la tierra que dicen que es suya, no lo vemos trabajarla. Nomás nos dicen las autoridades que hay documentos donde dice que él es el dueño. Eso es él: papeles que vuelan en el aire, pero sin raíz en la tierra, en esta tierra donde hemos estado desde siempre”.
Teresa se ganó el cargo de responsable del taller por opinar en una asamblea de su pueblo. El dinero para montarlo salió de un fideicomiso. Los gobernadores indígenas de Bosques de San Elías Repechique interpusieron un amparo en 2014 por la construcción, sin consulta previa a los habitantes, del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel en lo que la comunidad reclama como su territorio ancestral.
Un juez les concedió el amparo en 2016. Ordenó resarcir los daños a los pobladores por la obra. Se constituyó el fideicomiso y se determinó organizar proyectos en beneficio de la comunidad.
En Asamblea, esa figura colectiva en la que se toman decisiones importantes en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, los pobladores propusieron varios proyectos. Teresa dijo: un taller de costura. Le pidieron poner en papel cómo se haría y los costos.
Ella no sabía nada de construir y montar un taller. Sabía de costura, como saben la mayoría de las rarámuris. Aprenden desde niñas, de la mano de sus abuelas y madres, para hacerse sus vestidos.
Durante muchos meses, después de las seis de la tarde, cuando ya había terminado las artesanías que comerciaba por ese entonces, Teresa agarraba un cuaderno de su hijo y se ponía a garabatear.
En ese cuaderno, dibujó un esbozo del taller. Preguntó costos aquí y allá. Le pidió ayuda a Contec, la misma organización civil que los asesoró para el amparo. Así presentó el proyecto a la Asamblea y al comité del fideicomiso. Lo aprobaron.
Ese 6 de mayo, cuando llegaron a la construcción los policías ministeriales, Teresa, de estatura baja, cara regordeta y tez morena, les habló tranquilo. No parece hecha para el conflicto, pero es resuelta. La mujer rarámuri se plantó frente a los de la fiscalía: les explicó que el terreno no podía ser de un particular, que es de ellos, de su gente. Pero los agentes cumplen órdenes y ya.
Dos veces más pasó lo mismo: el 1 y el 17 de julio. Los policías llegaron hasta la obra del taller a decirles a los pobladores que no podían construir en ese lugar. A la cuarta visita, el 13 de agosto, desalojaron la construcción y la aseguraron con una cinta de peligro, como si de verdad fuera la escena de un crimen.
El conflicto por las tierras en la Sierra Tarahumara es añejo. El gobierno de México fraccionó y vendió, a finales del siglo XIX, en tiempos del dictador Porfirio Díaz, más de 16.000 hectáreas de tierras del territorio ancestral de los rarámuris. No importó que ellos estuvieran asentados ahí.
Los terrenos han ido pasando de una mano a otra, ya sea por herencia o por venta. Ahora están en manos de los Cuesta Miledi, dueños de cabañas turísticas y una enorme tienda de abarrotes en Creel, centro turístico que hace de puerta a uno de los grandes atractivos de la Tarahumara: las Barrancas del Cobre.
La comunidad de Bosques de San Elías Repechique lleva mucho tiempo peleando por el reconocimiento de la propiedad de su territorio. Desde 2006, está en juicio. Pero nada se resuelve.
En la Sierra Tarahumara, no hay trabajo. El campo da muy poco maíz y frijol, apenas para el autoconsumo. Este año, ni para eso dio. Una sequía inusual arruinó las cosechas. Los pocos elotes que sobrevivieron salieron enanos.
Empresas asentadas aquí no hay, salvo las de giro turístico de Creel. Las mujeres rarámuris suelen vender ahí sus artesanías: petacas o cestos de palma, ollas de barro y máscaras de madera, bateas, fajas de lana. Los ingresos por esa actividad siempre son pocos y, este año, han sido casi nulos. La pandemia vació de turistas el lugar.
La opción para la mayoría, sobre todo para los jóvenes, es salir a buscar trabajo a las ciudades, en la limpieza de casas o en los campos de cultivo de los grandes empresarios
Teresa pensó en sus hijos cuando propuso el taller de costura en la comunidad. Tiene cuatro. Dos ya mayores de edad, una jovencita de 16 años y otra niña de 11. Sueña que sus hijas pueden trabajar con ella en el taller, así no tendrían que irse lejos.
“Los jóvenes se van a los campos de cultivo o a otros trabajos, y después ya vuelven con el vicio del alcohol, con mucho desarraigo de sus raíces, no quiero eso para mis hijos”, dice.
Rosa Elvira Cruz es otra de las mujeres que trabajarán en el taller. Tiene cuatro hijos. Dos ya son mayores. La más grande tiene 19; el que le sigue, 18. Ellos ya se mantienen solos. Se fueron de Repechique para poder trabajar. Pero Rosa debe mantener a sus hijos pequeños, una de nueve y otro de tres.
Para ella, en este momento en el que no hay venta de artesanías por la pandemia, su único apoyo es su hija mayor. “Me manda 1.000 pesos al mes para comprar comida para sus hermanos. Me tiene que mantener, aunque ella ya tiene una hija”, cuenta Rosa.
Susana, otra de las integrantes del proyecto, quiere contar su historia, pero habla poco español. Teresa la cuenta por ella, en una entrevista telefónica. Dice que su vecina tiene ocho hijos. Tres ya son mayores y los otros cinco van de los 16 años a los dos meses. A los pequeños los debe sostener sola. Lo intenta vendiendo artesanías, cuando hay venta, y limpiando casas en Creel.
Ella es una de las más entusiasmadas con el taller, cuenta Teresa. Tendría a los niños pequeños en la estancia y las jovencitas podrían ayudar con la costura. Susana no tendría que dejarlos solos para irse a Creel y ganaría un salario fijo.
Desde que el taller se quedó asegurado, Teresa y sus vecinos de la comunidad de Repechique han buscado apoyo de las autoridades estatales y federales. Contec les ha ayudado a tocar puertas. Acudieron con la fiscalía y con el gobierno del estado.
La fiscalía -señala Diana Villalobos, directora de Contec- quería que Teresa se sentará a conciliar con los supuestos dueños del terreno, con los Cuesta Miledi. Decían que necesitaba arreglarse con ellos, llegar a una negociación. La comunidad acordó que no tenían nada que negociar con esos señores. El gobierno era el que había vendido su territorio sin consultarles y el gobierno era el que debía solucionar.
Pero la fiscalía insistía en el mismo punto de la conciliación entre las partes. También el gobierno del estado de Chihuahua argumentaba algo muy similar. El secretario de gobierno, Luis Fernando Mesta, no cree que la solución sea reconocerle a los rarámuris su territorio ancestral.
Para él, según argumentó en entrevista, se puede buscar que del total de hectáreas en disputa se determine la propiedad para una parte (los rarámuris) y la otra, para los otros.
Los rarámuris acudieron también con las autoridades federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi). Hubo dos mesas de negociación con representantes del gobierno federal y estatal. La segunda y última, hasta ahora, fue el 17 de septiembre. Se establecieron varios acuerdos, pero nada pasó.
Así que en pleno repunte de casos de la COVID-19 en la Ciudad de México, los rarámuris le pidieron apoyo a Contec para costear el viaje de Teresa y dos representantes de la comunidad a la capital y reunirse, el lunes 14 de diciembre, con Sedatu y el Inpi.
De esa reunión, los rarámuris salieron con varias nuevas promesas. La principal: que pronto tendrán el reconocimiento de su territorio ancestral. Macías anuncia que a finales de enero, al menos esperan eso, el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosemer) tendrá nuevos lineamientos. Habrá un artículo dedicado a la atención a comunidades indígenas a las que se pretenda despojar de su territorio y que acrediten la posesión ancestral.
Macías adelanta que muchas, como en el caso de Repechique, podrían tener extraviados los documentos de la época virreinal que avalan esto, por eso, se le pedirá al Inpi que, al menos en el caso de Repechique, emita una opinión favorable respecto a que son los poseedores legítimos de las tierras.
Teresa y sus compañeras esperan que así sea y que pronto puedan estar cosiendo en su taller.
*Por Andrea Vega para Periodismo Situado / Foto de portada: Periodismo Situado
