Ministerio de Educación de Córdoba excluye a personas de grupos de riesgo
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba publicó un Memorándum para cubrir cargos suplentes e interinos, excluyendo a personas en grupos de riesgo. Desde distintos ámbitos, repudian la medida y exigen su anulación por vulnerar los derechos laborales y carecer de una perspectiva de derechos humanos y de géneros.
Por Redacción La tinta
“¿Sabías que si sos docente gestante no podés tomar cargo por el Memo N°4/2021?”, denuncian desde la agrupación Educadorxs Desde el Sur. El cuestionamiento hace referencia al documento del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba del 15 de marzo de 2021, en que se expide sobre la cobertura de cargos suplentes e interinos del ciclo lectivo 2021 para cubrir las vacancias de docentes con dispensas.
“Recomiendan”, con apercibimiento y baja automática del cargo, que no se cubra con “personal de riesgo, susceptible de solicitar o haber solicitado dispensa” por la pandemia de COVID-19. Si bien la dispensa es una suspensión de la obligación de asistir de manera presencial al lugar de trabajo, y no es una licencia ni exime de la responsabilidad laboral, explican en el Memorándum que “resulta necesario contar con personal docente suplente que pueda y esté a disposición para la prestación del servicio de manera presencial».
Las direcciones escolares no podrán dar de alta un cargo sin una Declaración Jurada en la que les aspirantes afirmen no encontrarse en grupos de riesgo. La medida excluye a contactos estrechos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, a personas de 60 años o más, a personas con gestación en curso y a grupos de riesgo, según las resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Sandra Lario, integrante de Educadorxs Desde el Sur, explicó a La tinta que “hay cinco mil docentes que pidieron dispensa por situación de riesgo y eso representa un ocho por ciento a nivel escuelas estatales. El Estado quiere justificar que eso genera un gasto y, como necesita sostener la presencialidad, no puede nombrar potenciales personas que soliciten dispensa. Pero no solo para suplantar a quienes ya la solicitaron, sino para cubrir todos los cargos que queden vacantes estará aplicando una medida que resulta profundamente discriminatoria”.
En las escuelas privadas, “está siendo usada para despedir a quienes están hoy trabajando. No se cubren las vacantes, pero, como cobran cuota, necesitan vender la presencialidad total. Entonces, hay compañeras, especialmente mujeres, que quedan sin trabajo o que fueron intimadas a presentarse a trabajar siendo personas de riesgo, embarazadas y sin haberse vacunado”, relata Sandra.
Por el lento ritmo de evaluación de las dispensas solicitadas, “exigen cumplir la presencialidad hasta que la otorguen, lo que incumple el protocolo marco de retorno a la presencialidad segura en las escuelas, que la misma provincia emitió e implementó, y donde explicita que no deben ingresar a los establecimientos personas contenidas en los grupos de riesgo”, concluye la educadora.
El Colectivo de Educación Inicial elaboró un documento planteando interrogantes, demandas y propuestas en relación al Memorándum que, expresan, vulnera derechos laborales, “sufriendo una segregación que deja sin cobertura salarial y de salud a las que tienen acceso por haber cumplimentado el puntaje necesario en la Lista de Orden de Mérito del Acto público correspondiente”.
Para esta agrupación, “esto puede y debe ser revertido por el Gobierno de la provincia de Córdoba, implementando políticas públicas en el sector, respetándose la legislación vigente en el acceso a cargos, además de realizar una inversión real para sostener el trabajo de docentes, diseñando y planificando de manera participativa nuevas modalidades para el trabajo pedagógico”.
Demandan que el Gobierno mejore y profundice las políticas de cuidado, protección y derechos hacia las personas gestantes, teniendo en cuenta las legislaciones vigentes en provincia y nación, desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Solicitan participación para imaginar y desarrollar “nuevas modalidades de trabajo pedagógico para incluir y no para descartar docentes”, así como para generar una nueva figura legal que garantice derechos y deberes de docentes y estudiantes.
El 18 de marzo de 2021, tres docentes cordobesas presentaron un amparo colectivo solicitando una medida cautelar de no innovar y que se declare inconstitucional el Memorándum N° 04/2021 y la Declaración Jurada.
La tinta tuvo acceso al documento, en el que explican que es “claramente un acto discriminatorio” por razones de salud y género, y que se utiliza el derecho a la dispensa para impedir o denegar el acceso a cargos y horas cátedra, subvirtiendo el espíritu de esa normativa, que es resguardar la salud de los agentes públicos, cercenando derechos adquiridos en la carrera docente, y violando derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a una maternidad libre de violencias o a la planificación familiar.
Desde los gremios docentes, los posicionamientos fueron dispares. Por un lado, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) hizo público un comunicado los últimos días de febrero, a raíz de una situación concreta, repudiando la discriminación y la violencia de género en la toma de posesión de cargos públicos en establecimientos municipales, donde se impidió a una docente acceder a su cargo por encontrarse embarazada, exigiendo suscribir a una Declaración Jurada. Denunciaron que fue una acto “desigual y lesivo”, que violenta laboralmente a los cuerpos gestantes, impidiendo así que, en el ámbito municipal, se tome la misma medida.
Por su parte, las autoridades de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) solicitaron al Ministro de Educación provincial no aplicar el Memorándum “de forma retroactiva a la fecha de su publicación, respetando los derechos adquiridos por las/os docentes en los actos públicos y convocatorias precedentes”. Solicitan que se revise el contenido de la Declaración Jurada para que se limite a la renuncia expresa del docente a ejercer la dispensa a la cual tiene derecho y que no se impida «el acceso a cargos y/o horas cátedras de personas gestantes que no se encuentren en el periodo de Licencia por Maternidad, pudiendo sólo requerir la renuncia a la dispensa en el periodo que no comprende esta licencia”.
Para el Colectivo de Educación Inicial, “garantizar el derecho a la educación presencial de lxs estudiantes no debe hacerse vulnerando los derechos laborales de lxs docentes”.
Docentes autoconvocades concentrarán este jueves 25 de marzo a las 17 horas frente a Casa de Gobierno exigiendo la anulación del Memorándum 4/2021.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.