“En las cárceles es donde más se violan los derechos humanos”
Familiares de presos y presas mantienen hace 50 días un acampe frente a la Corte Suprema de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Esperan que les atiendan para avanzar en los puntos del petitorio presentado. Conversamos con Alfredo Cuellar sobre la medida de protesta y la crisis carcelaria que atraviesan los penales del país.
Por Redacción La tinta
Alfredo es papá de Florencia “la China” Cuellar, “una de las nueve mujeres asesinadas en 2012 de manera consecutiva a través de la tortura y violencia que ejerce el Servicio Penitenciario”, se presenta. “Como padre, siempre salí a pelear de manera personal y, en el camino, conocí a personas y familiares que tenían la misma problemática, entonces, decidimos seguir adelante de manera colectiva”, cuenta a La tinta.
La trama de la muerte de su hija, explica Alfredo, es “una mínima parte” de lo que sucede constantemente. “Hace años que tratamos de poner en evidencia la falencia del Estado y del Poder Judicial. Con el correr de los años, nos dimos cuenta de que luchamos contra un monstruo, un aparato que lo único que le interesa es vivir de la corrupción y la impunidad que genera el detenido en las prisiones”, relata.
La pandemia por COVID-19 agudizó la crisis sanitaria en las cárceles: “Ahí, reafirmamos el desinterés total del Servicio Penitenciario respecto a la vida humana, ellos mismos violaban las normas sanitarias del Estado para poder ingresar a penales. No guardaban distanciamiento ni tenían barbijos o guantes”, afirma.
Decidieron acampar “para evidenciar que hay incumplimiento de leyes y de los derechos que les corresponden, que son todos menos la libertad ambulatoria. Hay una violación sistemática de los derechos de las personas dentro de las cárceles, que es donde más se violan los derechos humanos”.
Presentaron un petitorio dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Nación, Carlos Rosenkrantz, donde explican que, ante la nueva ola de propagación, el alto índice de contagio por el virus COVID-19 y la recomendación sanitaria para prevenir y frenar el contagio de forma masiva, se debe lograr el distanciamiento social y tomar medidas higiénicas básicas. Sin embargo, esto es imposible en condiciones de hacinamiento, “actualmente, se supera en un 113% la capacidad de alojamiento de los internos sumado a las deficientes condiciones edilicias que conlleva a una incorrecta provisión de agua potable”, reza el escrito.
El hacinamiento “es producido principalmente por las leyes que elevaron los montos de las penas y prohibieron a las personas privadas de la libertad acceder a las libertades anticipadas y llevar adelante un proceso de resocialización basado en el estímulo y las recompensas que debería brindar el Estado”, explican y aclaran que estas medidas tampoco “solucionaron el conflicto del delito”.
Solicitan al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, que tomen medidas que garanticen “los derechos que la ley ordena”.
Reclaman que se otorguen medidas alternativas a la prisión para resguardar la salud de internos en grupos de riesgo, prisiones domiciliarias o alternativas de la prisión a quienes gozaban de salidas transitorias, y libertad excepcional a quienes cumplan con los requisitos formales y temporales para acceder a institutos liberatorios. Exigen, además, que se declare la inconstitucionalidad de “las normas que restringen los Principios de Progresividad de la Pena y Reinserción Social, al negar las libertades anticipadas y confiscar el proyecto de vida humana por el excesivo monto temporal, que convierte a las penas en penas de muerte encubierta”, afirman en el petitorio.
A su vez, demandan al Poder Ejecutivo medidas tendientes a conmutar penas e indultar a quienes alcancen niveles de progresividad que la ley requiere. Reclaman la existencia de una Comisión Observadora y Especial para aportar y controlar los informes técnicos criminológicos, y exigen que se otorgue apoyo económico a cooperativas que empleen liberados y se amplíen los recursos económicos para los Patronatos de Liberados.
Finalmente, reclaman al Poder Legislativo que se respete la normativa vigente, piden la reforma de Leyes Procesales de la Provincia de Buenos Aires que deniegan excarcelación sin especificar plazo y exigen que el Código Penal se adecue a los principios de racionalidad, no contradicción y sistematización presentando armonía con los principios Convencionales y Constitucionales.
Si bien les recibieron el petitorio, después de casi 50 días de acampe, las respuestas no llegan: “Seguimos firmes en la decisión de sostener el acampe, no es fácil por el cansancio y la salud, pero también por la persecución, amenazas y filmaciones de la patota del Poder Judicial que hostiga”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Revista Resistencias.
