Aborto Legal: ¿qué traman les diputades cordobesistas?
Frente a la inminencia del debate y aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, les legisladores del bloque mayoritario en Córdoba dieron nuevamente una muestra de su incapacidad para escuchar lo que gritan las calles. Como en 2018, que varies votaron en contra y Alejandra Vigo fue la única que se abstuvo, ahora vuelven a dar la nota presentando otro proyecto que sólo apunta a la despenalización y contiene una estigmatización muy violenta hacia las personas gestantes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y precariedad. ¿Sorprende?
Por Redacción La tinta
La presión de la marea verde obligó al Poder Ejecutivo a apurar el debate del proyecto de Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) antes de fin de año. Ayer, inició el debate en comisiones y todos los análisis apuntan a que en diputades la ley sería aprobada. En un manotazo de ahogado, el partido Córdoba Federal, liderado por el gobernador Juan Schiaretti y que tiene a Alejandra Vigo como diputada, presentó en paralelo un proyecto que busca mostrar una postura “conciliadora” con el sector antiderechos y pro aborto clandestino. Además, desnuda la verdadera mirada del gobierno provincial en relación a las mujeres e identidades disidentes.
La historia condena a Alejandra Vigo, quien fue la única en abstenerse en la votación de 2018 en la Cámara baja. En ese momento, planteó que ella “representaba” a una base social peronista y pobre, en donde el debate no estaba saldado. De un sopetón, logró desestimar años de lucha feminista en una Córdoba conservadora y patriarcal hasta la médula, donde el amplio movimiento que atraviesa todas las clases sociales a viva voz le demostró lo que quería. Ahora, nuevamente, realiza una jugada para no posicionarse, presentando un proyecto que claramente no será aprobado ni discutido, pero que muestra cuál es la postura del schiarettismo en relación a los derechos de las mujeres y personas gestantes. Córdoba atrasa, no sorprende.
El proyecto
El proyecto presentado por Alejandra Vigo junto con Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio, diputades de Córdoba Federal, plantea postulados que, en principio, son contemplados ya por el Código Penal y avanza sobre discusiones problematizadas durante 2018 y que estigmatizan a quienes desean interrumpir su embarazo.
Este proyecto presentado a destiempo, de manera torpe y en un gesto de desesperación frente al establishment antiderechos, propone que el aborto no será punible cuando se haya hecho con el fin de evitar un peligro para su vida o salud, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación, acreditada ante el personal de salud interviniente por declaración jurada de la persona gestante o autorización por escrito de su representante legal cuando así correspondiere; o cuando se practicó antes de la semana catorce, o cuando el embarazo resultare de una especial circunstancia de exclusión y vulnerabilidad de la persona gestante, acreditada ante el personal de salud con informe social por profesional de un establecimiento público, emitido dentro de los cinco días de solicitado por la gestante. ¿Cómo sería posible su realización en la práctica? ¿Quién definiría los criterios de exclusión y vulnerabilidad?
La mención a la “circunstancia de exclusión y vulnerabilidad” de la persona gestante instala la estigmatización basada en la clase social, como si sólo la pobreza llevase a abortar.
Ese punto desconoce las razones más intrínsecas y complejas que se anudan a la hora de decidir la interrupción de un embarazo. Anula el planteo central de los movimientos feministas, cimentado en la capacidad de decidir si maternar o no, sin necesidad de tener que justificar el porqué. Esta causal que introduce el bloque federal cordobés intenta conservar prácticas de tutelaje y obturar la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
Las políticas de siempre
Para quienes habitamos territorio cordobés, esta jugada no nos sorprende porque el espíritu del proyecto no es novedad: continúa con las argumentaciones de las políticas a las que nos tiene acostumbradas el schiarettismo, con Alejandra Vigo a la cabeza. Ella es, desde hace muchos años, la referente provincial en lo que materia de género implica, pero sus formas expresan una suerte de tutelaje “maternalista” hacia quienes las destina. Son políticas apuntadas a sostener la pobreza estructural, pero con una lavada de cara, un pinkwashing de medidas que sólo alcanzan para sobrevivir por un tiempo muy limitado. En esta provincia, por ejemplo, se tardó siete años en adherir a la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Las políticas que imprime tienen por objetivo individualizar y sectorizar. No existe una mirada integral a la hora de pensar la violencia ni mucho menos un presupuesto real y acorde a las necesidades de las mujeres e identidades disidentes.
Ya hemos relatado muchas veces los reclamos de las trabajadoras del Polo de la Mujer y la precarización laboral que sufren, las pobres e inseguras condiciones materiales de su trabajo y el contenido general de las políticas que no sirven a los problemas a los que nos enfrentamos en la provincia.
La gestión actual de la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez, tiene el extracto de esta genealogía delineada por la diputada Vigo. Un ministerio que no apoya la organización social de las mujeres e identidades disidentes que tanto trabajan en los barrios de la provincia. No apoya a les trabajadores de la salud que acompañan a las personas gestantes en sus decisiones. No acompaña los reclamos y demandas de los feminismos ni responde a sus propuestas.
Lejos de escuchar a les compañeres organizades desde abajo, el bloque cordobés sólo reafirma, con este proyecto de ley, su mirada estigmatizante sobre la pobreza y sus formas de construir políticas públicas.
De cara a las elecciones del próximo año, parece que blanquearon el juego de agradar a todos los sectores, puesto que apuntan a participar de una lista amplia con el oficialismo.
En este momento, cuando las mujeres e identidades disidentes a las que Alejandra Vigo dice “representar” más la necesitamos, ella nos da la espalda de nuevo. Ya lo sabíamos, este proyecto se ganó y se ganará en las calles, presionando a les diputades para que cumplan con el mandato popular. ¡Que sea ley!
*Por Redacción La tinta.
