Valverde: “Para los pueblos originarios, la desigualdad histórica se agrandó”
El antropólogo y perito en causas contra comunidades mapuche, Sebastián Valverde, habló con TSS sobre las problemáticas de los pueblos originarios en el marco de la judicialización de los conflictos por el territorio y las amenazas de desalojo. Cuáles son las dificultades para implementar la Ley de Emergencia Territorial Indígena, vigente desde hace casi 14 años, pero que se aplicó solo de manera parcial.
De norte a sur, las comunidades originarias están movilizadas y en conflicto. Hace dos semanas, una jueza de Junín de los Andes ordenó el desalojo de la Comunidad Kinxikew (Quintriqueo) y de la familia Melo, sobre las orillas del lago Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén. Casi en paralelo, terratenientes de Salta intentaron avanzar sobre territorio de la comunidad diaguita Kallchakí Las Pailas. Esta semana, las órdenes de desalojo llegaron a pobladores de la comunidad qom, en la provincia de Chaco.
El antropólogo Sebastián Valverde se especializa en el estudio de estas historias, atravesadas por una gran diversidad de valores culturales, prejuicios, desigualdades y siglos de racismo. Desde 2007, el mismo año en que se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, Valverde se desempeña como perito en causas contra las comunidades mapuche, en la Patagonia. Entre ellas, la de la comunidad de Quintriqueo. Recientemente, también ha comenzado a colaborar en algunas causas en Salta y, desde la semana pasada, es parte del Consejo Interno de Dirección del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), adonde desarrolla sus tareas de investigación.
—¿Cuáles son las diferencias principales entre los conflictos que pueden surgir entre las comunidades del norte y las del sur?
—En el norte, es mucho más fuerte la presencia de población indígena. De hecho, es la zona de mayor interculturalidad del país, con casi veinte pueblos originarios, y es una de las zonas más pobres de la Argentina, al límite con Formosa y con Bolivia. También hay una tensión mayor, existe el criollo como un actor muy constituido, que no está en el sur, y hay otro agente con mayor presencia: la Iglesia Católica. Es muy distinto al sur, adonde están los pueblos mapuche y tehuelche, donde hay provincias que eran territorios nacionales, mientras que Salta fue provincia desde que se conformó el Estado-Nación. Son zonas muy diferentes, pero con un patrón común de incumplimiento de la legislación vigente y demora en la implementación de leyes como la de Emergencia Territorial Indígena (26.160), con relaciones muy complejas con los gobiernos provinciales, que siempre están entrelazados con los poderes locales.
—¿Qué establece esa ley?
—La Ley de Emergencia Indígena establece que se declare la emergencia en materia de corrección y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, y que se suspendan los desalojos hasta tanto se hagan los relevamientos correspondientes. También, que se debe realizar un estudio histórico antropológico y otro jurídico catastral de las áreas tradicionalmente ocupadas por las comunidades. Sin embargo, a casi 14 años de la sanción de esa ley, tenemos comunidades, como la de Quintriqueo, que hoy está amenazada por el desalojo. Quienes ocupan un territorio desde siempre no tienen papeles y carecen de una formalización mayor en esos territorios.
—¿En qué estado se encuentra la instrumentación de esa ley?
—Alrededor de un 40 por ciento de las comunidades de la Argentina están reconocidas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y alrededor de un 20 por ciento de las comunidades están en trámite. Hay otro 40 por ciento que ni siquiera ha sido relevado, como la comunidad de Quintriqueo, donde se quiere hacer el desalojo. Ni siquiera estamos hablando de que se les entregue la tierra, sino de que se haga un relevamiento.
—¿Qué ocurre allí y por qué han repudiado el fallo de la jueza desde el ICA?
—Ese un conflicto muy abierto, del que no puedo hablar porque fui el perito antropológico, pero lo que detallamos en el comunicado es que el fallo desconoce la pericia que hicimos, así como los derechos del pueblo mapuche, en un territorio donde se cruzan fuertes intereses inmobiliarios. Son terrenos que para posibles inversores valen fortunas, mientras que para la comunidad tienen valor histórico y cultural, además de que para ellos es una zona de pastoreo de animales.
—¿El trabajo que están haciendo en Salta se relaciona con el fallo de la Corte Interamericana en contra del Estado argentino?
—Sí, lo de Salta surge en gran medida a partir de esta experiencia de COVID y pueblo indígenas, de poder articular equipos de la UBA con equipos de esa provincia, y también contribuir a organismos públicos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que tienen grandes dificultades para la instrumentación, no solo por la falta de recursos, sino también por las dificultades para revertir perjuicios muy arraigados en buena parte de la sociedad o difundidos por los medios de comunicación hegemónicos. Una de las principales preocupaciones en esa zona es esa causa, que comenzó hace más de 20 años en el Departamento de Rivadavia, y en la que, a principios de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en favor de la asociación indígena Lhaka Honhat en contra del Estado argentino, que tiene que responder a diversas cuestiones que incluso se han agravado en los últimos años.
—¿Qué tipo de cuestiones?
—Por un lado, está el tema del territorio, pero también el acceso al agua, la salud y a un ambiente sano. Todo eso se ha deteriorado en estos años, producto de las transformaciones territoriales que están afectando a las poblaciones indígenas en la región, a pesar de que existen las legislaciones, que justamente no se están aplicando. Por el contrario, en algunos casos, incluso, se están agravando muchas situaciones en las que no hay recursos básicos para poder sobrevivir.
—Estos conflictos suelen estar vinculados con intereses inmobiliarios y el corrimiento de la frontera agraria, ¿no?
—Hay muchas situaciones complicadas. Hay privados que avanzan sobre el territorio y no los dejan acceder. Hay casos como el de Lewis, en la Patagonia, que se apropia de la costa de un lago y no permite que la población acceda al lugar y utilice un área para que puedan pastar animales. Hay muchas cuestiones, y la ley ni siquiera establece que se les entregue la tierra, sino que se suspendan los desalojos y se haga un estudio para tener mayor información respecto de la tierra que ocupan y que exista un documento que pase a ser parte del patrimonio del Estado, que tenga información respecto del uso histórico y actual de esos territorios. Además, la ley reconoce la situación de precariedad y trata de revertirla.
—¿Los juicios que se inician suelen estar vinculados con la propiedad de la tierra?
—Sí, los juicios, en general, los hacen particulares contra las comunidades, por el delito de usurpación, como en el caso de Quintriqueo, o muchas veces también inventan robo de animales. Para tener una idea y entender estos conflictos, hay que pensar que, a partir de datos de la Auditoría General de la Nación sobre la Ley 26.160, el 62% de las carpetas de las comunidades tenían algún tipo de conflicto y el 24 por ciento tenía algún tipo de judicialización, es decir, que el conflicto de alguna u otra manera estaba en la Justicia, y que apenas el 10 por ciento de las comunidades tienen lo que tendrían que tener, que es la propiedad comunitaria.
—¿Eso sería sobre el 40 por ciento registrado?
—Claro, del conjunto de los terrenos relevados que pertenecen a pueblos indígenas, aproximadamente un 10 por ciento tendría la propiedad comunitaria. El otro 90 por ciento, es decir, 9 casos sobre 10, varía en distintos niveles de precariedad, hasta llegar a la precariedad absoluta, que es un poblador que solo tiene unos papeles que puede mostrar diciendo que su abuelo pastaba ahí y no más que eso. Estamos hablando de que falta hacer el 60 por ciento de todo el proceso.
—¿Por qué cuesta tanto revertir estas situaciones e implementar la ley?
—Por un lado, tiene que ver con los intereses de sectores privados que desean avanzar sobre esos territorios, que muchas veces están entrelazados con diferentes sectores estatales. Por otro lado, hay un desconocimiento absoluto de la cuestión indígena y un nivel de ignorancia y prejuicios que actúa como un freno para la instrumentación de los derechos y que es difícil de revertir. Hay medidas muy positivas que está buscando aplicar el Gobierno, como la obligatoriedad de enseñar aspectos de los pueblos indígenas en el Poder Judicial y en todos los niveles del Estado. Pero es muy difícil, ya que el INAI tiene un montón de problemas, no solo de financiamiento, sino que también está teniendo conflictos con los gobiernos provinciales y los poderes locales.
—En los casos judiciales, ¿por qué se desconoce muchas veces la ley vigente?
—Muchas veces se desconoce que el sujeto de derecho es una comunidad indígena y se lo trata como a un poblador individual. Es una de las cosas que manifestamos en el comunicado sobre el fallo de la jueza, que desconoce la existencia de una comunidad y considera como si hubiera un poblador individual que es Quintriqueo, que tiene un problema con la familia Broers, que es la que tiene el título del lugar. Pero hay que retrotraerse al proceso histórico: ¿Por qué cierto sector consigue títulos de propiedad mientras que los pobladores históricos del lugar no los conseguían?
—¿A qué se debe?
—Cuando uno analiza el origen de cómo hay ciertos sectores que consiguen escriturar, mientras que otros que están en el lugar reclaman durante años una regularización y no la tienen, el racismo es evidente. Incluso, hasta en los documentos, muchas veces aparece claramente el nivel de racismo que hay. En la pericia de Quintriqueo/Melo, que yo hice, hay un hostigamiento evidente de Parques Nacionales hacia Quintriqueo, con una acusación de dañar el ambiente. Pero la cantidad de ganado que tienen es del 2 al 5 por ciento, mientras que los propietarios norteamericanos, que en los documentos se los nombra como “un propietario laborioso o emprendedor”, tiene más del 90 por ciento del ganado. Entonces, no se puede decir que el que tiene el 5 por ciento es el que genera el daño ambiental. Además, en el seguimiento de los distintos años, se va viendo cómo se está avanzando sobre los territorios. En el expediente de Quintriqueo, analicé alrededor de mil fotos del archivo de Parques Nacionales, de los últimos 50 o 60 años, y es evidente el racismo, el hostigamiento y el avance sobre el territorio de los Quintriqueo.
—En el informe sobre COVID y pueblos originarios, encontraron que estas comunidades son particularmente vulnerables ante la pandemia. ¿Esto se debe a cuestiones de salud e infraestructura, o también a la segregación social?
—Las desigualdades estructurales en situación de pandemia vienen a profundizar las desigualdades que ya estaban. Pasa lo mismo con migrantes y mujeres. Sin duda que la dificultad para acceder a un centro de salud se agrava más en el contexto de la pandemia, pero también para acceder a un trabajo formal, en la medida en que ha crecido la informalidad y han bajado las remuneraciones y el poder adquisitivo. Para un diez por ciento de la población que está mejor, no se agravó tanto la situación, pero para el que esta en los últimos quintiles, que es adonde están los pueblos originarios, la situación se volvió más grave y la desigualdad histórica se agrandó.
*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS / Imagen de portada: Agencia TSS.
