«En vez de festejar su cumpleaños N° 16, tiene una misa en el cementerio»
Por Redacción La tinta
Joaquín Paredes hubiera cumplido 16 años este lunes. Pero, lamentablemente, no habrá festejos en la localidad cordobesa de Paso Viejo, solo tristeza, bronca y dolor por un nuevo caso de gatillo fácil de la Policía de Córdoba.
«Joaquín festejaría su cumple N° 16. En cambio, tiene una misa, en el cementerio. Regalale una antorcha y sumate a la caminata», indican desde la página Justicia por Joaquín, donde invitan a concentrarse a las 19 en el cementerio para realizar luego una marcha de antorchas por las calles de la comuna del noroeste cordobés.
Hace apenas una semana, Joaquín se encontraba con sus amigos en la calle, tomando algo, escuchando música, cuando fueron sorprendidos por efectivos de la Policía de Córdoba, que abrieron fuego contra el grupo con sus pistolas reglamentarias. «Cabu» -como le decía sus amigues- recibió un impacto de bala de plomo en la espalda, mientras corría huyendo del lugar. Cayó al piso. No lo atendió la Policía, no lo auxiliaron en el dispensario y la ambulancia supuestamente no podía salir porque no tenía autorización. Murió en cuestión de minutos.
«Es necesario repetir y remarcar la clase de pibe que fue Joaquín. No para comparar ni para acreditar que lo sucedido fue un crimen, sino que es necesario para que ustedes, sus amigos, puedan en sus cabezas superar el recuerdo atroz de verlo partir», señala una carta que va dirigida a sobrevivientes del ataque y amigues de Joaquín.
«Esa bala mató a Cabu, pero sé que sienten que ustedes también la tienen ahí, bien dentro de sus cuerpos. Háganla salir, lloren, griten, abracen, desnuden y escupan el dolor. Cuando recuerden el sábado anterior, no sientan culpa ni bronca. Nada de lo que hubiesen llegado a hacer justificará jamás un homicidio por quienes deberían cuidarlos (…) No les pedimos resignación, les pedimos que transformen su dolor en lucha, de esas que marcan un antes y un después», agrega el escrito.
La fiscal de Cruz del Eje, Fabiana Pochettino, continúa la investigación contra los cinco policías involucrados en el lamentable hecho. Los uniformados se encuentran detenidos en la Cárcel de Bouwer, imputados por homicidio agravado y heridas graves calificadas por su condición de funcionarios de seguridad.
«Cabu no va a volver, pero tendremos consuelo cuando el lado oscuro de la Policía se desmantele y cuando sus asesinos estén presos y condenados. Hasta que eso suceda, recuerden cómo era Joaquín: su calma, su ternura, su sonrisa. Y pónganse del lado Joaquín de la vida para siempre, del lado que ama y abraza, del lado que une y resuelve. Lloremos y nos abracemos de este lado. Los responsables van a pagar«, concluye la carta dirigida a les sobrevivientes.
Hace casi tres meses, la Policía fusilaba por la espalda a Valentino Blas Correas, de 17 años, en otro hecho que conmocionó a la sociedad cordobesa y, en lo que va de 2020, ya se registraron al menos 9 víctimas fatales por abuso policial.
Ante las denuncias que apuntan al Gobierno Provincial y una política represiva deliberada, el gobernador Juan Schiaretti acusó recibo de la presión social e intentó desactivar las críticas presentando la semana pasada un nuevo protocolo de «uso racional de la fuerza» que remarca que el arma de fuego solo se puede usar como última opción y no para «cuando lo único que está en riesgo es un bien material o en una parada preventiva o para disuadir».
Sumado a esto, y de manera sorpresiva, Schiaretti anunció el sábado la remoción del ex jefe de Policía, Gustavo Vélez, quien será reemplazado por primera vez por una mujer: la Comisaria General Liliana Zárate Belletti.
Se trata de una medida desesperada del oficialismo provincial para cambiar la imagen pública, pero es también una jugada ya conocida por la ciudadanía. Los nombres de los funcionarios al frente del Ministerio de Seguridad Provincial y, sobre todo, en la Policía de Córdoba cambian cada vez que hay una crisis que pone en jaque a la institución. Cambiar para que nada cambie. Pero sin cambios profundos y transversales en la institución, las prácticas represivas habituales y enraizadas en el servicio continúan intactas.
* Por Redacción La tinta
