La ILE es un derecho, es un servicio esencial y es urgente
En la mañana del jueves, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Córdoba presentaron una solicitud al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, reiterando el pedido de audiencia para exponer la crítica situación en relación al acceso a los Derechos Sexuales y (No) Reproductivos. Además, exigen medidas urgentes que garanticen el derecho a la salud de quienes solicitan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Por Redacción La tinta
Las organizaciones firmantes reclaman, desde diciembre de 2019, una audiencia en el Ministerio para dar cuenta de las dificultades de acceso a los Derechos Sexuales y (No) Reproductivos, “con una gran diferencia, aún más preocupante, en el interior provincial”, explican en el comunicado publicado en redes sociales.
En la nota dirigida al Ministro de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dr. Diego Cardozo, expresaron: “Es de público conocimiento que debido a la pandemia se incrementó la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, y en este contexto, las mujeres y personas gestantes que desean interrumpir un embarazo se enfrentan a nuevos y mayores obstáculos y violencias”.
Señalan que, desde hace meses, no hay disponibilidad ni acceso continuo a distintos métodos anticonceptivos, mientras se sigue negando el acceso a la ILE en algunas instituciones provinciales, “obstaculizando el derecho reconocido en el art. 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal Superior de Justicia provincial, resultando en la perpetuación de violencia contra las personas que lo solicitan, incluso cuando concurren por un aborto en curso”, exponen. En cuanto a las ILE en gestaciones de segundo cuatrimestre, señalan que existen graves dificultades para su resolución, teniendo que someterse, las mujeres y personas gestantes, “a técnicas inapropiadas o sufrir tratos crueles e inhumanos”.
Además, “el suministro de Misoprostol es discontinuo y el circuito que ha generado el programa provincial genera obstáculos en su acceso”, detallan, y agregan que no hay instancias oficiales de formación y capacitación dirigidas a los equipos en materia de salud sexual y (no) reproductiva. Ante esto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir organiza y sostiene este tipo de instancias desde hace años, por lo que se ponen a disposición para orientar al Ministerio en el diseño y dictado de capacitaciones, y en la organización de los servicios de salud para la atención de las ILE.
Por otro lado, explican que “hay escaso personal capacitado en las técnicas quirúrgicas seguras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para realizar un aborto de calidad”, sin contar en todos los establecimientos con el equipamiento e insumos suficientes.
Si bien los equipos de salud se dan múltiples estrategias para garantizar estos derechos, “es necesaria una política pública clara y efectiva de acceso a ILE y a todos los Derechos Sexuales y (No) Reproductivos”, declaran. Exigen que el Ministerio disponga urgentemente las medidas necesarias para garantizar estos derechos y solicitan la audiencia a la brevedad para exponer la crítica situación.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
