Presupuesto 2021: sale con ISO Feminista
Si queremos cambiarlo todo, los presupuestos públicos son el primer objetivo para tener políticas de igualdad sostenibles. Hace algunas semanas, se presentó el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2021 y, por primera vez, incorpora la perspectiva de género de manera transversal. Se trata de un hecho histórico impulsado por feministas en el Estado. Queda en la agenda de pendientes una reforma del sistema tributario que persiga los principios de justicia fiscal y justicia de género.
Por María Julia Eliosoff Ferrero para LatFEM
Las políticas públicas no son neutras al género. Muchas de aquellas que se muestran de ese modo y que no incorporan miradas interseccionales solo perpetúan o profundizan la desigualdad, como ya nos enseñaron muchas feministas.
Los presupuestos son una herramienta de política económica, ya que permiten determinar cómo se van a distribuir los recursos para la provisión de bienes y servicios, así como redistribuir los ingresos y la riqueza. En este sentido, es posible decir que los presupuestos tienen efectos muy concretos en la vida de las personas porque son la garantía de sus derechos. Es decir, el presupuesto es la mejor manera de conocer las prioridades y compromisos reales de los gobiernos porque allí vemos cuáles son los recursos económicos dispuestos para cumplirlos. Organizaciones que se ocupan de trabajar, estudiar y divulgar la temática (como ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) enmarcan estos esfuerzos dentro de la perspectiva de derechos humanos del análisis presupuestario.
Los PPG surgen con visibilidad en la década de los 80, como consecuencia de la llegada del movimiento feminista y de mujeres a organismos internacionales e instituciones estatales. Ya en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) se recomienda a los Estados establecer mecanismos para vincular los procesos de presupuestación como garantía de su cumplimiento. Por otro lado, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se concluye que la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los presupuestos nacionales es clave para poder garantizar la igualdad de género.
El 15 de septiembre, el Ministro de Economía presentó el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2021, que incorpora de manera transversal la perspectiva de género. La iniciativa cuenta con antecedentes nacionales muy importantes en el trabajo que viene realizando la Oficina Nacional de Presupuesto en coordinación con la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes D’Alessandro, con apoyo de organismos internacionales y organizaciones de trayectoria en la temática (como ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género). A partir de 2019, el Ministerio de Hacienda había comenzado a identificar partidas presupuestarias con incidencia positiva en términos de género.
¿De qué se trata el Presupuesto con Perspectiva de Género?
Existen diversas metodologías para incluir una mirada sensible al género en los presupuestos públicos. Las experiencias de distintos países fueron mostrándolas (por ejemplo, Australia, México, Bolivia). Una de las más difundidas y utilizadas en la Argentina es aquella que identifica o “etiqueta” los gastos, a través de partidas, actividades y programas que pueden contribuir a mitigar o reducir desigualdades de género. Esto implica cualquier contribución que pueda fortalecer o mejorar las condiciones de vida de las mujeres: ya sea mejorando acceso al mercado laboral, redistribuyendo los cuidados, percibiendo ingresos, entre otros.
La metodología del etiquetado suele presentar diversas dificultades asociadas a los niveles de desagregación y clasificación del presupuesto. Muchas veces, se establece con poca precisión cuáles son las partidas que efectivamente tienen incidencia positiva en términos de género. Es por eso que, en general, se ha optado por identificar aquellos programas que tienen como población objetivo a las mujeres, a las infancias, a la personas trans. Aquí es donde se presentan complejidades porque el hecho de que una política pública esté dirigida a las mujeres no lleva implícita su búsqueda por disminuir desigualdades. Un caso que presenta muchas tensiones en este sentido es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH): garantiza un ingreso para las mujeres con niñxs y adolescentes a cargo, pero les exige como contraprestación tareas de cuidado que quedan bajo su exclusiva responsabilidad.
Otra dificultad a la que suele enfrentarse esta metodología es identificar partidas que no necesariamente están destinadas a esta población, pero que, sin embargo, inciden fuertemente en mitigar desigualdades (como programas de Salud que abordaban la prevención de enfermedades de transmisión sexual).
El Proyecto de Ley del Presupuesto 2021
El nuevo presupuesto ha logrado avanzar en muchos sentidos. En primer lugar, la perspectiva de género se incluye de manera transversal en el proyecto de ley. Esto se observa en el mensaje con el que se eleva el Proyecto: se presenta como una prioridad de la política presupuestaria, en el mismo nivel que el dinamismo productivo, la infraestructura, la seguridad y la defensa. Además, toma relevancia el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el que se desatacan las políticas para hacer frente a las violencias por razones de género.
Por otro lado, son centrales las políticas que buscan acortar brechas de ingresos, como son las Prestaciones Previsionales por Moratoria, la Asignación Universal por Hijx y por Embarazo, pensiones no contributivas para madres con 7 hijxs o más, el Programa Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y el programa Acompañar. También se destacan las políticas destinadas a la población travesti y trans, y la gran cantidad de Ministerios y Organismos que abrieron espacios institucionales, programas y mesas para abordar sus especificidades desde una mirada de género.
Para el presupuesto 2021, se aumentó en términos reales 13 veces lo que se destina a Género y Diversidad con relación al año anterior. Es importante mencionar que esto se debe a un incremento real de algunas partidas ya etiquetadas años anteriores, pero también a identificar partidas que antes no eran etiquetadas. Se estima que el gasto “PPG” representa el 15,2% del total presupuestado. También se incorporaron nuevas metas físicas, que permitirán mejores monitoreos.
Sin dudas, el proyecto significa un enorme avance en materia de políticas públicas con perspectiva de género. Es una gran herramienta para monitorear y evaluar con más claridad el impacto concreto de las políticas. Pero el análisis no reside solamente en la diferenciación de los recursos destinados a varones y mujeres. Debe aplicarse de manera transversal en todas las fases del presupuesto: su elaboración (identificando con claridad en qué medida las partidas contribuyen efectivamente a mayor equidad, y no perpetúen desigualdad), aprobación, ejecución y control. Pero además, estas propuestas todavía adeudan las revisiones de las fuentes de financiamiento del gasto. En este sentido, urge una reforma del sistema tributario argentino que persiga los principios de justicia fiscal y justicia de género. Una vez más, nos toca exigir y correr el límite de lo posible.
*Por María Julia Eliosoff Ferrero para LatFEM.
*María Julia Eliosoff es economista, investigadora del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica.
