“Donde hubo fuego negocios quedan”
El geógrafo Joaquín Deón, becario de CONICET-UNC e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, advierte en este minucioso informe que, detrás de los incendios que en un 95% son intencionales, está el agronegocio, la minería a cielo abierto, el sector inmobiliario y los deportes de élite como el golf, las carreras de enduro y motocross, quienes buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas arrasan con el bosque nativo. También señala que el control y seguimiento por parte de las autoridades políticas es escaso y deficiente, y reclama una activa participación ciudadana en el Plan Provincial del Manejo del Fuego y el cuidado de reservas hídricas.
Por Camilo Ratti para Alfilo
Según un informe del Instituto Gulich (UNC-Conae) que publicó UNCiencia a partir de imágenes satelitales, entre 1999 y 2017, el fuego dañó más de 700 mil hectáreas en Córdoba -una superficie igual a 12 ciudades Capital-, siendo Sierras Chicas el sector más perjudicado de la geografía mediterránea, con un 38% de su extensión quemada. Un bosque con especies como las que crecen en las sierras cordobesas necesita al menos 30 años para recuperarse. “Para Córdoba, implica un impacto enorme a escala ambiental, y está pasando a nivel mundial, por eso, los periodistas e investigadores internacionales hablan de emergencia climática global, no cambio climático. Vivimos una crisis sistémica donde lo económico, lo social, lo ambiental, porque esta situación está atravesada por un capitalismo voraz que depreda y hace negocios sobre lo depredado”, afirma Joaquín Deón, geógrafo de la FFyH e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas.
De 12 millones de hectáreas de bosque nativo que había a principios del siglo XX en Córdoba, hoy queda el 3% de bosques nativos en el estado más parecido al natural inicial y los incendios son una manera de aniquilarlo a escala industrial según Deón, porque, detrás del fuego, aparecen el negocio minero, agrícola, inmobiliario y de entretenimiento de élite, que buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas dejaron tierra arrasada. Aunque la Ley de Bosques 9.814 lo prohíbe, el poder económico encuentra resquicios para lograrlo, aprovechándose también de un escaso y deficiente control por parte de las autoridades de Ambiente de la Provincia, además de leyes paralelas como la ley provincial 10.004 y 9.841, ambas promovidas por el Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana (IPLAM) y los municipios de ciudades próximas a Córdoba Capital. “En Córdoba, hay una discusión de si queda el 3%, el 5% o el 7% de bosque nativo, la ONG Montes Córdoba y la Coordinadora en defensa del Bosque Nativo dicen que es el 3% y descontando. Más allá de estas cifras, lo que sí es seguro es que queda menos del 3% de los bosques naturales y eso es grave. Incluso, la tragedia de las inundaciones del 15 y 16 de febrero de 2015 fueron la consecuencia de los graves incendios de 2012 y 2014, por la pérdida de masa forestal en cuencas”, sostiene el geógrafo.
En una nota publicada por el Museo de Antropología de la FFyH, el antropólogo Julián Mignino señala que “el 95% de los incendios forestales en nuestra provincia son hechos intencionales”, “algunos son activados porque desean quemar para construir grandes negocios inmobiliarios, mineros o recreativos, por eso, nosotros decimos que donde hubo fuego, negocios quedan. En el último incendio iniciado en Cosquín, donde se afectaron 20 mil hectáreas de Sierras Chicas (tanto del lado de Punilla como del Departamento Colón), dejaron un impacto brutal y el origen tuvo que ver con un negocio inmobiliario desarrollado a partir de la tala del bosque nativo para un complejo de cabañas o una residencia privada. Un hecho que se está investigando en la fiscalía de Cosquín. Un acto de ‘limpieza’ (como le dicen) de la masa forestal, donde al bosque lo quitaron, lo prendieron fuego y no lo pudieron ocultar, ya que devino (junto a la enorme masa forestal seca y los vientos) en un enorme incendio que se vio del lado de Punilla y de las Sierras Chicas. Llegando el humo y la postal de llamas a Córdoba Capital durante una semana. ¿La intencionalidad puede ser el descuido? Lo de Cosquín demuestra que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde se quemaron más de 30 mil hectáreas en Ischilín, Charbonier, Copacabana, hay gente que está siendo investigada por la fiscalía de Deán Funes por los incendios, porque las llamas pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos”, advierte Deón.
Para el investigador, “estamos hablando de zonas catalogadas como rojas en la Ley de Bosques, de bosque nativo del Chaco Serrano más tupido que queda en la zona que forma parte del escasísimo 3% del que hablamos. Por eso, muchos incendios tienen que ver con la ganadería, en un proceso de expansión del agronegocio, donde la producción animal se desplaza de la zona pampeana hacia las Sierras, para favorecer allí la sojización o el avance inmobiliario. No es llamativo que, cuando se discutió la Ley de Bosque, se pusiera en tela de juicio el rolado, que es una técnica autorizada que permite pasar un tractor por un inmueble y luego un rodillo gigante con sus cuchillas aplasta el monte bajo, bosques que tienen espinillos, carquejas, piquillines, rebrotes de quebrachos blancos, tintitacos y mucha fauna (insectos, abejas, mamíferos, reptiles, aves) que terminan aplastados por el rolaje, que se sigue haciendo para beneficiar las pasturas ganaderas. En el norte cordobés, se quemaron muchos campos donde los feed lots vienen avanzando. La cría y engorde de animales a corral y en espacios reducidos tiene en los departamentos Ischilín, Totoral y Cruz del Eje los territorios de exclusividad, donde además los legisladores del oficialismo provincial buscan facilitar junto a CARTEZ la legalización de prácticas silvopastoriles y de rolado, haciendo del bosque sólo los árboles y bajo ellos pasturas y ganado vacuno (allí donde debería estar el fachinal o monte bajo con arbustos, herbáceas, hongos y fauna diversa)”.
Hecha la ley, hecha la trampa
Deón confirma que la Ley de Bosques establece la prohibición de eliminar bosque nativo para cambiar el uso del suelo después de los incendios, pero se pregunta quién y cuánto se controla eso: “Los controles no se hacen o se hacen y no se continúan cuando se clausura una propiedad donde se cometió una infracción por tala o desmonte”.
La actividad de desmonte no cesa, agentes del Estado provincial (Policía Ambiental) dieron a conocer que varios de los expedientes de desmontes en el norte de Córdoba han quedado cajoneados y allí el cambio de uso del suelo sí se hizo. Lo mismo que en zonas de Sierras Chicas y Punilla, donde, después de muchos incendios, se habilitaron circuitos de enduro y motocross. Los incendios benefician a grandes empresas, algunas de agro-ganadería, tal como se publicó en un estudio de Daniel Díaz Romero, del proyecto periodístico Sala Ambiental, quien investigó la relación de más de doscientos incendios intencionales de Pampa de Achala con la familia Becerra. O empresas de fideicomisos relacionadas a Agrocolor y Agro Empresa Argentina, empresas semilleras que prestan servicios del agro u otras que son contratadas por éstas. También algunas de demoliciones, como Mendiolaza Demoliciones, LJA Scavi, Retro Rental, Grupo Dinosaurio y empresas particulares “que limpian inmuebles sin fijarse en la ley vigente o que, conociéndola, acceden a realizar movimientos de suelos en zonas rojas o áreas de conservación, violando hasta fajas de clausura de predios realizadas por municipios o Policía Ambiental provincial, o aprovechando que los controles son escasos”, señala el investigador del CONICET. Además, el financiamiento para hacer los controles es muy escaso, está todo centralizado en la ciudad de Córdoba y la inmensa mayoría de los desmontes se hace a 50 kilómetros de la Capital.
Un trabajo de los Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca, publicado el 4 de septiembre de 2020, indica que, del registro de infractores entre octubre de 2013 y agosto de 2019, se resolvieron sólo 144 casos de las 635 intervenciones por infracciones forestales. Como ejemplo de esto, sólo en el informe de ejercicio del año 2014, se indica que se labraron 220 actas. Sin embargo, el registro de infractores cuenta únicamente con 47 expedientes de los iniciados en 2014, apenas un 21% de lo actuado en ese año. Además, los trámites resueltos demoraron en promedio 930 días (aproximadamente 2,5 años), con casos extremos como el del expediente 0517-003784/2004, que demoró 12 años en resolverse y en cobrarse una multa de $275.000, o el 0517-007256/2006, donde tras 10 años se abonó la irrisoria multa de $7000.
En cuanto a multas, la Policía Ambiental recaudó según el registro de infractores, $6.175.330 por intervenciones en el área forestal correspondientes a los 144 casos informados en el registro para el período octubre 2013-agosto 2019, con un valor promedio de $40.361 y valores tan bajos como $480. “Más allá del carácter recaudatorio, la pregunta que surge es si realmente los montos de las sanciones tienen algún efecto coercitivo para quienes pretenden seguir desmontando por fuera de la Ley”, dicen los guardambientes. Cabe aclarar que muchas veces esos desmontes son la chispa que luego terminan en incendios gigantescos. “Un antecedente no menor es el desmonte e incendio sucedido hace 4 años en la vieja Estancia La Overa en Salsipuedes, donde la empresa de Euclides Bugliotti, Grupo Dinosaurio, desmontó decenas de hectáreas para hacer la cancha de fútbol y el estadio donde practica la selección Argentina antes de los partidos que juega en el Kempes, además del Club Belgrano y otros clubes cuando hacen pretemporada en Salsipuedes”, aporta Deón.
Los 3 pilares del negocio de incendiar
Para el especialista de la UNC, la megaminería de canteras es uno de los vectores del negocio desarrollista. Estas empresas se instalan en áreas de consumo de triturado granítico que proviene de Córdoba y Sierras Chicas (mineras Gran Ombú, Cantesur, Grupo Mogote, Holcim) localizadas en áreas urbanas porque no hay ferrocarril -salvo Ferrocarril Nuevo Central Argentino- y la mayoría utiliza camiones para transportar su producción a las obras que el agronegocio proyecta en la región pampeana.
Este desarrollo minero junto al de la infraestructura de obra pública van de la mano. Por eso, no hay que descartar que la obra pública que está en el marco de la ley provincial 9.814 o las obras “de interés público” (autovías, lagunas de retención, diques) son proyectos que sí permiten cambiar la categorización del bosque nativo de áreas rojas protegidas a áreas verdes donde se puede desmontar. En algunos casos, se lograron frenar mega obras con la ciudadanía movilizada porque traían aparejado un cambio de uso del suelo destructivista y hermanado con el negocio inmobiliario (por caso, la Autovía de Montaña en Punilla o las lagunas de retención y diques en Sierras Chicas -Carapé, Cabana 3M, Santa Lucía).
“El avance minero se ha dado por la facilitación de un cedulón o de una nota de prefactibilidad después de los asados que se comen en El Gran Ombú, Cantesur u otras mineras con agentes de los municipios, miembros del Comité Técnico Interdisciplinario de la Secretaría de Ambiente y la autorización de la Provincia. Así ocurrió en Villa Allende, La Calera, El Manzano, y Salsipuedes”, denuncia Deón. En los cráteres que dejan las mineras, luego se solicita el cambio de uso del suelo, como pasó en Terrazas de La Estanzuela o La Deseada en La Calera, y se produce la destrucción de lo serrano con fines productivistas e inmobiliarios, los dos negocios van de la mano, como también la dependencia de arrendatarios y pequeños propietarios con la producción ganadera.
En este sentido, el geógrafo explica que “los pequeños productores se ven afectados por los incendios porque se quedan sin pasturas para los animales. Algunas son familias que cuidan el bosque, las sierras, pero, sin sustento, se tienen que ir y ahí avanzan la minería y los negocios inmobiliarios, es lo que se ve en la zona de San Fernando, entre Villa Allende y La Calera, que linda con Cosquín y Santa María”.
El otro eje son las actividades recreativas de élite junto al negocio inmobiliario urbano. Este vector de desarrollo propicia hacer de la tierra un negocio que incluye canchas de golf o circuitos de enduro y motocross. Las canchas necesitan mucha movilización del suelo, consumo excesivo de agua y agrotóxicos, que ponen en riesgo a las poblaciones locales con la fumigación para mantener el pasto. En tanto, los circuitos de motos y cuadriciclos, que por ley necesitan estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, han generado un desmonte enorme y han tenido participación en cinco grandes incendios (de entre 5.000 y 22.000 hectáreas) entre los años 2013 y 2020 en Sierras Chicas. Por ejemplo, en la Reserva Bamba, en la Reserva Quisquizacate y en la Reserva Villa Allende, es una actividad descontrolada, destruyen sitios arqueológicos e históricos, que son motivos de investigación, arrasan con lugares ancestrales, provocan accidentes contra transeúntes y ciclistas, y producen una creciente desecologización. Esto es, los vehículos motor facilitan la ruptura de las relaciones entre sociedad con la naturaleza. “Su impacto les sirve de excusa a empresas inmobiliarias, fideicomisos y mineras para solicitar recategorización de zonas rojas de la ley 9.814 por estar dañados los bosques por esta práctica, para pasar a zonas donde se puedan hacer usos mineros, cabañas, loteos o fraccionamientos de escala urbana”, advierte Deón.
Esos intereses llevan desmontadas más de 160 hectáreas para circuitos de enduro y motocross en Villa Allende, San Roque, Bialet Massé, Cosquín y La Calera, y fueron taladas 180 hectáreas para hacer canchas de golf como en el Terrón, Mendiolaza, por el grupo Tagle.
Lo mismo pasa en Candonga con un proyecto inmobiliario que está enclavado en zona roja de bosque nativo, hoy judicializado y con varias clausuras por parte de policía ambiental gracias a la lucha de la Asamblea de Vecinos del Chavascate contra Ticupil S.A. y Chacras Las Perdices. O el pedido de grandes terratenientes para que se cierre el camino público S-522 a San Fernando, que beneficiara a la minera El Gran Ombú S.A. (de Rubén y Nabila Lugón).
En este punto, Deón pone el acento en la política gubernamental de Córdoba: “Muchos de los directores de obras privadas de la Provincia y los Municipios, de los agentes públicos del IPLAM, de minería de la Provincia, del Ministerio de Agricultura o legisladores que a la vez son representantes o dueños de empresas locales y de empresas traslatinas, buscan avanzar en lugares no permitidos para poner en marcha nuevos procesos de renta de capital”.
La desecologización actual ataca la relación virtuosa, agroecológica, ambiental, para relacionarnos de manera violenta con la naturaleza.
Otra estrategia del agronegocio que señala el geógrafo es lo que se llama proceso de chacrarización de lo serrano. Consiste en subdividir grandes inmuebles en pequeñas parcelas o chacras que no superan los 20 inmuebles, evitando la ley de loteos que exige estudios de impacto ambiental y audiencias públicas. Esas chacras se comercializan y luego se vuelven a subdividir, o en ellas se construyen varias unidades con cabañas, casas o residencias de veraneo. «Pocas o ninguna vez se respeta la ley de bosques para estos procesos de subdivisión que pululan en las sierras», dice.
Espejitos de colores
Para obtener el apoyo de parte de la ciudadanía, estas empresas mineras ofrecen obras. “La megaminera El Gran Ombú propone lagunas de retención o embalses para poder cambiar el uso del suelo, la juegan de ambientalistas amparándose en la misma Ley de Bosques, que permite el cambio de uso del suelo si se realizan obras de interés público. Así se proyectaron decenas de embalses tras la inundación del 15F, pero las comunidades los frenaron, igual que al dique Carapé en La Granja, en plena Reserva Natural Ascochinga, donde los vecinos propusieron nuevas alternativas. En la Reserva Hídrica y Natural Los Quebrachitos, se frenó el proyecto de dique Cabana 3M, a metros de la Capilla de Buffo, y en Villa Allende estamos expectantes con el proyecto de embalse en Santa Lucía, en el camino de Pan de Azúcar, y con los más de veinte embalses que proponen grandes empresarios, quienes buscan beneficiarse con proyectos inmobiliarios en los perilagos de estos diques serranos que se harían con la anuencia del gobierno provincial y financiamiento internacional”, apunta el entrevistado. “No aceptan que es necesario decir basta al desmonte y ponerse a cuidar las cuencas y recuperar los bosques nativos”, agrega.
El megaproyecto provincial de traer agua del Paraná se explica por el descuido de las cuencas propias, que es cada vez mayor. “En lugar de facilitar la tierra en muchas manos, de promover la agroecología, la conservación, restauración y recuperación del bosque nativo, como lo proponen las comunidades del pueblo-nación comechingón, las familias campesinas, las asambleas socio-ambientales, la comunidad científica y la ciudadanía movilizada en general, el gobierno promueve el destructivismo con infraestructura, negocios inmobiliarios, agronegocio y avance minero, los cuatro vectores de la propuesta de desarrollo que operan capitales nacionales e internacionales”, precisa Deón.
Color cemento
El sector inmobiliario tiene muy aceitado el proceso del cambio de uso del suelo : “Como la ley 9.814 lo prohíbe, encontraron un camino al medio para saltearla a través de las leyes 9.841 y 10.004, que propone el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM). Ahí dice cómo cambiar el uso del suelo estableciendo, casi con los mismos colores que la ley provincial 9.814 de OTBN, pero invirtiendo su sentido”, explica el especialista. Así, el rojo establece las zonas prioritarias a ser urbanizadas, el beige la urbanización condicionada (aquella que sólo dejaría algunos árboles) y con el rosa las que se podrían urbanizar de manera diferida. En Villa Allende, se han dispuesto ordenanzas municipales para ello, como la 37/19, donde además, y afortunadamente, se restringe el avance de la minería.
El Plan IIRSA, que es la otra pata del desarrollismo, el segundo anillo de circunvalación, y a su vera los barrios cerrados, son estrategias para modificar el uso del suelo. “Esos programas de avance con el negocio urbano (como lo llama Ana Fanni Alessandri Carlos, 2015) lo están haciendo los municipios. La ley provincial del IPLAM (9.841 y 10.004) se actualiza cada dos años y siempre es en beneficio del desarrollismo minero e inmobiliario”, apunta Deón.
Para confirmar el avance urbano sobre la superficie serrana, el investigador recuerda que, en la apertura legislativa de marzo de 2017, el gobernador Schiaretti anunció la protección de 80 mil hectáreas de bosque nativo en Sierras Chicas, cuando, en realidad, hay 110 mil. “Incluso dejan que avancen las especies invasoras para poder cambiar el uso del suelo, deteriorando el bosque nativo, perdiendo este su categoría de nativo y ganando la de bosques mixtos. Con ello, se consideran bosques a intervenir áreas con cobertura vegetal que merece ser restaurada para volver a ser nativa plenamente y no recategorizada para justificar en la presencia de especies exóticas el cambio de uso del suelo”, señala el investigador de CONICET.
Otro punto crítico son las cuencas hídricas. “Se dejó quemar la Reserva Bamba, la reserva de Villa Allende, que son áreas de protección de cuencas que no están reglamentadas, es decir, áreas de conservación en el papel que otras ordenanzas posteriores no establecen qué actividades se pueden hacer o no y de qué manera se controlará su cumplimiento. En los incendios de agosto, se incendió la zona donde el gobierno provincial insiste que pase la Autovía de Punilla y, años atrás, se incendió donde se urbanizará La Deseada, donde antes se hizo minería, y en sus cráteres se puede ver desde Córdoba Capital cómo hoy pasan las calles hormigonadas por el bosque nativo para edificar barrios cerrados de elites, exclusivos”, sostiene Deón.
Para el geógrafo, las leyes 9.841 y 10.004 están pensadas para el avance inmobiliario en beneficio de grandes empresas que proyectan avanzar. Y en cuanto a los intereses mineros, el artículo 37 de la ley 9.814 permite la minería en zonas rojas, avalando la regresividad en materia ambiental, algo que está prohibido por la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “Para frenar estos procesos, es necesario que Sierras Chicas, que es la zona más afectada por el avance inmobiliario, reglamente y amplíe los límites de las reservas presentes en las cuencas hídricas, establezca mecanismos compensatorios para quienes ya vienen realizando el reguardo del monte con actividades de bajo impacto ambiental y se trabaje en la conservación de áreas naturales con la activa participación de las comunidades locales”.
Redefinir el Plan del Manejo del Fuego
“El plan de manejo del fuego no se usa para controlar los incendios, sino para que las cenizas se conviertan en negocios”, afirma desafiante el entrevistado, quien se apoya en datos: “Haberse quitado del cobro de impuestos el impuesto para combatir los incendios
fue un vector de facilitación del fuego, que se tradujo en falta de materiales, pedidos de aviones a la Nación, personal cada vez más escaso, falta de articulación entre bomberos voluntarios y autoridades locales, información errónea y confusa sobre incendios que seguían prendidos y se anunciaban apagados en los medios de comunicación, e impedimento por parte de la Provincia del ingreso de cuerpos de brigadistas de Chavascate, Cosquín, Río Ceballos y voluntarios de Unquillo para combatir el fuego y utilizar gente agotada, que tuvo 5 noches sin dormir en muchos casos”.
Por eso, señala que “la situación del Plan Provincial del Manejo del Fuego está cada vez más complicada, sin haber podido disminuir luego de 21 años la merma de los incendios forestales. Todo lo contrario, los incendios han crecido en magnitud”.
Como posibles soluciones, Deón propone capacitar a cuerpos de brigadistas, a voluntarios de asambleas de base que han combatido el fuego cuerpo a cuerpo: “Claro que para ello se necesita capacitación y equipos. Los brigadistas reciben capacitaciones de municipios, privados de campos pequeños y cuarteles de bomberos y bomberos profesionales. Son gente de apoyo en incendios forestales. En estos últimos incendios, hubo áreas de conservación que no fueron protegidas, presupuestos que se modificaron y no se han utilizado o se han congelado”.
Ante esta situación de precarización, muchos cuarteles de bomberos voluntarios cuentan con equipos porque se movilizan durante todo el año para tenerlos a través de donaciones, pero estos no sólo trabajan en incendios, también participan en accidentes viales y otros trabajos constantes, no sólo incendios. “Es necesario debatir los límites entre lo voluntario y el trabajo remunerado”, sostiene, y agrega: “Córdoba tiene más de veinte reservas que están en jurisdicciones municipales o privadas, y es necesario acordar con ellos el uso del agua y la prevención del fuego”.
Además, para bajar el riesgo de incendios, es fundamental “controlar que no se prenda fuego en lugares riesgosos, apoyar a los bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad que tienen que evitar esto. Es clave trabajar en equipo, estar atentos, que los caminos estén abiertos y no cerrados por mineras (como en Bamba) o grandes terratenientes que se apropian hasta de caminos públicos (como el camino a San Fernando S-522), monitorear de manera permanente, hacer picadas perimetrales cortafuegos en grandes campos y prohibir ingresos de motocros y enduro”.
*Por Camilo Ratti para Alfilo / Imagen de portada: Guillermo Galliano.
