¿Vicentin ya fue?
Por Huerquen comunicación en colectivo
«Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis y que, cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar la empresa, iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina«, declaró el presidente Alberto Fernández el pasado lunes 13 de julio.
La desazón presidencial por la falta de algarabía con el anuncio de intervención y envío de un proyecto de ley de expropiación es leída desde distintos ángulos (aparentemente antagónicos) como una capitulación.
En poco más de un mes desde el anuncio, el debate político ha sido intenso, con una enorme campaña de los sectores del capital concentrado a través de los grandes multimedios y hasta con movilizaciones en plena cuarentena. Por eso, “el tema Vicentin”, lejos de apagarse, sigue con agenda propia tanto en lo judicial como en lo político.
Sobre las maniobras de vaciamiento de los directivos de Vicentin, venimos aportando en estas páginas con copiosa información. Urge analizar el nuevo escenario.
Entrevero judicial
Francisco Caputo es abogado, trabajó con empresas recuperadas y, actualmente, con organizaciones como la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y el Instituto para la Producción Popular (IPP); es miembro fundador de la Red de Abogadxs por la Soberanía Alimentaria (RedASA).
Para que el común de los mortales podamos separar los elementos certeros del “pescado podrido” con que la discusión se embarra en los medios de comunicación, aporta una serie de consideraciones jurídicas, pero advierte: “Vicentin no es una cuestión de argumentos jurídicos, es una cuestión política en defensa de determinados intereses”.
El centro de las miradas está puesta en el concurso que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini en Reconquista. “Un juez que tiene un nivel de parcialidad a favor de Vicentin muy alto”,al decir de Claudio Lozano, actual director del BNA.
Le preguntamos a Francisco: ¿Qué es un concurso preventivo?
“Es una herramienta legal para evitar que una persona física o sociedad quiebre por su estado de cesación de pagos. El deudor pide su concurso, no pierde la administración, se suspenden los juicios y los pedidos de quiebra, se suspenden intereses y se hace una propuesta de pago que debe ser aceptada por un porcentaje de acreedores”.
“Una sociedad concursada puede ser expropiada, si lo que está concursada es la empresa, las acciones son de los accionistas. No hay interferencia con el juez del concurso. Digo esto porque se acusó al Poder Ejecutivo de pretender ejercer funciones judiciales. Nada que ver, solo dispone una expropiación de acciones y una intervención para asegurar la continuidad de la empresa”.
“Hay diversos tipos de intervenciones, como las solicitadas por los accionistas contra los directores. La intervención judicial en los concursos, que son dispuestas por el Juez a pedido del síndico o de acreedores en caso de mala administración, por ejemplo. También puede ser intervenida una sociedad cuyas acciones van a ser expropiadas, para que no se frustre la expropiación por conducta de los administradores”.
Además del concurso en Reconquista hay otras causas judiciales en curso.
Una es la causa penal que lleva en juez Julián Ercolini e instruye el fiscal Gerardo Pollicita en los juzgados federales, en la que, el 8 de julio pasado, se decidió la inhibición de bienes de todo el directorio e importantes funcionarios del Banco Nación en la gestión anterior que encabezaba González Fraga; y de los directivos del Grupo Vicentin, “los mismos que el juez comercial del concurso ha repuesto al frente de la empresa”, al decir de Lozano.
Al mismo tiempo, en Nueva York, avanza la causa que iniciaron allí un grupo de bancos internacionales acreedores de Vicentin; en el marco de la cual se disparó un relevamiento (“discovery”) de las transacciones de la empresa en el sistema financiero internacional para ver cómo desaparecieron 1.000 millones de U$S. Según Lozano, se estima que Vicentin habría sacado del negocio hacia cuentas particulares de accionistas en el extranjero unos 400 millones de U$S.
En esa causa neoyorquina, sí están los estados contables y el balance del 2019 de Vicentin, que, inexplicablemente, faltan en el concurso de acreedores de Reconquista.
Francisco aporta un dato adicional:“Del Registro de Propiedad de Santa Fe, surge que directores y accionistas de Vicentin, como Daniel Buyatti, Roberto Vicentin, Martin Colombo, Bettina Padoan, se desprendieron de bienes personales como propiedades, a través de trámites por donaciones, desafectaciones de bien de familia para ventas, hechos que fueron denunciados por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Todas operaciones de enero del 2020, es decir, inmediatamente después del anuncio de “estrés financiero” y cese del pago de deudas”.
La propuesta santafecina
Después del anuncio de la intervención y eventual expropiación del 8 de junio, y con la reacción del poder concentrado en curso, entró en escena la propuesta del gobierno de Santa Fe que encabeza Omar Perotti, que era anunciada en la prensa como «superadora y racional» frente al «arrebato populista» inicial, que el gobierno nacional acompañó.
Si la jugada de los directivos y accionistas de Vicentin a través de su juez amigo en el pago chico era lograr impunidad a una fenomenal estafa, el planteo de Perotti se inscribe dentro del concurso que lleva ese juez, y que también lo rechazó.
¿Qué pretende el Gobierno de Santa Fe?
“Evitar la expropiación, llegar a una estatización a través del proceso concursal y lograr la intervención conjunta del Estado Nacional y Provincial”, contesta Francisco y agrega: “La base del pedido es la ley concursal. La administración, según la ley, queda en manos de los directores de Vicentin, pero el gobierno santafesino sostiene con razón que, como las conductas de los directores están vaciando la empresa, se están insolventando personalmente y llevando a la empresa concursada al estado de cesación de pagos, son motivo suficiente para obtener la intervención de la administración. La idea es quedarse con el control societario (más del 50% del capital social de Vicentin), ya sea vía de capitalizar los créditos del Estado Nacional y provincial, bancos, AFIP, etc., ya sea vía de ejercer un salvataje judicial».
“Este camino depende de muchos factores. Para cualquier propuesta de arreglo, se necesita un porcentaje elevado, una mayoría de acreedores que representen un 66% del capital verificado. El crédito del Banco Nación puede ser impugnado por Vicentin, acreedores y/o sindicatura; una de las causas podría ser la connivencia entre los funcionarios del Banco y la concursada; es un riesgo. Obtener las mayorías requeridas no es tarea fácil. Este trámite podría durar quizá un año”.
Lo que viene aquí es una audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y la empresa que se dio ayer, miércoles 15 de julio.
El camino de la expropiación
Francisco dice “La expropiación es constitucional. La Constitución de 1853, con las sucesivas reformas, hasta la de 1994, mantiene la posibilidad de expropiar. Significa que el Estado pueda obtener un bien privado, amparándose en 3 requisitos: que sea por ley, que el bien sea calificado de utilidad pública e indemnizado (artículo 17 CN). La ley 21.499 reglamenta las expropiaciones y dice en su artículo 1: “Comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”.
Vicentin debe casi 100.000.000.000 de pesos a productores, cooperativas, AFIP, bancos públicos y extranjeros, etc.; además de la subfacturación comprobada de exportaciones en operaciones de triangulación con sus subsidiarias. Involucra 130.000 personas: sus 7.000 trabajadores directos y 28.000 indirectos, más sus familias; 1895 productores y 98 cooperativas; toda una economía en el norte santafecino. En el marco del comercio exterior de granos que es “sumamente opaco”, al decir de Lozano, y que es fuente de evasión, contrabando y fuga de divisas, controlado por un puñado de corporaciones, imbricado en cadenas de valor tras-nacionalizadas donde nuestro país se inscribe subordinado como fuente de commodities (naturaleza) y resignando su soberanía (política, alimentaria, económica, tecnológica, productiva).
El 9 de julio pasado, mientras las cámaras de todos los grandes medios transmitían en directo las movilizaciones “en defensa de Vicentin” en Santa Fe junto a las de Olivos y el Obelisco donde fueron agredidos trabajadores de prensa; en la propia provincia, hubo también una enorme movilización convocada por organizaciones sociales, gremiales y políticas en apoyo a la expropiación.
Allí, el diputado provincial Carlos del Frade planteó: “No hay nada más transparente que el debate en el Congreso de la ley de expropiación, para tener una empresa estatal con participación de los trabajadores, productores y cooperativas. Hoy, en este Día de la Independencia, sólo tiene sentido hacer flamear la bandera Argentina si la Argentina es propiedad de las mayorías y no de las minorías. La antinomia de hoy es: o ganan las mafias o gana la democracia”.
Para Francisco, “es totalmente viable la propuesta de una futura sociedad Vicentin estatal, donde el Estado Nacional y Provincial tengan el 50% más 1 del capital social con derecho a voto, y el resto de las acciones con derecho a voto sea para productores, cooperativas y trabajadores que accederían al capital social capitalizando sus créditos contra la empresa concursada”.
Para Lozano, “estamos en condiciones de transformar lo que ha sido una estafa, de las tantas de grupos empresarios importantes sobre el país, en la construcción de una herramienta pública, asociada con cooperativas para tener una intervención en el comercio exterior y la soberanía alimentaria”.
El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, ha sido de los primeros espacios en plantear la expropiación de Vicentin y su transformación en una Empresa Pública al servicio de la Soberanía Alimentaria con participación de trabajadores y productores; durante todo este tiempo, desplegamos iniciativas para dar esta disputa concreta y sostener el reclamo que va en sintonía con los 21 puntos elaborados en mayo de 2019 para otro modelo agropecuario en Argentina.
Claramente, «el tema Vicentin» continuará.
*Por Huerquen comunicación en colectivo / Imagen de portada: Matías Abucú.
