¿Quiénes sostienen los medios comunitarios?

¿Quiénes sostienen los medios comunitarios?
24 junio, 2020 por Redacción La tinta

Se habla mucho de los medios comunitarios, de la comunicación alternativa, las agendas contrahegemónicas, pero es poco lo que se dice acerca de lxs trabajadorxs de los medios comunitarios, alternativos y populares (CAP). ¿Cuántos son? ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿cómo lo hacen? y ¿por qué hacen lo que hacen? son preguntas poco atendidas por la academia, por el Estado y por ciertos espacios que nuclean estas experiencias.

Por Bianca De Toni y Carla Bilbao para Enfant Terrible

Las tensiones que atraviesan lxs trabajadorxs de medios CAP de Córdoba son múltiples y se agudizan en este contexto de pandemia: ¿compramos una antena nueva o nos aumentamos las retribuciones? ¿somos trabajadorxs o militantes? ¿trabajadorxs-militantes? ¿trabajadorxs de la economía popular? ¿nos afiliamos al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) o vamos con la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP)?

Acá, Bianca de Toni y Carla Bilbao hilvanan algunas claves para pensar y repensar el trabajo en los medios CAP.

Este miércoles 24, el CISPREN lanzará el Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadoras de la prensa y la comunicación (RETRAPREN) con la intención de conformar un registro provincial de todxs lxs trabajadorxs, inlcuidxs lxs trabajadorxs de medios autogestivos. Según la propia difusión del gremio, “servirá para profundizar el debate sobre las formas de trabajo que avanzan y no están contenidas en los esquemas tradicionales”. Por otro lado, hace pocos días, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Aunque a las cinco horas se bajó, se espera que vuelva a estar en línea para quienes quieran registrarse. Además, Juan Grabois, referente de la UTEP, a fines de mayo, le presentó al presidente Alberto Fernández el “Plan General San Martín” que, entre otras cosas, propone fomentar los medios comunitarios. Tanto el gremio de trabajadorxs de prensa como la organización gremial de la UTEP vienen teniendo una articulación con estxs trabajadorxs. La puesta en marcha de estos dos registros casi de manera simultánea reflota la discusión en cuanto a la asociatividad, agremiación y autodefinición de lxs trabajadorxs de medios comunitarios.

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(Imagen: Radio Comunitaria El Brote)

¿Por qué es importante que estos registros e iniciativas incluyan a estxs trabajadorxs? Para generar políticas públicas para este sector y porque hay muy pocos datos e información sistematizada por los gremios y la academia. Por eso, durante 2019 y 2020, realizamos una investigación en la que buscamos caracterizar específicamente a lxs trabajadorxs de radios y televisoras CAP de Córdoba, y lo que sigue son sus principales resultados y conclusiones. Al ser pionero este tipo de estudio en Argentina, podemos suponer que puede proyectarse una caracterización parecida en el resto del país.

Entonces, en Córdoba, ¿qué sabemos de estxs trabajadorxs? ¿quiénes son? ¿cuáles son sus recorridos? ¿cuál es su situación laboral? son algunas de las preguntas que nos hicimos pensando en cómo se relacionan sus condiciones laborales con la sostenibilidad de las radios y televisoras comunitarias alternativas y populares de Córdoba.

Algunas premisas para hablar de medios CAP

Según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la comunicación es un derecho humano, pero, además, es la primera legislación que reconoce a los medios CAP como prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Este tipo de emisoras se caracterizan por la participación de la comunidad en la propiedad y en la gestión del medio, no tienen como fin el lucro (art. 4, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual [LSCA]), e intervienen en el terreno simbólico para la creación de sociedades más justas (Segura et al., 2016). La nuevas condiciones de la LSCA generaron una multiplicación de medios CAP (Segura, et al., 2018 ) y también se empezaron a dar ciertos debates en cuanto a la situación de sus trabajadorxs. Pero después, con las políticas de ajuste y las políticas de comunicación implementadas por el gobierno de Cambiemos, muchos de esos debates quedaron truncos.

Lxs trabajadorxs de medios CAP en Córdoba

En el año 2019, relevamos 269 trabajadorxs de radios y televisoras comunitarias. En este relevamiento, sólo se incluye a quienes se ocupan del sostenimiento cotidiano de la emisora: garantizan la producción audiovisual propia, la salida al aire, la gestión institucional y económica, los vínculos socio-comunitarios y políticos; es decir, que no contempla a quienes tienen participaciones regulares, pero no diarias, ni a quienes realizan colaboraciones ocasionales. Según estimaciones del CISPREN, en la provincia de Córdoba, hay un total de entre 2500 y 3000 trabajadorxs de prensa. Según esta estimación, lxs de radios y televisoras comunitarias serían aproximadamente el 10% del total de lxs trabajadorxs de medios de la provincia.

Estxs trabajadorxs están repartidxs en 29 emisoras: 28 radios FM y 1 televisora, distribuidas en Capital y 20 localidades del interior de la provincia. Entre las fuentes de financiamiento históricas más utilizadas de estos medios, se encuentran la publicidad comercial, el Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y el Salario Social Complementario, programas de empleo nacional y provincial, pauta oficial de municipios, Provincia o Nación, y eventos de autofinanciamiento. La mayoría (el 86 %) de las radios y televisoras comunitarias destina fondos a retribución de sus trabajadorxs. Del total de emisoras en las que se destinan fondos para el pago de retribuciones, sólo en el 28%, todxs reciben una retribución por su trabajo. Estas retribuciones son bajas: de entre $3000 y $8500 que es el monto del Salario Social Complementario, muy por debajo del valor de un salario mínimo vital y móvil, que alcanza, desde su última modificación en octubre de 2019, los $16875. Por lo tanto, no es de extrañar el pluriempleo del sector. En el 95% de los medios, todxs lxs trabajadorxs tienen otro u otros empleos.

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(Imagen: Radio Sur)

En la mayoría de los medios (61%), hay entre 5 y 15 trabajadorxs, con una proporción equitativa de varones (52%) y mujeres (48%). La mayoría de lxs trabajadorxs tiene entre 20 y 50 años, y el promedio alcanza los 37 años. Su formación es alta, en el 86% de los medios, hay integrantes con estudios universitarios finalizados, la mayoría en carreras vinculadas a Comunicación Social y Periodismo. En un tercio de los medios, hay integrantes con trayectorias en el campo de la economía popular (trabajadorxs sociocomunitarios, artesanxs, albañilxs, pequeñxs productores). En el 41% de los medios, hay integrantes que, además, militan en otros espacios sociales y políticos como asambleas ambientales, centros culturales, organizaciones sociales, organizaciones por el derecho al hábitat y partidos políticos. Hay quienes, además, militan en política partidaria. Aunque el porcentaje es minoritario, su incidencia en la política local se mostró relevante en las elecciones municipales de cinco localidades cordobesas en 2019 en las que se presentaron candidatos provenientes de medios comunitarios y, en casi todos los casos, tuvieron buenos resultados electorales: llegaron al tercer lugar después de las dos fuerzas mayoritarias de Córdoba y, en un caso, obtuvieron la intendencia.

Casi la mitad de los medios comunitarios (43%) tiene vínculos con la UTEP que, a partir de un convenio con el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) realizado en 2016, es la que administra también para estxs trabajadorxs de la comunicación comunitaria el Salario Social Complementario que abona el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde la sanción en 2016 de la Ley de Emergencia Pública, y es la organización que impulsa también fuertemente el debate sobre la economía popular en el sector. En tanto, sólo el 7% de lxs trabajadorxs está afiliadx al gremio de prensa que es uno de los pioneros en el país en la inclusión de los trabajadorxs de prensa autogestionadxs a partir de la modificación de sus estatutos en 2002.

¿Trabajadorxs o militantes? ¿Con el CISPREN o la UTEP? Tensiones actuales

Como dijimos anteriormente, abordar el trabajo en los medios CAP no es tarea sencilla, por las tensiones que están presentes. Una de ellas es su autodefinición. Lxs trabajadorxs de los medios comunitarios se consideran ‘militantes’ y ‘trabajadorxs’, pero también trabajadorxs de la economía popular. Autodefinirse como ‘militantes’ se explica porque construir un medio CAP conlleva una militancia por el derecho a la comunicación y por una sociedad más justa, a la que se asocia con la gratuidad. Por otro lado, se reconocen como ‘trabajadorxs´porque hay una proyección personal en los medios y consideran la mejora de las condiciones laborales como parte fundamental de la sostenibilidad del medio. Y, por último, su autodefinición como ‘trabajadorxs de la economía popular’ se comprende a partir del recorrido iniciado por la UTEP, su vínculo con FARCO, el acceso a Salario Social Complementario y por sus militancias en medios CAP.

Sus recorridos y trayectorias abren una serie de interrogantes para comprender el trabajo de prensa autogestionado y la representación del sector, si a partir de su actividad, es decir, de su condición de trabajadorx de prensa, o a partir de su modalidad de trabajo sin patrón encuadrado dentro de la economía popular (Vinelli y Suárez, 2018).

Lxs trabajadorxs del sector tienen un vínculo más estrecho con la UTEP, a diferencia de la baja asociatividad al CISPREN. Esto se explica en parte porque las trayectorias y militancias de algunxs agentes se vinculan al campo de la economía popular. También porque el vínculo con la UTEP: 1) se convirtió en una herramienta fundamental para garantizar el principal ingreso de lxs integrantes de medios comunitarios de Córdoba: el Salario Social Complementario y 2) promovió entre lxs trabajadorxs de medios comunitarios la discusión de su papel como trabajadorxs de la economía popular.

Por otro lado, el bajo nivel de agremiación al CISPREN se puede comprender a partir de varios factores. En primer lugar, es baja la tasa de sindicalización de todxs lxs trabajadorxs del sector de la comunicación a nivel nacional. En segundo lugar, entre lxs trabajadorxs de medios comunitarios, prima una idea del sindicato asociado exclusivamente a las formas de producción regidas por la relación de patrón – empleado, y quienes afirman estar afiliadxs reconocen dificultades para su inserción en la estructura gremial y para su participación. Por último, lxs trabajadorxs priorizan las organizaciones en las cuales se participa de acuerdo con los beneficios que sea posible obtener. Entonces, por todas estas condiciones de producción y trayectorias, lxs trabajadorxs de medios CAP de Córdoba optan por priorizar los vínculos a partir del modo de producción -se enmarca dentro de la economía popular-, más que por la actividad.

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(Imagen: Canal 9)

Un aspecto importante para comprender la autodefinición y la asociatividad también lo son las opciones que realizan lxs trabajadorxs entre cobrar o no cobrar una retribución por su trabajo. Las opciones de no cobrar o cobrar por debajo de un salario mínimo vital y móvil se comprenden por varias razones. Lxs trabajadorxs de medios comunitarios, alternativos y populares de Córdoba se encuentran en una doble posición de desventaja: por las condiciones de precarización e inestabilidad laboral que demuestra la situación de lxs trabajadorxs de la comunicación a nivel nacional y por ser trabajadorxs de medios CAP que ocupan una posición marginalizada dentro del sistema de medios nacional. Además, las condiciones de pluriempleo y sus trayectorias en la militancia explican que se priorice la sostenibilidad de las emisoras antes que el cobro de una remuneración suficiente por su trabajo en ellas. Y algo no menor: estxs trabajadorxs se reconocen en lo que producen, les gusta su trabajo y se sienten cómodxs con las tareas que realizan.

¿Para dónde habría que encarar entonces? Si entendemos el rol fundamental que tienen los medios CAP en la democratización de la comunicación, como dijeron María Ana Mandakovic, secretaria general del CISPREN, y Silvana Zanelli, revisora de cuentas del gremio: “¿Cómo hacer, entonces, para que este sector tan necesario para garantizar la pluralidad de voces –siguiendo el espíritu de la LSCA- no sólo se consolide como productor de sentido, disputando agenda, sino también como espacios generadores de trabajo genuino y salarios dignos?” (2014, p.70). Además de seguir reflexionando, es importante insistir en la plena implementación de políticas públicas de legalización y fomento de medios comunitarios. Fortalecer las políticas de fomento como el FOMECA y pensar también políticas más amplias como en la línea de la iniciativa para el fomento de la pluralidad y la diversidad informativa. Pero también retomar las discusiones entre los gremios de trabajadorxs de la comunicación sobre la relación salarios – condiciones laborales y sostenibilidad de los medios comunitarios, y fortalecer espacios de articulación entre los espacios de asociación como son las redes de medios, el CISPREN y la UTEP para la disputa de demandas en conjunto.

*Por Bianca De Toni y Carla Bilbao para Enfant Terrible / Imagen de portada: A/D.

*Licenciadas en Comunicación Social e integrantes del equipo de Investigación “Sociedad civil, Estado, derechos y políticas de comunicación y la cultura”, radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (CIFFyH-UNC), dirigido por la Dra. María Soledad Segura.

Palabras claves: Cispren, comunicación popular, Medios de comunicación

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Mendiolaza y Anisacate: vecinxs iniciaron un proceso de revocatoria a sus intendentas

Mendiolaza y Anisacate: vecinxs iniciaron un proceso de revocatoria a sus intendentas
28 marzo, 2025 por Redacción La tinta

Dos intendentas en la mira de las comunidades que gobiernan. Adela Arning, titular en Mendiolaza por el PRO, y Natalia Contini, en Anisacate, asumida por el PRO, ahora confesa de La Libertad Avanza, ambas enfrentan un pedido de revocatoria de su mandato por incumplimientos en las gestiones locales. En Anisacate, la Justicia Electoral frenó el pedido, mientras que avanza en Mendiolaza. Para estas comunidades, la revocatoria de mandato se presenta como una opción legítima y necesaria ante el incumplimiento de las promesas de campaña y gestiones con graves retrocesos para el pueblo.

«Con nuestras firmas, la podemos sacar, no por cuestiones políticas, sino por la inacción y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo a todos los problemas que tenemos como comunidad”, expresaron vecinos de Mendiolaza semanas atrás. Palabras similares expresaban vecinos de la localidad de Anisacate, en el Valle de Paravachasca, donde cada vez hay más malestar, enojo y menos tolerancia. “Al principio, la gente decía: ‘Es nueva, hay que darle tiempo’, pero viendo como es su accionar, la gente ya no está teniendo tanta paciencia”.

Adela Arning es intendenta de Mendiolaza y, desde el año pasado, es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional PRO Argentina. Asumió el 10 de diciembre del 2023 y tiene mandato hasta el 2027, con el 25,8% y una diferencia de apenas 28 votos en relación con el segundo candidato, el justicialista Nicolás Martínez Dalke. Sustituyó al radical Daniel Salibi, que gobernó la ciudad del cordón de Sierras Chicas durante 24 años consecutivos. Conserva la figura de ser “apadrinada” por Mauricio Macri y ella misma ha manifestado que se involucró en política por él, en 2015. El año pasado, recibió al exmandatario, que construye una casa en la localidad. «Todos saben que siento a Córdoba mi provincia. Estoy feliz porque, producto de la insistencia y la persuasión de Manuel (Tagle), estoy construyendo una casa en Córdoba, por lo cual voy a pasar más tiempo en Córdoba. No empiecen con las especulaciones de si voy a ser gobernador. Por ahora, voy a disfrutar de El Terrón», expresó Macri en octubre del año pasado. 

Con su tono sobrio y el slogan de campaña de “vivir de manera ordenada, segura, sustentable y sostenible en el tiempo”, y la alternancia, capacidad e idoneidad como valores del ejercicio político, pasado el año y medio, no le ha sido simple la gestión a Adela Arning. Se ha enfrentado a múltiples conflictos, cuestionamientos y un pedido de revocatoria en marcha avalado por la Justicia Electoral. En una nota al diario Perfil, dijo: «Somos mujeres del PRO que les ganamos a hombres fuertes de la política, ellos ahora trabajan de esa forma y nosotros, desde el día uno, no dejamos de ordenar lo que dejaron».

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Imagen: La Política Online.

Se registraron grandes protestas en la ciudad frente a la intención de aumentar las tasas en un 165%, los despidos en la planta de empleados, la cuotificación de los sueldos de concejales y una crisis institucional en su equipo. Además, quejas sobre el servicio de recolección de basura o cambio de luminarias, denuncia por defraudación al fisco, el proyecto de ordenamiento territorial, entre una lista larga.  


El pedido de revocatoria fue impulsado por el vecino Alberto Dalmazzo, quien, en diálogo con La tinta, comenta el inicio del proceso: “Yo había empezado a recolectar firmas individualmente, tenía muchas, pero saltó el tema de que, en Anisacate, no prosperó el pedido de revocatoria a la intendenta porque había alguna irregularidad en la presentación. Entonces, consulté a unos abogados amigos que me asesoraron y, posteriormente, me presenté con los escritos en la Junta Electoral Municipal, ya que la jueza de paz también es la jueza electoral”.

En primera instancia, la jueza no le quiso recibir el escrito, luego, lo recibió, pero le manifestó que no podría darle una respuesta por el momento, ya que no estaba constituida la Junta Electoral local. La notificación se envió al juzgado electoral de Córdoba y, el 11 de marzo, la doctora Marta Vidal dio instrucción de rehacer la Junta Electoral municipal. “A los pocos días, me comunican que ya estaba constituida la junta, presenté otros escritos y, a partir de ese momento, comenzó el proceso de recolección de firmas. Con las firmas de entre 3 y 5% del padrón electoral, y con los argumentos que motivan la revocatoria, nos presentamos al Juzgado Electoral local para que ratifiquen todas las firmas ―únicamente pueden firmar las personas que hayan participado en la última elección―. Luego, tenemos 15 días hábiles para juntar el resto de firmas que equivalen al total del 10% y quedaría formalmente efectuado el pedido de revocatoria de Arning”, detalla Dalmazzo. 

Se habilitaría así un proceso donde asumiría algún concejal, mientras, en un plazo de entre 15 y 30 días, se realizaría un nuevo llamado a elecciones.

Natalia Contini asumió como intendenta de Anisacate el 10 de diciembre de 2023, tras ganar por 19 votos las elecciones en las cuales se presentó con el PRO, como parte de la línea halcona que lideraba Patricia Bullrich. Dejó atrás los 30 años de gestión de Ramón Salazar del PJ cordobés, quien judicializó el resultado electoral en su momento. Asumió y cumplió con dos de las promesas de campaña: sacó la estatua de Néstor Kirchner de una de las plazoletas sobre la ruta y comenzó una auditoría interna de la gestión anterior.

A los pocos meses de iniciada su gestión, instaló un local y creó el espacio Juntos por la Libertad, diciendo que sería el punto cero de la unión del PRO y LLA. Desde ambos espacios políticos, eluden su adscripción y, más bien, pareciera transitar un limbo de institucionalidad partidaria. Desde el inicio, ha replicado formas y prácticas mileístas, y en una entrevista reciente en La Voz dijo: “Yo me pasé sin pedir permiso desde el día que decidí apoyar al presidente en su gobierno. Confío plenamente en su plan desde que asumió, porque demostró que estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer”. 

Una de las integrantes de Vecinxs Autoconvocadxs de Anisacate, quienes llevaron adelante el pedido de revocatoria a la intendenta Contini, en diálogo con La tinta, nos cuenta que se fue volviendo tema de conversación en muchos grupos las múltiples situaciones de retrocesos que se viven en la localidad desde que asumió. De las charlas, se pasó a la conformación de un grupo virtual al que se fueron sumando más personas. “Alguien comentó que existía la posibilidad de revocatoria mediante la ley provincial y que era accesible a la ciudadanía para solicitarlo. Hicimos circular un cuestionario y comprobar que muchas personas querían adherir a la revocatoria. Así se decidieron a iniciar el trámite”.

Con buena fe, se acercaron a pedir información y comentar lo que iban a hacer al juez de paz local subrogante, quien también representa la Junta Electoral y quien les trabó el trámite en el comienzo. Tras negarse a iniciar el trámite, estuvo de licencia y no se pudo concretar el inicio del pedido de revocatoria. Pero, además, una de las vecinas fue intimada con pedido de restricción por una denunciada realizada por la intendenta por violencia de género, la que fue desestimada rápidamente por la fiscalía. Esta acción fue leída por lxs vecinxs como una práctica para infundir miedo, ya que cuenta con una articulación de todos los medios para poder hacerlo.

“Logramos presentar el pedido de revocatoria, no sin sospechas de qué podría pasar ante tantos obstáculos que tuvimos y si efectivamente podría prosperar o quedar archivado en un cajón. La jueza en reemplazo es quien dio inicio al proceso que estaba parado y, a partir de ahí, debían arbitrarse los medios para las firmas. Sin embargo, la jueza de paz, Marisel Ocampo, declaró inválido el proceso de convocatoria por falencias formales. Entre ellas, la certificación de las firmas. Necesitaban un motivo para que la revocatoria se cayera, ya que generó mucha inquietud ante muchos jefes comunales e intendencias que alertaron al Gobierno provincial de lo que podría generar este antecedente de prosperar”.

La comunidad autoconvocada sigue organizando cuáles serán las próximas acciones. En la presentación que hicieron, 20 hojas ocupaban la lista de incumplimientos e irregularidades de la función pública de Contini. «En estos días de lluvias, las calles son intransitables, 300 estudiantes no tienen cómo llegar a la escuela ―algunos están a 7 km― porque sacó el transporte escolar gratuito, con un aviso apenas 72 horas antes del comienzo del ciclo lectivo a través de TikTok. En lo que va de gestión, las tasas subieron casi el 600% el valor; si dos meses no pagás la tasa municipal, te llega un mensaje por WhatsApp de judicialización de la deuda. 


Apenas asumió, despidió a 80 empleados municipales antes de la Navidad e intervino un centro vecinal. Otro de los temas centrales es el abuso de autoridad y la persecución política; ante cualquier opinión externa que no le gusta, realiza una denuncia o el bloqueo en redes, también el mal manejo de las cuentas públicas, entre muchos otros temas”, detallaron vecinxs. 


Referéndum revocatorio como la posibilidad de subsanar las estafas electorales

Dalmazzo insistió en que su accionar es “sin banderías políticas, de ningún tipo, no lo hago bajo ninguna presión política y no quiero que nadie se quiera apropiar de esto políticamente, porque hay muchos que se quieren colgar de este tema. Pero esto es algo propio, sano de los vecinos, no quiero que la política ensucie este proceso, somos simplemente vecinxs”.

Más allá de los resultados que puedan darse en ambas localidades, hay algo que están mostrando estas acciones y es un creciente malestar ciudadano y una respuesta ante ello, el uso de mecanismos legales para la evaluación de los gobiernos municipales.

Paralelismos 

Nicolas Calvi es abogado y secretario general de Anisacate en Común, único partido vecinal de la localidad. En diálogo con La tinta, analiza estas prácticas que se están dando en las dos localidades: “La revocatoria de mandato es el remedio más eficaz contra las estafas electorales. En democracia, el voto es un contrato social entre la ciudadanía y sus representantes, elegimos a quienes gobiernan con la esperanza de que cumplan con lo que prometen. Pero ¿qué sucede cuando ese contrato se rompe? Cuando un candidatx dice una cosa en campaña y, al asumir, hace exactamente lo contrario, esto no puede ni debe ser gratuito. El referendo en un revocatorio es la herramienta que la ley provincial nos otorga para recomponer esa situación. Se trata de un instituto de democracia semidirecta que permite a la ciudadanía evaluar la gestión de un funcionario electo y, si corresponde, revocar su mandato”. 

En Córdoba, la Ley 8102 sobre el régimen de municipios y comunas establece en su capítulo 3 lo que concierne a revocatoria popular como mecanismo de control social y popular sobre quienes ejercen el poder. “A nivel municipal y comunal, este tipo de herramientas han tenido una mayor acogida legislativa, esto es así porque en el ámbito local, donde las relaciones de vecindad hacen más evidente la necesidad de rendición de cuentas de los funcionarios, lxs intendentes no son figuras lejanas, lxs vecinxs los conocen, los ven en la calle y sienten de manera inmediata el impacto de sus definiciones en su vida cotidiana”, detalló Calvi.

Para el integrante del espacio Anisacate en Común, es preocupante cómo destruyó la diversidad política de la comunidad. Hay un profundo malestar en quienes confiaron en su promesa de cambio y, hoy, se sienten traicionados. “Muchos consideran que su gobierno no es más que una gestión de ajuste y atropello, y en vez de ofrecer soluciones en un contexto económico crítico, actúa con autoritarismo y desprecio hacia quienes lo necesitan, y persiguiendo a quienes piensan distinto. En este escenario, la revocatoria de mandato se presenta como una opción legítima y necesaria. La democracia no se agota en las elecciones, es un ejercicio constante de participación y control ciudadano, y la revocatoria es la herramienta que nos permite corregir el rumbo cuando quienes gobiernan se olvidan de a quiénes representan y de qué prometieron. El poder no es un cheque en blanco. Cuando la política traiciona, el pueblo puede decir”.

*Por Redacción La tinta.

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Palabras claves: Adela Arning, Anisacate, Mendiolaza, Natalia Contini

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