Despidos y renuncias en los dispensarios de Traslasierra
A pesar de la aparente tranquilidad que se siente por ser “zona blanca” en el marco del aislamiento social obligatorio, la situación de los centros de salud en el valle cordobés está convulsionada. Cinco personas miembros del equipo de salud de Las Rabonas renunciaron hace 12 días a sus puestos tras situaciones de maltrato, falta de coordinación en salud y precarización laboral. El viernes pasado, en Mina Clavero, una trabajadora de la salud fue despedida arbitrariamente. Esto se suma a otros despidos que, de a poco, se van haciendo públicos.
Por Débora Cerutti para La tinta
Una peregrinación con la imagen de una virgen de yeso pasa a bocinazos, cánticos religiosos y barbijos frente a la casa de María Zazú, médica generalista y de familia, social y comunitaria, que, desde hace más de 22 años, trabaja en el sistema público de salud del valle de Traslasierra. Nenam, como la conocemos quienes hemos transitado los consultorios donde ha atendido, no se pausa, apenas contextualiza lo que está sucediendo en la calle y continúa hablando.
Hace poco más de una semana, ella, junto a cuatro miembros del equipo de salud del dispensario de Las Rabonas, dieron a conocer un comunicado a la comunidad en que manifestaban su renuncia. La noticia conmocionó al valle. Marcelo Matos (Unión por Córdoba), el intendente de la localidad, se mostró sorprendido y tildó de falta de ética la decisión del equipo de salud, compuesto por Lucila Lituab (trabajadora social), María Zazú y Nahuel López (ambos, medicina general), Eugenia Hochraich (odontóloga) y Paula Rodríguez (pediatra).
Lxs trabajadorxs del dispensario que presentaron la renuncia tuvieron varias reuniones con el jefe comunal, manifestándole su preocupación y la necesidad de que llevara adelante una coordinación clara, así como la toma de medidas ante situaciones de violencia que estaban ocurriendo en el lugar de trabajo. La renuncia deja en evidencia algo claro: la situación de descuido y dejadez en que está el primer nivel de atención de salud en Traslasierra.
Maltratos, ninguneo, falta de directivas
“El jefe comunal nunca dejó en claro ni nos manifestó al equipo de salud que el administrativo tenía potestades para decidir. Esta persona tomaba decisiones por su cuenta, decisiones que, muchas veces, ponían en riesgo la salud del paciente, otras veces, en cuanto al funcionamiento del centro de salud, manejo de insumos y demás. El jefe comunal fue puesto en conocimiento de cada una de esas situaciones por el doctor López y planteándole el descontento y la disconformidad del equipo”.
Tanto Nenam Zazú como Nahuel López coinciden en que la persona designada para la administración del dispensario fue violenta en su trato: “Lo principal e insoslayable es nuestra vivencia de haber sido maltratados. Es la primera alarma que se me encendió y la compartimos con compañeros. A partir de ahí, le pusimos un poco de cabeza e intento de objetividad a esas situaciones que nos estaban siendo tan emocionales y difíciles de transmitir a la comunidad porque fueron muy internas, de vínculos y se dieron desde el primer día hasta el último incluso. Por eso, quizás a muchos les parezca repentino e inesperado, pero las situaciones las veníamos charlando en reuniones de equipo y hasta en reuniones con el jefe comunal en más de una ocasión. No es que nos quedamos callados y, de pronto, un buen día, nos fuimos. Le intentamos dar una vuelta, pero no tuvimos respuesta ni aval. La comuna minimizó y relativizó nuestros reclamos. Elegimos no trabajar al lado de gente violenta”, me dice Nahuel López cuando me recibe en su casa, junto a su compañera Julieta y sus hijas.
Él trabajó en el dispensario desde el 10 de diciembre de 2019, cuando comenzó la gestión de Matos. Coordinó el centro de salud de Las Rabonas desde ese momento hasta su renuncia. En ese tiempo, llevó adelante un proyecto comunitario con participación y trabajo extra muros en la comunidad y en las diferentes instituciones y actores sociales.
Nahuel López decidió, por estos malestares, dejar la coordinación en marzo, rol que fue asumido por Matos, el jefe comunal: “Sin directivas, comenzó el aislamiento y el equipo de salud del dispensario de Las Rabonas se encontró sin saber si iba o no a atender pacientes sintomáticos febriles, sin contar con los elementos necesarios. Nadie dijo nada”, manifestó Nenam.
Al respecto, dijo Matos: “Yo estaba esperando que ellos se comunicaran conmigo. Les pregunto cuáles eran las directivas que querían ellos en época de pandemia y los protocolos los tienen como cualquier otro médico. Todavía no entiendo qué directivas pretendían ellos”. Con respecto a las situaciones de maltrato de parte del administrativo, el jefe comunal negó que el equipo de salud hubiese manifestado algo en relación a Guillermo Ríos que es, además, el chofer de la comuna.
Sin planificación en salud local
El proyecto sanitario que Nahuel había ideado está sin rumbo, pero era potencial en sus posibilidades: consistía en salir a hacer diagnóstico para poder establecer una estrategia terapéutica comunitaria. En ese plan, establecieron un equipo de trabajo y comenzaron a hacer talleres en espacios educativos como las escuelas públicas, articulación que sólo pudo ser llevada adelante durante tres semanas, ya que luego comenzó el aislamiento social obligatorio. Este plan de intervención territorial incluía investigación en epidemiología popular: rastreo, pesquisa y sistematización de datos para conocer la realidad sanitaria transerrana.
En los primeros operativos en las escuelas, participó todo el equipo de salud, incluida la pediatra que el jefe comunal niega que trabajara para la comuna: “Ella no estaba trabajando para la comuna. Iba a empezar en marzo, pero justo empezó el tema de la pandemia, no empezó a trabajar, creo que vino un día, no hay contrato, absolutamente nada con ella”, me dice Marcelo Matos cuando lo entrevisto en la puerta de su ferretería y despensa familiar.
El primer nivel de atención o Atención Primaria de Salud que es brindando en dispensarios y salitas de Córdoba padeció un proceso de precarización que data, por lo menos, del año 1995, cuando el ex gobernador Mestre descentralizó la salud de la provincia y se municipalizaron los servicios, pasando a depender de las gestiones municipales o comunales. Antes de esta reforma, existía lo que se llamaba el Programa de Salud Rural, que estuvo vigente muchos años en la provincia (y, en particular, en el valle de Traslasierra), donde trabajaban profesionales de la salud y agentes sanitarios que, luego, fueron absorbidos por los municipios con un rol socioterritorial clave, por su conocimiento de la comunidad y su capacidad para georeferenciar los problemas de salud.
Precarización laboral
Esta transformación, que vino de la mano de las reformas neoliberales en los noventa bajo el manto del menemismo, implicó una flexibilización de las relaciones contractuales de quienes trabajan en salud pública en dispensarios municipales: “A veces, son arreglos sólo de palabra. A veces, son contratos o locaciones de servicios y, a veces, es una boleta y dinero, pero no hay nada escrito en ningún lado”, manifiesta Nenam.
Doce días después de presentar la renuncia, no hubo ningún mensaje de parte del jefe comunal más allá de las repercusiones en los medios de comunicación locales: “La pelota quedó de su lado. Fue un acto más bien simbólico, porque no teníamos ninguna forma de contratación. Desde el 10 de marzo, no tuvimos más contratación alguna más que la palabra. Los sueldos se negociaron más de una vez, con cada persona de manera individual”, expresó Nenam.
Cuando se le consultó al jefe comunal Matos la situación de los contratos laborales, expresó: “Todos los que trabajan en la salud son prestadores de servicios. Entonces, hay un contrato que tampoco tiene mucha validez, porque, al ser prestadores de servicios, ellos facturan para nosotros. Es así como funciona”.
Negó que se le hubiese recortado el sueldo al personal, aunque ejemplificó que esto sí se realizó con la fonoaudióloga: “A ella, creo que se le sacó el 25 o 30 por ciento. Lo hicimos por una falta de presupuesto. Lo comprendieron ellos y por algo siguieron trabajando para la comuna. Recién este mes, se le va a reducir el sueldo a esa gente, porque este mes que pasó han seguido cobrando igual sin haber trabajado. Sí les habíamos pedido que nos hicieran el favor, que nos dejaran reducirle el sueldo un poco”.
La coparticipación de la provincia y los fondos FOFINDE se vieron recortados en este tiempo de pandemia. Ante esto, manifestó Nenam: “Las que hacemos salud pública sabemos que es así, le ponemos el pecho. Sabés que está dentro de las contingencias que sufre el municipio, pero fue como la frutilla del postre, no lo económico, sino ni siquiera existía un plan para proponernos a todos o decir ante todos por qué a cuál y tal se le toca el sueldo y por qué a tal otra sí o desafectás, y exponer tus fundamentos si creés que son válidos”.
Despidos arbitrarios y encubiertos
Cecilia Arrieta es odontóloga. Los dos últimos años, trabajó para la municipalidad de Mina Clavero, en tres dispensarios: el CIC, Cañada Larga y Río de los Sauces. El viernes pasado, recibió su despido por correo electrónico, firmado por Dante Bazán, el secretario de Promoción de la salud: «Como medidas de Aislamiento social obligatorio y sus sucesivas prórrogas, los centros de salud municipal sólo pueden atender en guardias mínimas, siendo que la actividad profesional que usted presta sólo es para las urgencias, las cuales se encuentran cubiertas por profesionales locales”. Con este acto, rescindía su contrato a partir del 30 de mayo.
Esto no es todo: en enero, Cecilia había sido despedida del dispensario de la comuna de Luyaba (localidad al sur del valle), donde trabajaba desde el 2016. La causa: reclamar un salario correspondiente con su rol profesional, igualitario al resto de lxs trabajadorxs de la salud de ese lugar: “Les pregunté si me pagaban menos que al resto de los médicos porque mi profesión valía menos o si porque era mujer. El jefe comunal, Ulises Altamirano, se hizo el ofendido y aprovechó y me despidió por Whatsapp, diciéndome que se sentía insultado con lo que le había dicho. Tomándose de que a mí no me podían pagar lo mismo que a un médico porque el médico generalista atendía entre 30 y, a veces, más personas en cuatro horas y yo no. Queda reflejada nuestra precarización laboral”.
Lara Fernández es médica. Trabajó en Mina Clavero por cuatro años, en tres dispensarios. Habían comenzado a organizarse con colegas por las pésimas condiciones en las que trabajaban, en la transición de gobierno. La asunción de la gestión de Dante Bazán vio con muy malos ojos esto que comenzó a realizar “persecutas”, afirma Lara.
Lara reclamaba, además, por su seguridad personal cuando subía a uno de los parajes rurales donde trabajaba: las ambulancias no estaban en condiciones (me cuenta que, una vez, se abrieron las puertas subiendo por las Altas Cumbres) y pidieron un seguro de vida. Algo básico.
Una semana después, fines del 2019, Bazán le informó que la sacaban de ese puesto y que la reubicaban. Ella siguió trabajando durante enero, pero a su contrato (que había vencido el 21 de diciembre del año anterior) jamás se lo renovaron y le avisaron que no lo harían el último día de enero.
El programa ambulatorio de atención a la salud quedó desmantelado. “Mi despido fue el inicio. A una profesora que trabajaba con nosotras no le renovaron, a mis compañeros le bajaron las horas. Más allá de la pandemia, todas las decisiones políticas han hecho que se pierdan estas cosas”.
*Por Débora Cerutti para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
