Ni la pandemia ni el frío frenan los desalojos en Córdoba
Vecinos y vecinas que llevan adelante una toma de tierras en barrio Cabildo denunciaron que, aún en medio de la cuarentena, un privado se presentó con una topadora en el asentamiento y derrumbó la vivienda de una de las familias.
Por Redacción La tinta
La crisis habitacional en la provincia de Córdoba no es una novedad. Familias hacinadas, alquileres por las nubes, requisitos inmobiliarios imposibles y falta de políticas públicas de acceso a la vivienda hacen que muchas personas sean, literalmente, expulsadas del ejido de la ciudad Capital hacia los márgenes.
Tal es el caso de las casi cincuenta familias que, persiguiendo el sueño del hogar digno, se instalaron hace un año -y algunas, un poco más acá en el tiempo- en un terreno abandonado de barrio Ampliación Cabildo, al suroeste de la ciudad de Córdoba, a más de 8 kilómetros de la traza de la Circunvalación.
A las complicaciones lógicas de vivir en una casa precaria hecha de madera y chapa -son pocas las familias que pudieron hacer sus casas de material-, el miércoles pasado, se presentó un problema aún más violento.
Eran alrededor de las diez de la mañana cuando un hombre no identificado llegó al predio junto con personal policial y una topadora. El empresario dijo ser el propietario del terreno, no presentó orden judicial y mandó a la topadora a demoler la vivienda de Facundo, uno de los vecinos. Era el único refugio que tenía para sus hijos e hijas.
«En pleno decreto de aislamiento donde el delito es andar sin portar barbijo, la Policía protege y avala el atropello de los derechos de personas que no tienen acceso a la vivienda digna, que sobreviven diariamente en condiciones insalubres, sin acceso a los servicios básicos que garantizarían una salud plena», expresaron lxs vecinxs en un comunicado.
Las mujeres del lugar lograron detener el avance de la maquinaria, pero, lamentablemente, eso no les brinda una solución tranquilizadora a su situación. Reclaman que se hagan presentes con carácter de urgencia referentes políticos para encontrar una respuesta a su necesidad.
Quienes sí se presentaron en el lugar fueron representantes de la Mesa Provincial por los Derechos Humanos Córdoba, que, al recibir la noticia, fueron a constatar que no se haya registrado un caso de violencia institucional.
«Fue un intento de procedimiento. Esta persona, un particular, dice ser el dueño de esas tierras y se presentó sin orden judicial, pero con una topadora y un móvil policial que no sabemos cómo consiguió. Pero no hubo una intervención del Estado en este desalojo, sino que era un privado intentando desalojar por sus propios medios a las familias», explicó Jésica Vega, responsable de Seguridad y Violencia Institucional de la Mesa.
En diálogo con La tinta, la abogada indicó que la toma está instalada sobre un terreno que es parte estatal y parte privado. Sin embargo, señaló que el conflicto actual se habría generado porque el privado tiene una plantación de soja colindante y que la proximidad con la toma no le permitiría hacer las fumigaciones.
* Por Redacción La tinta / Imagen de tapa: Colectivo Manifiesto.
