En qué estamos con la Ley de identidad de Género
Pasaron 8 años de la aprobación de la ley de Identidad de Género, sin embargo, todavía cuesta su aplicación efectiva. Gracias a las organizaciones, colectivos y activistas que luchan incansablemente, se avanza en la implementación, aunque queda bastante camino por recorrer.
Redacción La tinta
El 9 de mayo de 2012, el Congreso aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género. Quedó plasmado en letras el derecho de cualquier persona al reconocimiento de la identidad autopercibida, a ser tratadas conforme a ella y a la inclusión y el acceso a derechos. Una normativa que fue el resultado de una intensa lucha durante muchísimos años de las organizaciones del colectivo LGBTTTIQ+. En 2007, se presentó el primer proyecto de ley, a partir de allí, se presentaron más de cien amparos para el reconocimiento de la identidad de género sin patologización.
La norma expresa que toda persona mayor de 18 años puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de pila cuando no coincidan con su identidad de género, siempre que sea libre voluntad, sin distinción de edades, con un régimen especial si se tratara de menores, a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor. También debería hacer posible el acceso integral a la salud de todas las personas trans, el derecho a solicitar el acceso a intervenciones quirúrgicas totales -o parciales- y tratamientos integrales hormonales, para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida.
Rectificación registral
A la fecha, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó que más de 9000 personas tienen su nuevo DNI. De los cuales, el 45% de ellas tienen entre 20 y 29 años. Las menores de 19 años representaron un 14% y las mayores de 60, un 1%. Entre las personas que realizaron el cambio, el 72% autopercibe su género como femenino y la mayoría fueron en la Provincia de Buenos Aires (31,6%). En la Ciudad de Buenos Aires, 11,6% y Santa Fe 9,2%. En Córdoba, 934 personas tramitaron la rectificación registral con su identidad autopercibida.
Conversamos con Agustín Figueiras, quien nos contó su experiencia. En 2014, al momento de hacer el trámite registral, no tuvo mayores inconvenientes, “la empleada del registro civil no tenía ni idea, pero llevé una copia de la Ley e hicieron el cambio en el momento. Sé que muches tuvieron que rectificarla varias veces porque siempre había un error, pero no fue mi caso. Por suerte, en un mes aproximadamente, tuve mi DNI”. Según algunos testimonios, el acceso a la rectificación es diferente, dependiendo de las ciudades, mientras más grandes, más accesible y con menores inconvenientes.
Atención médica
“El único varón trans que conocía me recomendó ir a ver a su médica. Una experiencia completamente olvidable. Yo recién empezaba con todo este mundo, no entendía mucho, pero tenía algunas cosas muy claras: quién era y a dónde iba. Me dio la sensación de que, todo el tiempo, ella estaba poniendo en duda mi decisión y digo sensación porque yo no entendía bien si así tenía que ser la atención hacia las personas trans o no. En mis posteriores consultas médicas, seguí creyendo que tenía que ser lo suficientemente convincente para poder empezar el tratamiento», contó.
«Años después, terminó saltando la ficha de que la médica era transfóbica, homofóbica y una evangelista súper activa. Desconozco cómo llegó a atender a tantas personas trans”, agregó Agustín. Él continuó la búsqueda de endocrinólogx en su obra social, pasó por médicos sin capacitación en el tema, hasta que una de ellas le aconsejó ir al Hospital Fernández. «Allí, efectivamente, pude comenzar el tratamiento hormonal, un espacio súper recomendado de atención, con las trabas normales en un hospital público, pero con mucha predisposición». Así, demoró un año en poder encontrar un lugar que le garantizara el tratamiento, pero «todo lo que siguió a partir de este momento fue mucho mejor”.
Agustín reconoce que los contratiempos y las malas experiencias están “más relacionadas a la falta de información por un lado y, por otro, a la falta de capacitación del personal médico. Igualmente, no quiero dejar de resaltar que todo este trajín fue en el año 2013, un año posterior a la sanción de la ley y dos años previos a la reglamentación del artículo 11». Después de transitar hospitales públicos, decidió pagar una prepaga, Sancor Salud, y «batallé un año y medio más hasta que pude conseguir que cubrieran mis hormonas, después de muchas idas y venidas a la superintendencia de salud”.
La realidad de Agustín es la de la mayoría de las personas que deciden comenzar el camino de la transición hormonal. Deambular por espacios de salud hasta dar, si se tiene suerte, con espacios que puedan acompañar de una manera respetuosa e informada. La mayor fuente de información que existe en el país, en cuanto a atención médica, es un grupo de Facebook que se llama Datas masculinidades trans argentina.
En contexto de cuarentena, la atención de otras cuestiones de salud se ve resentida y esto afecta fuertemente a los tratamientos hormonales de las personas trans. En relación a esto, hablamos con María Verdugo, trabajadora social del Hospital de Cipolletti e integrante del consultorio de atención integral de personas trans, Claudia Pía Baudracco, sobre el funcionamiento del espacio en contexto de cuarentena. Nos explicó que se sostuvo la atención en el consultorio hasta la primera semana de mayo, un día a la semana, tal como recomendaron desde el Ministerio de Salud de la Nación para facilitar el acceso.
Hasta ahora, pudieron contemplar la situación de cada persona que acompañan desde el consultorio, atendiendo sus necesidades, pero están suspendidos los análisis de laboratorios hormonales, por lo que no pueden iniciar tratamientos, aunque sí dar continuidad a la atención y hormonización ya iniciada. No hubo faltantes de medicamentos de hormonización y están entregando lo suficiente para un mes y medio o dos meses. También, intentan difundir las acciones solidarias, en cuanto a la asistencia alimentaria y acompañamiento, realizada por las organizaciones de la comunidad.
Lo que falta caminar
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT), en su Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, publicaron que, en 2019, hubo 177 crímenes en el que la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio. De todos estos crímenes de odio registrados, el 44% (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos (21%) y muertes por ausencia y/o abandono estatal (79%); y el 56% restante de los casos (99), a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte.
La realidad es preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 implican un aumento significativo en relación a 2018, que fueron 147, y a 2017, 103.
“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y, sin dudas, significativamente muchísimo menor al real, ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”, explica el informe.
Finalmente, el Observatorio recomienda 21 puntos para ser atendidos por el Estado nacional. Explicita la necesidad de sancionar nuevas leyes, ampliar o modificar normativas vigentes, generar conciencia en la sociedad y en la población LGBTTTIQ+, garantizar el acceso a la atención de salud integral para las personas trans y a los mecanismos para construir su identidad de género y transformar sus cuerpos de modo profesional y saludable; promover el reingreso y la permanencia de las personas trans en el sistema educativo, entre otros.
En esta línea, y a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo, la Federación Argentina LGBT informó que le exigió a diversxs funcionarixs de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales la distribución inmediata de cajas que contengan alimentos, artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar. “La situación de vulneración de nuestra comunidad, en especial, las personas trans, antecede por mucho a la pandemia, pero este contexto la agrava profundamente”. Aún no han tenido una respuesta favorable.
A ocho años de aprobada la ley de Identidad de Género, aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar los recaudos necesarios para prevenir estas muertes y el deber de implementar medidas de acción positivas, orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron negadas. Dichas acciones están previstas en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional, que explicitan el deber estatal de remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.
*Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
