Legisladores contra la Ley Micaela: hablan de “Gestapo ideológica”
El legislador tucumano Ricardo Bussi, presidente del Bloque de Fuerza Republicana, junto a otros tres ediles, Walter Berarducci, Raúl Albarracín y Nadima Pecci, presentaron un proyecto de ley para rechazar la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela y hacer una propuesta de capacitación diferente. En la fundamentación del proyecto, se refieren al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como una “Gestapo ideológica” y piden que ONGs de Tucumán supervisen los contenidos de las capacitaciones en violencia de género.
Por Bruno Bazan para La nota
Tucumán es la única provincia del país que aún no adhirió a la ley 27.499 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta no es la única deuda que el Poder Legislativo tiene para con las mujeres y la comunidad LGBTI. La provincia tampoco adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable sancionada en el año 2003 ni al Protocolo de aborto no punible.
“En el artículo 1º, queda en evidencia un absoluto desconocimiento con el conflicto que quiere venir a solucionar la Ley Micaela”, sostuvo la abogada feminista Soledad Deza sobre el proyecto de ley. “La capacitación debería empezar de manera inmediata y urgente con la gente con que elaboró el proyecto”.
Dicha ley, carece de real sentido de lucha p/contribuir a educar c/la violencia. Por eso hoy, presentamos un proyecto q establece la capacitación obligatoria en violencia c/ la mujer, violencia fliar y derechos de niños, p/todos los empleados públicos de los 3 poderes del Estado pic.twitter.com/zEkvjwuSRL
— Ricardo Bussi (@ricardobussi) May 5, 2020
“En el artículo 2, se usa un giro lingüístico a lo familiar o la apelación a los derechos de los niños. Quita del ámbito de aplicación al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y la Secretaría de la Mujer que vienen trabajando este tema en Tucumán, y, en cambio, propone que el Estado articule con ONGs que trabajen derechos familiares. Cuando sabemos que, abiertamente en la provincia, estas ONGs son las mismas que están en contra del derecho de las mujeres, de las disidencias, de la adhesión a la ley de salud sexual 25. 673, son las mismas ONGs que se tomaron foto en la legislatura con el vice gobernador de la provincia cuando se rechazó el tratamiento del cupo laboral trans. Sabemos que ese tipo de ONG para nada se ocupa de la igualdad de género”.
Comparar al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con la policía secreta de la Alemania nazi es otro modo de estigmatizar y denigrar a las feministas. Decirlo en la fundamentación de un proyecto de ley resulta contrario a los estándares internacionales de derechos humanos y de género que Argentina se comprometió a promover. Los errores de redacción en la fundamentación y la escritura coloquial dan cuenta de la celeridad con la que este grupo de legisladores se proponen trabajar en contra de las leyes nacionales que buscan erradicar la violencia de género en nuestro país.
El artículo 5 de este proyecto busca aplicar el argumento de objeción de conciencia para la capacitación de los agentes del Estado, Deza afirma que “la objeción de conciencia es usada como una herramienta política para ir en contra de las políticas públicas”.
La fundamentación del proyecto concluye aludiendo a la defensa de “los valores que defendemos los tucumanos”, sin aclarar a cuales se refiere y negando el pedido expreso que miles de personas hacen por la adhesión de la provincia a esta ley. Las familias de las víctimas de femicidios, las cientos de personas trans y travestis que sufren discriminación y malos tratos cuando se acercan a las oficinas del Estado, y todas aquellas que, día a día, trabajan para poner fin a la violencia de género esperan que, en el poder legislativo, prime la legalidad y que el recinto deje de ser el lugar de encuentro de las ideas morales más conservadoras que habitan la provincia.
En la legislatura de Tucuman, periódicamente, se presentan proyectos que buscan impedir la adhesión de la provincia a los derechos y garantías fundamentales para la mujeres y la comunidad LGBT.
La contienda siempre se da argumentando que, por una lado, existen “los valores” que encarnan ciertos legisladores y, por otro lado, las leyes de nuestro país y del sistema internacional de derechos humanos. En Tucumán, siempre hay legisladores en contra de las leyes.
*Esta nota se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja.
*Por Bruno Bazan para La nota / Imagen de portada: Carina Ambrogi.
