Llueven críticas al gobierno de facto de Bolivia por aprobar uso de transgénicos
Bajo la excusa de la pandemia del coronavirus, Jeanine Áñez aprobó un decreto que permite la utilización de transgénicos, algo que viola diversos artículos de la Constitución del país.
El gobierno de facto de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, aprobó el decreto supremo 4232, que autoriza la utilización de semillas genéticamente modificadas (transgénicas) en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja. La norma, aprobada el jueves pasado y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia un día después, fue justificada por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y ante la necesidad de obtener alimentos en menos tiempo y con rendimientos superiores.
Óscar Ortiz, recientemente designado como ministro de Desarrollo Productivo, defendió el decreto argumentando que todavía no se aprobó qué semillas modificadas se utilizarán, porque eso estará definido en función al estudio técnico y comparativo dispuesto por el gobierno de facto. El funcionario afirmó que la nueva normativa “puede ser una respuesta importante para fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos a las exportaciones”.
La agencia EFE indicó que la medida oficial fue “alabada” por grupos como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Bolivia, un importante colectivo agroindustrial, especialmente en Santa Cruz, la principal región agrícola del país. La asociación estimó futuras ganancias de cerca de 2.800 millones de dólares.
Conocida la noticia, una lluvia de críticas cayó sobre la administración de Áñez. El presidente derrocado Evo Morales manifestó que “el gobierno de facto no tiene autoridad moral para decir que defiende la vida”, porque “nos mata con bala, nos mata de hambre y, ahora, nos mata con transgénicos”.
“Un gobierno de ‘transición’ –aseguró el ex mandatario- es para convocar a elecciones (y) no adoptar ilegales decisiones que comprometen nuestro futuro, como transgénicos para consumo humano, deudas con FMI (Fondo Monetario Internacional), cambios en modelo económico, reversión de tierras y concesiones mineras en favor de grandes empresarios”.
Por su parte, desde el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), exigieron la derogación inmediata del decreto y advirtieron que la medida pone en riesgo la diversidad genética de las semillas nativas y ocasiona serias afectaciones a la diversidad que tiene el país.
En el MAB -conformado por 38 instituciones, colectivos y organizaciones de productores-, anunciaron que interpondrán acciones y recursos legales nacionales e internacionales para la revocación el decreto, porque viola la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 071 del Derechos de la Madre Tierra, la Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el “Protocolo de Bioseguridad de Cartagena”, este último ratificado por Bolivia mediante la Ley 2274 del año 2000.
En un comunicado, el MAB demandó al Ejecutivo implementar una alimentación sana, mediante el fortalecimiento a la agricultura familiar con enfoque agroecológico, para, de esta manera, hacer frente a la pandemia. Impulsar la semilla transgénica, manifestaron, significa fortalecer los intereses de las cadenas del agronegocio y procesamiento de alimentos, que benefician a grupos económicos dominantes y no a la mayoría de los productores.
En declaraciones reproducidas por el diario La Razón, Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, también cuestionó la medida y aseguró que, en el Comité Nacional de Bioseguridad, hay “un conflicto de intereses”, porque está constituido por los ministros Ortiz, Eliane Capobianco y María Elva Pinckert.
Colque apuntó que, a diferencia de lo establecido en el decreto, el artículo 24 de la Ley de la Madre Tierra se prohíbe “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.
Desde la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), se sumaron a los rechazos y críticas, y remarcaron que, si el nuevo decreto se implementa, tendrá consecuencias en la salud y la ecología. Además, la organización calificó de “irresponsable” el tratamiento de la medida por parte del gobierno de facto.
En una declaración, los integrantes de AOPEB aseveraron que “nos resulta incomprensible e imperdonable que el gobierno, en una actitud irresponsable, abra el tratamiento de un decreto para apoyar el uso y promocione la producción de transgénicos. Cuando lo que, en estos momentos de crisis, se debería priorizar es la salud de los bolivianos, el cuidado de la tierra y el medio ambiente”.
Hasta los partidos políticos Comunidad Ciudadana (CC) y la Alianza Creemos (AC), aliados de los golpistas contra Evo Morales, expresaron, por separado, su rechazo al decreto que autoriza la introducción cultivos transgénicos. Carlos Mesa, ex mandatario boliviano y actual candidato de CC, declaró que “no es aceptable que un gobierno transitorio tome decisiones sobre un tema ambiental de alta complejidad política y sensibilidad social, que tendrá consecuencias de mediano y largo plazo”. Mesa señaló que la medida tendría que plantear “una evaluación seria de cualquier organismo genéticamente modificado, pero ajustado a los protocolos definidos en convenios internacionales”.
En tanto, Roxana Lizárraga, vocera de AC, afirmó que el único beneficiario del decreto aprobado por el gobierno de facto “es cierto grupo de empresarios, acostumbrados a vivir del Estado a través de créditos blandos y la subvención vía combustibles líquidos”. La representante de AC explicó que las semillas transgénicas “van a destruir la vida y la salud de los bolivianos, es decir, a corto plazo, si no nos vamos a morir de coronavirus, vamos a morir de cáncer porque los transgénicos producen cáncer”.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: ICEES – El País
