Catastróficas proyecciones de la pandemia sobre los derechos sexuales y (no) reproductivos
Según un informe de Naciones Unidas, si se prolonga 6 meses el confinamiento, las consecuencias serán alarmantes en el mundo sobre los derechos sexuales y (no) reproductivos debido a las prioridades de los gobiernos, los temores que despierta la posibilidad de contraer COVID y la obligatoriedad de quedarse en casa.
Por Redacción La tinta
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) publicó, el 27 de abril de 2020, una nota técnica denominada: «Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil». La misma revela datos sorprendentes del impacto de la pandemia sobre las identidades no masculinas en relación a los derechos sexuales y (no) reproductivos.
El artículo señala que la pandemia de COVID-19 «constituye la crisis de salud pública mundial de propagación más rápida en un siglo, con una mortalidad y morbilidad considerables, y que acarrea la aparición de desafíos socioeconómicos y de salud abrumadores».
«Los gobiernos están tomando medidas sin precedentes con el fin de limitar la propagación del virus, al tiempo que los sistemas sociales y de salud se enfrentan con dificultad al número creciente de casos, los cuellos de botella en la cadena de suministro, las restricciones de circulación y las presiones económicas», señalan desde la ONU.
«En los contextos humanitarios y frágiles, y en los países de bajos ingresos, donde tales sistemas son débiles de por sí, la pandemia está interrumpiendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva vitales. Además, está agravando las desigualdades sociales y de género existente».
Cabe destacar que los países que comúnmente se denominan “desarrollados” o de ingresos medianos-altos son los que están sufriendo el mayor impacto de esta crisis, por lo que vale la pena también analizar consecuencias en ellos. En Estados Unidos, al día de hoy, casi 34 millones de personas han solicitado el seguro por desempleo en las últimas siete semanas desde que se agudizó la pandemia.
Embarazos forzados
Más de 47 millones de personas con capacidad de gestar, de 114 países de ingresos bajos y medianos, podrían perder su acceso a anticonceptivos, provocando 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses a nivel mundial si el aislamiento se prolonga 6 meses, revela el informe. Y agregó que, por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos.
Son datos escalofriantes. Podemos analizar causas de estos efectos: en parte, tiene que ver con que no se está garantizando la continuidad de los servicios de salud sexual y (no) reproductiva en este contexto. Los sistemas de salud están poniendo su foco en la cobertura de la pandemia sin prestar atención a otras urgencias que hacen a la salud integral. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la anticoncepción y la interrupción legal del embarazo (ILE) son servicios de salud esenciales, es decir, impostergables. No pueden posponerse porque el impacto de negar estas prácticas provoca gravísimas consecuencias como detallamos anteriormente.
En la provincia de Córdoba, por ejemplo, queda a la buena voluntad de los equipos de profesionales que en cada centro de salud u hospital estén dando atenciones a estas demandas. Pero el problema es que la población general no tiene información clara sobre a dónde tiene que recurrir en caso de requerirlo.
Según el informe, el aumento de la pobreza por la disminución de la actividad económica agrava las desigualdades y las mujeres y niñas ahora corren el riesgo de perder su capacidad para planificar sus vidas y proteger sus cuerpos y salud. Es de destacar que solo un 32% de las personas en Argentina acceden a anticonceptivos a través del sistema público de salud. Es decir, que hay un porcentaje bastante importante de la población que hace uso de su obra social y prepaga para acceder a la anticoncepción. Sin embargo, estas entidades tampoco están priorizando esta atención. Y a esto, se suman las miles de personas que perderán sus trabajos y dejarán de contar con una aseguradora de salud.
Por otro lado, muchas personas por temor a exponerse y contraer COVID no concurren a los espacios de salud buscando ya sea anticoncepción o los servicios que garanticen la ILE. La estrategia de “quedate en casa” no contempló la difusión alternativa con estas excepciones. Hay estudios que recalcan la disminución de consultas por accidentes cerebrovasculares (ACV) o infartos, y esto no quiere decir que no haya, sino que no se está acudiendo al sistema de salud. Por lo que no dar información clara al respecto agrava el impacto sobre nuestra salud. Sería de utilidad poder garantizar espacios para acudir disminuyendo los riesgos de infectarse en contexto de pandemia.
Violencias en el confinamiento
La situación de encierro ha aumentado los casos de violencia y abusos en los hogares. Esto está vinculado con la convivencia permanente con abusadores y violentos, y con la dificultad de acceder a espacios de comunicación con otras redes de denuncia como pueden ser la escuela, espacios de trabajo, organizaciones sociales, entre otras.
En 2018, 2350 niñas menores de 15 años tuvieron unx hijx en Argentina, 1 cada 3 horas. Si profundizamos en los registros, el 84,4% fueron embarazos no intencionales, la mayoría consecuencia de abuso sexual infantil. A ello, se suma que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el 70% de los abusos sexuales a niñxs ocurren en los propios hogares. No contamos con datos de personas mayores de edad respecto a los abusos y violencias que solemos sufrir.
UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas-Argentina) revela que, si el confinamiento se prolonga, al menos, durante 6 meses, se prevén 31 millones de casos más de violencia por razón de género. Se espera que, por cada 3 meses que prosiga el confinamiento, haya 15 millones de casos adicionales de violencia de género.
Ante este panorama, creemos que urge reclamar la garantía de nuestras libertades reproductivas e instar a construir redes que nos habiliten la posibilidad de crear alternativas para que nuestra vida sea lo más digna posible.
