Gobernar es patrullar
La Gendarmería Nacional y la Policía Federal, que dependen del ministerio de Seguridad de la Nación, denuncian a personas que usan la palabra “saqueo” en las redes sociales, aunque sea irónico, aunque sea un niño, aunque sea solo una cita a imágenes del pasado. Mientras, en la provincia de Buenos Aires, los operativos contra internautas que viven en los barrios periféricos son televisados desde el helicóptero de Berni. La suerte de los usuarios queda sujeta al azar judicial: hay funcionarios razonables y de los otros. Ahora que casi toda nuestra sociabilidad está digitalizada, ¿se justifica la ampliación del poder estatal para vigilarla?
Por Luciana Bertoia para Crisis
Kevin Guerra tiene 20 años y se define como el más famoso de Balcarce, claro, después de Juan Manuel Fangio. Todo desde Twitter, su ventana al mundo desde que arrancó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para el 7 de abril, ya llevaba 18 días encerrado en la casa de su novia, había hecho el trámite para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y había estado matando el tiempo en la red. A las once de la noche, quiso hacer su reversión de un meme que había visto en otra red social y tuiteó: “Che, ¿qué onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, ¿no?”. Casualmente ese mismo día, la ministra de Seguridad Sabina Frederic había informado que las fuerzas de seguridad hacían ciberpatrullaje para medir el humor social. El tuit de Kevin no causó gracia entre los cibergendarmes y él terminó con una causa penal.
Para usuarios entrenados de Twitter, lo de Kevin no era más que una broma, un intento por ganar los corazones de la red social del pajarito. Para los gendarmes que bucean en el ciberespacio podía constituir una intimidación pública. Para el fiscal de Balcarce Rodolfo Moure, también. El 9 de abril, integrantes de la Subdirección Departamental de Investigaciones de Balcarce le notificaron que se le había iniciado una investigación penal. “En un grupo social donde participan 700 personas entendimos que era una amenaza seria como para notificarlo de sus derechos y avisar que nosotros sabíamos que podía tener un plan en su cabeza”, le explicó Moure a TN. “Si es un chiste o ironía, sólo lo sabe él. No estamos viviendo una situación como para hacer chistes en redes sociales”.
Un par de horas antes del tuit de Kevin, Frederic había estado reunida –en forma virtual– con integrantes de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Con tono docente y anteojos calzados en mitad de la nariz, la ministra había explicado las tareas que desplegaron las fuerzas federales desde que se decretó el aislamiento. Su cartera es una de las que mayor interés suscita entre los medios, especialmente cuando crece la idea de que al coronavirus se lo combate a base de cuarentena y Código Penal. Pero en los últimos días, el número de detenidos y autos secuestrados fue cediendo su lugar protagónico en la agenda mediática mientras el número de infectados y muertos por COVID-19 empezó a crecer.
La ministra contó que las fuerzas “patrullan” las redes para detectar el humor social y para trabajar sobre alertas tempranas. La legisladora porteña Myriam Bregman estaba siguiendo la teleconferencia y a ella también le sonaron las alertas. No participaba del intercambio porque ya no integra la Cámara, pero sí su compañero Nicolás del Caño. Los dos referentes del PTS intercambiaron mensajes y decidieron que había que volver sobre el tema. El diputado preguntó a Frederic si el ciberpatrullaje no era una forma de cercenar protestas en tiempos de encierro.
“Ciberpatrullaje no es espionaje. Eso quiere decir que lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes. Ustedes saben que si no fueran públicas no usaríamos las redes”, le respondió la ministra.
La madre de la criatura
Patricia Bullrich salió rápidamente a defender la técnica que había explicado su sucesora en la sede de Gelly Obes. El de Bullrich no era justamente el espaldarazo que Frederic quería conseguir. Durante la gestión cambiemita, se instauró el ciberpatrullaje y se detuvo a tuiteros por protestar contra el presidente Mauricio Macri.
La primera fuerza que se dedicó a monitorear tuits y posteos fue la entonces Policía Metropolitana, una creación del macrismo porteño. De hecho, la primera causa que terminó con un procesamiento por una amenaza en redes contra la familia de Mauricio Macri tras su llegada a la Casa Rosada fue a raíz de una denuncia hecha por el Área de Cibercrimen de la Metropolitana, una división joven que, entre otras tareas, se había dedicado a investigar los dispositivos electrónicos del fiscal Alberto Nisman tras su misteriosa muerte.
El 5 de marzo de 2016, Cibercrimen estaba haciendo el “ciberpatrullaje de rutina” –según escribió el juez Ariel Lijo– y detectó un tuit de una usuaria que llamaba a matar a la chiquita –en referencia a Antonia Macri, la hija menor del entonces mandatario. El tuit había tenido poco impacto en las redes hasta que lo detectaron las huestes tuiteras macristas y lo mostraron como un ejemplo del hostigamiento que sufría el presidente y su círculo íntimo. La Policía Metropolitana reportó el caso ante Lijo y él ordenó tareas de inteligencia para detectar la identidad y el domicilio de la tuitera. Cuando la indagaron, la mujer dijo que estaba furiosa por haberse quedado sin trabajo tras el cambio de gobierno. Negó que quisiera matar a Antonia y que tuviera medios para hacerlo. “Fue una estupidez”, se lamentó. De todos modos, terminó procesada por amenazas. El juez entendió que había vertido expresiones de odio que tenían réplicas a ambos lados de la grieta y sostuvo que por su procesamiento no se iba a restringir el debate público.
La arista menos conocida del caso es que, al detectarse el tuit, Lijo notificó al Departamento de Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina (PFA) para que tomara medidas para proteger a Macri. Esas medidas tuvieron un costo de 48.500 pesos, según dijo la PFA y por eso también podría tener que responder la mujer procesada. Pero el impacto importante no es el económico: instaló una nueva dinámica dentro de esa área de la Federal. Desde entonces, ese fue el departamento que centralizó las denuncias contra tuiteros por supuestas amenazas contra el mandatario, incluso si copiaban canciones de cancha.
La incursión de la PFA en el ciberpatrullaje llegó oficialmente al año siguiente, tres meses después de que le hackearan la cuenta de correo y de Twitter a la propia Bullrich –según reconstruye un trabajo publicado por la Asociación por los Derechos Civiles. En marzo de 2018, Bullrich creó la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito al interior del Ministerio, que quedó a cargo de Pablo Lázaro, ingeniero informático y maestrando en Inteligencia Estratégica en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Frederic entró con el pie izquierdo en lo que a delitos informáticos se refiere. Al día siguiente de asumir, le hackearon la cuenta de Twitter. Para entonces, la Dirección de Ciberdelitos del Ministerio tenía ocho empleados, inclusive Lázaro –que siguió al mando del área hasta marzo de este año, días antes de que Alberto Fernández decretara el aislamiento. Ahora la planta de la Dirección quedó reducida a la mitad. La permanencia de Lázaro, dicen, no hizo más fácil el acceso a protocolos o a una memoria institucional que explique cómo funcionó durante los últimos dos años y cuál era el rol que tenía la repartición ante las áreas de ciberdelitos que tiene cada una de las fuerzas federales.
Memorias del saqueo
La causa de Kevin se inició por una denuncia de Gendarmería, la misma fuerza que despidió a Bullrich regalándole un sable. La que fue destinataria de las críticas de Frederic por su rol en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y en el peritaje en la causa Nisman. Hay quienes perciben en su proactividad una vocación de cerrar filas con el nuevo gobierno.
La Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería denunció, por ejemplo, ante el juzgado de Federico Villena a un tuitero que publicó un hilo en el que se lamentaba por haber dejado pasar su oportunidad en 2001 y que iba a ir a saquear el supermercado Coto en ese mismo momento. La fiscal Cecilia Incardona pidió determinar desde dónde se había tuiteado y dictó medidas de prevención en la zona del centro comercial, pero no llegó a solicitar que se indague y se detenga a la persona.
A otra fiscal federal del conurbano le llegó una denuncia similar, también proveniente de Gendarmería, pero de la Dirección de Investigación Criminal. Era un chico que decía: “¿Me acompañan a saquear el chino?”. La fiscal entró a la cuenta en cuestión, vio que se trataba de un pibe de catorce años y que tenía un único “Me Gusta” en su publicación. Terminó de leer la denuncia y la desestimó.
El resto de las fuerzas también están involucradas en el ciberpatrullaje. La Policía Federal denunció ante el primer juez que estuvo de turno en Comodoro Py durante la cuarentena, Luis Rodríguez, lo que ellos consideraban posibles incitaciones a saqueos. La fiscal Alejandra Mángano pidió medidas de prueba y el juzgado pudo identificar que la cuenta había posteado desde Rosario, por lo que es probable que la causa viaje hacia esa jurisdicción.
La Federal también tuvo un momento destacado al denunciar que un hombre estaba viralizando un video en YouTubre que decía que había un piso del Hospital Posadas dedicado íntegramente a personas infectadas por coronavirus y que esto no figuraba en los registros oficiales. Hubo un allanamiento ordenado por el juez federal de Morón Néstor Barral. La PFA secuestró una computadora y todavía está peritándola. Nadie resultó detenido.
Las provincias unidas
La disputa entre Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni, ya dejó de ser noticia, pero tiene sus réplicas cada tanto. Un día después de que la ministra hablara del ciberpatrullaje ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Berni armó su propio operativo –con helicóptero incluido– para ir a la caza de tuiteros.
La causa se originó por una presentación de la Bonaerense ante el juzgado de Barral, denunciando que había personas que alentaban saqueos en redes y pidiendo veinte allanamientos. Berni se tuvo que conformar con cinco, pero la policía no se privó de tirar algunas rejas al ingresar a las viviendas. Ninguna persona quedó detenida a disposición del juzgado federal. Sólo una fue llevada a la comisaría por tenencia de arma de fuego, causa que tramita ante la justicia provincial.
Como tercera posición entre Berni y Frederic emerge Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe. En la provincia, hay cuatro detenidos por supuesta intimidación pública. Algunas fueron denuncias hechas al 911 y otras producto de la vigilancia de la Agencia Criminal de Investigación. Sain cree que el ciberpatrullaje es una técnica que puede ser útil. “Me parece que estamos ante una discusión estéril y una pérdida de tiempo”, dispara. “Recorro la red como un patrullero va recorriendo la ciudad. Si está convalidada la vigilancia policial, ¿por qué esto no? Si es sobre información pública, no hay ningún problema”, dice.
Como la mala suerte
“Yo no entiendo por qué toda esta discusión”, protesta una fiscal federal que destaca por su buena técnica, cuando se la consulta sobre las policías monitoreando redes.
Para muchos operadores judiciales el ciberpatrullaje es una herramienta más. Se la utiliza desde hace mucho tiempo. Es cierto que muchas veces los jueces o fiscales le piden a las fuerzas que monitoreen redes ante determinadas hipótesis delictivas, pero en esos casos las policías están funcionando como auxiliares de la justicia y no de forma autónoma, como parece estar ocurriendo ahora.
El destino de quienes son investigados muchas veces varía de acuerdo con la suerte: ¿dónde cae la causa? Durante la cuarentena, esa lotería es aun mayor. Algunas van a la justicia federal y otras a la justicia local. ¿Cuántas andan dando vueltas por los tribunales federales? Estiman que menos de treinta.
Horacio Azzolin es el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Él estuvo en contacto con el Ministerio de Seguridad y con los fiscales federales que están de turno e investigan estas denuncias. “Los delitos cometidos en internet están creciendo y el Estado no puede estar ajeno a la detección”, explica. Ejemplos abundan: pornografía infantil, trata, venta de armas, estafas. Para él, la respuesta pasa por no dejar ventanas rotas ni para quienes buscan cometer delitos serios ni para las arbitrariedades de las fuerzas. “La detección se debe hacer con un protocolo estricto, operadores capacitados y sólo para los delitos más graves”.
Para el fiscal Federico Delgado, el patrullaje es inevitable. “Como la mala suerte”, dice. “No nos espantamos desnudándonos ante Google, pero nos jode que el Estado, cuya gramática es la ley, mire qué dice la gente en público. Sin embargo, me parece una torpeza que se inicien causas penales por las pavadas que la gente dice. Ni siquiera creo que sea mala leche. Es un drama cultural. Nuestros funcionarios, policiales o administrativos, cuando huelen un delito automáticamente hacen la denuncia. Y si bien ellos tienen la obligación de denunciar, también tienen un margen para distinguir entre lo que vale la pena y lo que no vale la pena”.
Para Delgado, un civil en el Ministerio debería revisar la información antes de que las fuerzas remitan una denuncia. “Creo que hay un falso progresismo que, así como pide una app para prevenirse del contagio del COVID-19, se asusta frente al ciberpatrullaje que es, básicamente, la función primordial de las policías: prevenir los delitos en la esfera pública”.
Ceci n´est pas un espía
El viernes pasado, Frederic convocó a un grupo de organizaciones para debatir el borrador de un nuevo protocolo. La idea del Ministerio es que esas directrices rijan mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La reunión fue ríspida. Aunque el encuentro fue virtual, los bloques parecen solidificados. Hay, por un lado, quienes consideran que la cuestión puede saldarse con un protocolo en el mientras tanto, como sostiene el gobierno. Pero la mayoría cree que hay cuestiones demasiado delicadas en juego como para escapar a una discusión en el Congreso. El problema es que el Congreso no está funcionando, y mientras tanto el “ciberpatrullaje” sigue.
Hasta ahora, el gobierno entiende que las fuerzas deben controlar las redes sociales para identificar posibles delitos o establecer alertas tempranas en fuentes digitales abiertas –que define como medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad. Lo que no aparece en el borrador del protocolo es cómo se ciberpatrulla. Preguntas sencillas como si hay un uniformado sentado todo el día frente a una computadora o si las búsquedas son realizadas automáticamente por un programa.
“Yo lo único que les digo a las fuerzas es que no me traigan información que no sea pública”, dice un juez federal consultado para esta nota.
La discusión sobre el acceso a información privada –como el ingreso a un correo o las escuchas telefónicas– está saldada. No hay posibilidad de que las fuerzas lo hagan sin incurrir en un delito grave. La preocupación del magistrado está contemplada en el protocolo, que prohíbe la interceptación de comunicaciones. De hecho, la única oficina habilitada para hacerlo es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) del Poder Judicial, tristemente célebre como Ojota. Durante la era macrista, Bullrich buscó la vuelta para descentralizar a la DAJuDeCo. Firmó un convenio, por ejemplo, para que la PFA tuviera sus propios locutorios en el Departamento Central de Policía y así evitar ir hasta el edificio de la calle Los Incas. Los boxes siguen ahí, y gozan de buena salud. En la Corte insisten en que no hay peligro con la descentralización.
Sin embargo, la discusión más álgida pasa por el concepto de lo “público”. Para un grupo de organizaciones que integran la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) –el CELS, Fundación Vía Libre e ILSED–, el ciberpatrullaje es una forma de vigilancia masiva en redes, una práctica que está prohibida y que afecta tanto el derecho a la privacidad como la libertad de expresión. “El patrullero está identificado y el policía tiene uniforme. Sin embargo, en el ciberpatrullaje no sabés quién se está metiendo en las redes ni cómo lo hace”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, organización que asumió la defensa de Kevin Guerra.
Las redes, en tiempos de COVID-19 y aislamiento, son las ventanas, las aulas y las calles donde sostenemos nuestra sociabilidad. Si un policía no puede retratarnos cuando estamos en la calle ni acercarse de civil a escuchar una asamblea en la universidad o seguirnos cuando vamos a una marcha a protestar a Plaza de Mayo, ¿por qué en las redes todos somos potenciales sospechosos?
*Por Luciana Bertoia para Crisis / Imagen de portada: Ezequiel García.
