Denuncian represión y detención arbitraria a miembros de la Comunidad Originaria en Aconquija
Miembros y autoridades de la Comunidad Originaria Diaguita Aconquija denunciaron públicamente la detención, maltrato y represión arbitraria de diez comuneros y cinco vecinos de la localidad. «Nosotros intentamos proteger la salud del pueblo frenando, de alguna manera, el ingreso irregular de camiones paperos de Tucumán y, por ende, frenando la posibilidad de ingreso del coronavirus en Catamarca», expresaron.
Por Redacción La tinta
Madres, padres de familia y ancianos de la Comunidad Originaria Diaguita Aconquija se organizaron, el pasado sábado 18 de abril, para impedir la circulación de camiones paperos, tras conocer que los coches no estaban cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes al ingreso y tránsito en la provincia de Catamarca a través de Aconquija.
«Nos vimos en la responsabilidad, junto con otros vecinos de la localidad, de concurrir al puente del Río Las Chacras a verificar tal situación irregular. Allí, se presentó la policía local con un grupo de Infantería de nuestra provincia, nos secuestró los celulares, nos aprehendieron y sujetaron sin mediar diálogo. Encontrándonos nosotros con barbijos, en actitud pacífica, sin resistirnos, la Infantería, infringiendo los protocolos y decretos presidenciales, nos golpeó, nos insultó, nos obligó a permanecer arrodillados por horas con las manos en la nuca, precintados, sin poder movernos», expresaron desde la comunidad.
Además, acusaron que las fuerzas de seguridad «arrojaron el símbolo de nuestra identidad, la wiphala, al río».
«Uno de los comuneros fue empujado desde el puente y, de milagro, no cayó al vacío, otra recibió tal golpiza que tuvo que ser hospitalizada. Exigimos el informe de los médicos de turno con los moretones que tiene en su cuerpo. Los hermanos aprehendidos estuvimos incomunicados y hacinados: 12 hombres, uno de 71 años de edad, sin medidas de seguridad sanitaria en un solo calabozo de 2 m x 2,5 m, violando, de esta manera, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y el protocolo de seguridad», continuaron en su relato.
Las personas detenidas fueron liberadas después de 22 horas, gracias a la acción conjunta de la organización comunitaria local, el SERPAJ, que activó una red de solidaridad, así como las denuncias contra el accionar de la Policía y de la fiscal a cargo, Soledad Rodríguez, a través de la puesta en conocimiento a los organismos competentes en materia de derecho indígena.
«Estábamos en reclamo por el riesgo que supone el accionar irregular de los camiones paperos, velando por la salud de nuestros hermanos para evitar posibles contagios del COVID-19 con personas que ingresan de la vecina provincia de Tucumán, donde ya tienen muchos casos. No queremos que nuestros abuelos, padres, hermanos, hijos y familiares estén expuestos a tremendo peligro, más aún, teniendo en cuenta las muy precarias condiciones de nuestro hospital y sus trabajadores», remarcaron a este medio.
La comunidad hace décadas que denuncia a la industria papera por usurpar, contaminar y saquear bienes territoriales como el agua y sitios ancestrales.
«Lamentablemente, a pesar del DNU 297/2020, se sigue priorizando el rédito económico por sobre de la salud. ¿Por qué los usurpadores del Campo del Pucará pueden pasar libremente por nuestro pueblo y detenerse en cualquier lugar sin que las autoridades les llamen la atención, pero, cuando nosotros salimos a reclamar por la salud de todos, se nos detiene como a delincuentes peligrosos?», concluyeron.
* Por Redacción La tinta
