Las mineras vienen (y siguen danzando) – Parte 3
Comunidades originarias, que habitan territorios cercados por minera El Aguilar en la puna jujeña, se encuentran con los caminos de circulación interna bloqueados, sin posibilidad de acceder a alimentos ni medicamentos en el marco del Covid-19. En esta tercera parte del informe sobre la situación del extractivismo minero en el país, narramos la situación en la provincia gobernada por Gerardo Morales.
Por Débora Cerutti para La tinta
I.
Aislados y encerrados, con caminos internos bloqueados, sin tener la posibilidad de circular para buscar provisiones ni medicamentos. Parajes habitados ancestralmente por la comunidad originaria Casa Grande, Vizcarra y El Portillo quedaron aislados por el bloqueo interno llevado adelante por el Comité de Emergencia local, que integra, entre otros actores, la Minera El Aguilar. El camino fue bloqueado con montículos de tierra de manera inconstitucional: inhabilitan un vía principal que comunica los diferentes parajes rurales y es el ingreso/salida hacia Abra de Corayá (Ruta provincial 14) y el pueblo de Humahuaca.
La comunidad está dentro del perímetro minero. En los noventa, Jujuy tuvo una ley de expropiación, donde el gobierno expropió tierras (con muchas irregularidades como pago de precios exorbitantes a los empresarios propietarios), exceptuando El Aguilar: las tierras nunca fueron restituidas. Cuando la empresa obtuvo el título de propiedad, lo hizo con sus antiguos pobladores dentro “permitiendo” que las comunidades vivan allí. Un caso paradigmático de lo que la feminista italiana Silvia Federici ha nombrado como el cercamiento de tierras y de cuerpos. Cercamiento de comunidades preexistentes a cualquier empresa minera. En cuanto a lxs trabajadorxs de la mina, viven en lugares que les presta la minera en la zona que se denomina El Molino. Cuando dejan de trabajar (despido, jubilación u otro motivo), se ven obligadxs a abandonar lo que fue su casa por años o décadas, me cuenta Edgardo Manchado, quien trabajó muchos años en proyectos de agua en la zona como miembro del Programa Social Agropecuario (PSA) y, luego, de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).
II.
En mayo del 2019, minera El Aguilar cumplió noventa años de explotación de plomo, zinc y plata en territorio puneño. En numerosas ocasiones, las comunidades indígenas que allí habitan han denunciado la contaminación del agua y la expulsión que la minera ha provocado de sus antiguos pobladores: gente que ha tenido que irse de los lugares cercanos al emprendimiento minero a otros lugares más alejados para poder seguir sembrando y criando sus ovejas, sus llamas.
Beatriz Sajama pertenece a la comunidad indígena Casa Grande, Vizcarra y El Portillo, que se encuentra dentro del territorio cercado por Mina El Aguilar, en el departamento de Humahuaca, Jujuy. Son 65 las familias que viven en los distintos parajes y 120 el total de jefas y jefes de familia censadas.
Beatriz es parte e impulsora de un grupo de mujeres que trabajan con el tema de cuidado ambiental desde el año 2014 y que se denomina “Mujeres defensoras del hábitat natural de la comunidad”. Sus abuelxs se dedicaban al pastoreo. Su papá y dos tíos fueron empleados en El Aguilar. Algunas mujeres de su familia han ido a trabajar en el campamento minero en el staff como servicio de limpieza: “He vuelto a la casa de mis abuelos hace un tiempo. Mis familiares que vivieron ahí, en la comunidad, se han ido muriendo con enfermedades bastante duras, como cáncer de intestino, de estómago. Con leucemia, con problemas respiratorios. Mi padre murió hace dos años teniendo problemas pulmonares. Ellos, toda su vida, han nacido en la mina, se han criado ahí”, me dice Beatriz, en un relato donde se llena los pulmones de aire para poder contarlo.
Ella empezó a pensar lo drástico de esas muertes tan cercanas. A preguntarse a consecuencia de qué. La curiosidad y el dolor la empujaron a volver a El Aguilar, a conocer su comunidad, la de su familia y la manera en que se estaba organizando: “Me acerqué con trabajo, ayudando, con niñxs, con talleres y ahí surge el grupo de mujeres”.
¿Cómo se mueve la minera en un territorio del cual se apropiaron hace tantos años? ¿Qué es lo que hace que los empleados de la minera hagan silencio respecto de lo que pasa en los campamentos? Las respuestas son simples: impunidad y confidencialidad: “Cuando queremos hacer protestas, los empleados no participan. O les echan del trabajo o están constantemente amenazados. Así, surge este grupo de mujeres que mayormente somos de familias de mineros y estamos en eso, denunciando lo que pasa”, dice Beatriz.
Desde hace un tiempo, llevan adelante monitoreos en la cuenca de la que obtiene el agua la minera. Así, han podido verificar que, en muchas casas, el agua sale oscura, turbia, hasta grasosa. Las mujeres toman nota y exigen que se tomen muestras en el lugar. La empresa dice que el agua está bien.
El 80 por ciento de las familias depende de las mineras, me dice Beatriz: “Nuestra incidencia tiene que ser importante. Hemos podido presentar observaciones, en muchos años la comunidad no ha hecho eso. Está, además, en conformación el Observatorio Socioambiental de la Quebrada y de la Puna. Pero, con esta cuarentena, no se puede avanzar”.
III.
En el marco del aislamiento social obligatorio, se ha conformado un Comité de Emergencia local en El Aguilar. Allí, participan el intendente municipal Sergio Alejo, representantes del hospital, clubes y un Centro Vecinal, el Sindicato Obrero Minero El Aguilar, la iglesia y, por supuesto, la empresa a través de su gerente, Ignacio Palacios.
En ningún momento invitaron a las comunidades originarias: “Dentro de lo que es El Aguila,r hay tres comunidades. Casa Grande, Vizcarra y El Portillo, que conforman una sola comunidad, La Poma y Vicuñayoc. Hay una cuarta, Unión y Fuerza, no institucionalizada, pero que fue la única que fue invitada a participar. Cuando nos enteramos que la persona que representa esta comunidad estaba en el COE, dijimos: pero cómo, nosotros que somos de la comunidad, que estamos en el campo, no estamos allí. Esto está mal”, afirmó Débora.
La comunidad Casa Grande-Vizcarra-El Portillo le presentó una carta al gerente de El Aguilar, pidiéndole que, por su intermedio, solicite a los responsables del Comité de Emergencia Local la habilitación del camino bloqueado con montículos de tierra, puesto que, además de ser inconstitucional y haberse realizado sin la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, el bloqueo prohíbe el paso y deja aisladas a las personas. Las familias se ven impedidas en la búsqueda de provisiones necesarias y no cuentan con distribución de formularios de permiso de circulación.
Cuando pudieron acercar una nota al intendente para participar y pedir el desbloqueo del territorio, la respuesta fue “cuiden ustedes los caminos”. Ante esto, la comunidad decidió comunicarse con el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer. Le enviaron una nota: “El intendente nos quiere responsabilizar del cuidado de la circulación de vehículos en caso de habilitar el camino cerrado. No es función de nuestra comunidad controlar la circulación de ingresos y salidas de vehículos”. Desde hace más de una semana, no hay respuestas de ninguna parte.
IV.
Panorama Minero, El inversor minero y energético, y Mining Press son tres plataformas de periodismo al servicio de las corporaciones. Allí, se pueden encontrar noticias vinculadas a los intereses de la industria y el sector minero. Hace unos años, cuando realizaba una investigación vinculada a las violencias desplegadas en torno (y en relación) a las comunidades que resisten la avanzada del modelo minero, frecuentaba esos sitios web. Para escuchar qué dicen, cómo hablan, cuáles son los deseos del capital extractivo.
Hoy, leo en una de esas plataformas que Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, participó hace unos meses de la presentación del Plan de inversiones que pone en el centro del escenario al litio. Allí, la Minera Exar anunció inversiones por 160 millones de dólares en el proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en la Puna jujeña, en el marco de una nueva asociación de Lithium Americas con Ganfeng Lithium y con el nuevo impulso nacional de Alberto Fernández.
En un lugar donde no hay señal, donde no hay luz eléctrica de tendido continuo y sólo las escuelas tienen paneles. Donde algunas casas todavía usan mecheros y velas para alumbrarse. Allí, en ese territorio, se pregunta Beatriz: Si un niño recibe, por el plan nacional, una computadora, ¿dónde carajo la enchufa, dónde la carga? La respuesta del gobierno viene siendo ampliar la extracción de minerales para nuevos teléfonos celulares y computadoras.
La decisión de profundizar la matriz extractiva minera de litio, plata, plomo y zinc fue anunciada desde el gobierno de Jujuy y a través de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos a fines de febrero de este año: afianzar la industria minera, fomentar la exploración en articulación con todos los actores relacionados con esta actividad.
V.
Gerardo Morales fue presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN) y, desde el 10 de diciembre de 2015, momento en que asumió su gestión junto al macrismo, se encargó de vender Jujuy al mundo como la “Capital Nacional de la Minería”, a la vez que criminalizaba toda protesta social y metía presa a Milagro Sala. Gerardo Morales fue también quien declaró Jujuy como “Capital Nacional de la Pachamama” desde la Secretaría de Asuntos Indígenas en julio de 2017. Ironía, cinismo, impunidad: capital de la minería y de la pacha, todo junto.
Desde las filas gubernamantales provinciales, llevaron adelante una política que hacía alarde de una buena infraestructura en relación a rutas y caminos, un aeropuerto internacional, pasos internacionales a Chile y Bolivia, zonas francas, parques industriales en desarrollo, universidades e institutos de investigación abocados a impulsar el desarrollo minero.
Esta política tuvo repercusión: las inversiones en desarrollos mineros en la provincia aumentaron y esto se vio reflejado en los trabajos en proceso de la ampliación de la empresa de litio Sales de Jujuy (Orocobre-Toyota Tsusho-JEMSE), el avance en la construcción de Minera Exar (Lithium Americas, Ganfeng, JEMSE) y la actividad de la mina Chinchillas, de plata, plomo y zinc, operada por SSR Mining y, actualmente, en proceso de producción. La exploración ha crecido también en proyectos de litio, específicamente, en los salares de Jama, Olaroz y Cauchari. Además, SSR Mining y Glencore avanzaron en la exploración de minas. Al 1 de febrero de 2020, existían 30 Informes de Impacto Ambiental vigentes y 36 en evaluación.
Orocobre, la minera australiana que opera en Jujuy, firmó dos contratos con empresas asiáticas para realizar envíos de litio desde el proyecto Olaroz a China. El acuerdo es por 10080 toneladas en tres años. En marzo de este año, se comenzó a exportar el mineral para la producción de baterías para la industria tecnológica y automotriz, según anunció Martín Pérez Solay, el Managing Director (sí, así se presentan) y CEO de la empresa por aquel entonces.
Miguel Soler, Secretario de Minería e Hidrocarburos, señaló que la minería es, desde 2010, el principal complejo exportador de la provincia superando los US$300 millones en 2018, con cifras que ascienden a los miles de millones en potencial minero a partir del 2025.
Hay números que hacen eco y otros no: en Abra Pampa, la localidad donde funcionó una planta fundidora de plomo hasta 1987, todavía persisten en el aire las 60.000 toneladas de escombros contaminantes que la empresa abandonó. Los restos mineros en Abra Pampa se sacaron hace unos años y, en su lugar, construyeron un teatro griego. El plomo en la sangre de sus habitantes, los casos de cáncer provocados por la contaminación ni siquiera están registrados oficialmente.
VI.
¿Quién es Gerardo Morales en contexto de cuarentena? Un video de un hombre anda circulando por las redes sociales. En el mismo, se ve al contador Dilo Quintar, dueño del hotel Fenicia, en el que se encuentran albergadas más de 200 personas que retornaron a la provincia de Jujuy desde distintos territorios y puntos geográficos. In-Morales, como le llama al gobernador provincial Edgardo Manchado desde su confinamiento en Maimará, está obligando a las personas que vuelven a sus casas en la provincia a permanecer en cuarentena en un hotel y a pagar mil pesos por día de cuarentena más comida. Y a pagar los análisis para detectar la presencia de cepas del coronavirus que provoca el Covid-19.
En un video, Quintar denunció que el gobierno provincial no se esté haciendo cargo de un gasto mínimo de 160 pesos por día por persona confinada en el hotel. Entre esas personas, se encuentran trabajadorxs minerxs provenientes de San Juan, despedidxs por Techint, una de las principales contratistas que trabajan junto a Barrick Gold en el proyecto Veladero. Trece personas sin trabajo y con custodia policial en la entrada del hotel, despedidas sin reincorporación después del parate por la pandemia.
Los últimos dos datos de cuarentena que hacen a Gerardo Morales un precursor de la estigmatización y la violación a derechos humanos en este contexto de pandemia global son inadmisibles: el 3 de abril, echó de Jujuy a 61 inmigrantes, obligándolos a subir a un micro rumbo a la ciudad de Buenos Aires. El 14 de abril, anunció que pondrán fajas en las viviendas de posibles infectados con coronavirus.
La última: Morales decidió descontarle el sueldo a los docentes en el rubro vinculado a presencia frente al aula, en momentos donde el aumento de las exigencias hacia lxs trabajadorxs de la educación se vuelven aún mayores en cuanto al proceso de digitalización de las aulas, en el marco del aislamiento.
Mientras la desidia estatal en Jujuy se convierte en parte del paisaje pandemial, la zona rural donde viven las familias de comunidades originarias, dentro del predio de la mina El Aguilar, se organizan para resistir el ingreso del virus en los pulmones, realizando barbijos y solucionando la falta de alimentos y medicamentos de manera comunitaria.
► Leé la primera parte sobre la situación extractivista en la patagonia argentina.
► Leé la segunda parte sobre la situación extractivista en La Rioja, San Juan y Catamarca.
*Por Débora Cerutti para La tinta.
