Las cooperativas en el ojo de la pandemia: alianza estratégica e integración social como salida
La economía social y solidaria es uno de los sectores más perjudicados en un escenario que preocupa y que tiene (y tendrá) a la producción en cuarentena. ¿Qué medidas se están tomando desde Nación? En esta nota, Marta Gaitán y Pablo Tissera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) grafican el panorama actual y ponen en horizonte algunas proyecciones del mundo del cooperativismo.
Por Redacción La tinta
Las cooperativas no escapan al golpe económico que la pandemia trajo bajo el brazo. Las empresas regidas por la solidaridad y el cooperativismo como valores fundamentales vienen de cuatro años de crisis y el Covid-19 se agrega a un paisaje que requerirá de aún más organización entre lxs trabajadorxs que conforman este sector de la economía. La tinta habló con Marta Gaitán, Presidenta de la Secretaría de Género del IMFC y con Pablo Tissera, Gerente de la Filial Córdoba -de la misma federación, de la cual este medio forma parte- para tener un pantallazo del impacto de la cuarentena sobre las cooperativas y las últimas medidas estatales implementadas.
—¿Nos pueden caracterizar un poco cómo están viendo este panorama cooperativismo/coronavirus?
—Venimos de cuatro años de implementación de políticas neoliberales a partir del gobierno nacional de Mauricio Macri, que produjo un escenario totalmente hostil para el sector de la economía social y solidaria en general, y para el cooperativismo en particular… como lo fue también para las micro, pequeñas y medianas empresas en general, entendiendo y concibiendo a las cooperativas como empresas de carácter solidario. La recesión económica con inflación que se produjo en estos cuatro años llevó a una caída en la actividad muy importante y, encima, con una apertura de las fronteras y con una visión de libre mercado que llevó a que los índices de desocupación aumentaran y, con ellos, los índices de pobreza e indigencia. Esto, más la política de endeudamiento muy marcada que llevó también al país hoy a estar trabajando en la re-estructuración o el reperfilamiento de la deuda, que era lo que se venía trabajando hasta la pandemia.
De allí venimos y, en diciembre, empezamos a visualizar un cambio de rumbo con las nuevas autoridades nacionales… un cambio de rumbo en la política, ¿no? Hay una clara finalidad de cambiar ese modelo de apertura indiscriminada de las importaciones, marcado por la especulación financiera y la exclusión social, por un nuevo rumbo -caracterizado con las primeras definiciones- hacia un modelo de carácter productivo y de inclusión social.
—¿Cuáles son las medidas que están incidiendo directamente en el sector cooperativo?
—Hay tres grandes medidas: el Programa de Asistencia a la Producción y el Empleo, de apoyos a las empresas cooperativas o no cooperativas que tengan hasta 100 trabajadorxs en relación de dependencia, ahí, decíamos que entra una parte del sector cooperativo; la asistencia financiera que es general, con un fondo de garantía de la nación, FoGAr, para pagar sueldos, principalmente, para consumos básicos. La otra pata es la Resolución 111 del Ministerio de Trabajo que atiende directamente a las unidades productivas autogestionadas, llámense cooperativas de trabajo, con estos apoyos a lxs trabajadorxs que van en esta línea de recuperar estos tres programas de la década kirchnerista.
La Resolución 111 retoma tres programas de la gestión anterior a Macri: en el 2004, Programa de Trabajadores Autogestionados; en el 2006, Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción y, en el 2010, Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT). Estos programas que se retoman de aquella época podemos traducirlos en apoyos concretos para las unidades productivas autogestionadas (cooperativas de trabajo) y para sus trabajadorxs, de la denominada Línea 1, que se trata de un subsidio mensual que sirve para complementar el ingreso de cada cooperativista, y, mediante esta resolución, fue elevada a un monto de 6500 pesos durante un período máximo de 24 meses; y el reflotamiento de la Línea 2, que se asigna para capital de trabajo con la posibilidad de que se presenten proyectos para la inversión productiva y poder acceder a financiamientos determinados por tal razón. Eso se puso en vigencia a partir de la semana pasada para que puedan acceder todas las cooperativas de trabajo.
—¿Podemos profundizar en los decretos que involucran al sector cooperativo?
—Por un lado, como marco, tenemos una la Ley 27.541, que es la que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y, luego, los decretos 260 y 297: en el primero, se amplía la emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de un año y, el segundo, se declara el aislamiento. Después de estos decretos marco que se alinean con lo de la OMS, comienzan los decretos que van en esta doble línea: defender como prioridad la salud de todxs lxs argentinxs y, por otro lado, mantener, en la medida de las posibilidades, las actividades económicas del pueblo argentino.
Entonces, tenemos que hacer una primera aclaración que tiene que ver con la heterogeneidad del movimiento cooperativo, porque hay decretos que contienen a una parte del sector cooperativo y no a otras partes. Podemos decir que el primer decreto que involucra a una parte del sector es el DNU 311, que declara actividad esencial a todas aquellas empresas que brindan servicios de carácter eléctrico, de agua y cloacas, de televisión, de salud, etc., y, ahí, están contenidas las cooperativas de servicios públicos, por ejemplo.
Podemos dividir el cooperativismo en la provincia de Córdoba en cuatro grandes pilares: uno es el rural, que tiene que ver con toda la pata agrícola-ganadera cooperativizada (particularmente, en el interior de la provincia). Segunda pata: el de servicios públicos, desarrollado principalmente -con algunas excepcionalidades en algunos centro urbanos- en las localidades del interior: recordando que tenemos 427 comunas y municipios, y, en aproximadamente 250 de ellos, tenemos cooperativas de servicios públicos y, en muchos casos, una cooperativa brinda servicios a más de una comunidad, a varias comunidades de alrededores.
Un tercer pilar es el de las cooperativas de trabajo, con mucho desarrollo en los grandes centros urbanos en la Ciudad de Córdoba sobre todo y, luego, en otras ciudades grandes como Río Cuarto o Villa María. Y el cuarto, es el financiero, hoy por hoy, con el Credicoop como el banco que tiene más desarrollo y que está en 20 localidades y con varias filiales en la ciudad.
Luego de definir las actividades esenciales que se van agregando gradualmente, vemos un decreto importante y que toca también al sector coope, a una parte al menos, que es el 332 que define la creación de un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica. Este decreto contiene cuatro puntos: postergación o reducción de hasta un 95 de contribuciones patronales, una asignación compensatoria del salario para aquellas empresas que tengan hasta 100 empleadxs, el programa REPRO con aplicación en emergencia sanitaria: también, es una suma no remunerativa para aquellos trabajadores en relación de dependencia en empresas de hasta 100 empleadxs y prestaciones por desempleo para todas aquellas personas desocupadas.
La particularidad es que el decreto alcanza a todas aquellas empresas que tienen empleadxs en relación de dependencia y, en ese sentido, alcanza a las cooperativas que tienen ese tipo de trabajadorxs: como el cooperativismo de crédito, de servicios públicos o agrícolas ganaderas. No así al cuarto pilar, al de las cooperativas de trabajo, que son trabajadores autogestionados. De todas maneras, hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación para este tipo de trabajadores.
En el cooperativismo rural, financiero y de servicios públicos, sus asociados, lxs dueñxs de esas cooperativas, generalmente, se dedican y tienen otras actividades económicas aparte del ser asociadxs y trabajar en la gestión cooperativa. También llevan adelante otro tipo de actividades, por lo que no dependen pura y exclusivamente de la organización de la cooperativa. A diferencia de las cooperativas de trabajo, que, al ser un trabajo autogestionado, lxs miembrxs dependen de la vida y el funcionamiento de esa empresa. Este programa de asistencia alcanza al empleo de estos sectores, como así también de las PyMES en general.
El fondo de garantía, el FoGAr, es por 350 mil millones de pesos del Estado Nacional para atender financieramente a micro, pequeñas y medianas empresas de hasta 100 empleadxs y que tengan certificados de Mi PyME para el pago del sueldo o para la compra de insumos básicos para el funcionamiento. Este fondo está puesto para que el sistema financiero pueda comenzar a prestar dinero aprovechando ese fondo de garantía, desde la banca cooperativa, pasando por la banca pública y la privada extranjera.
—¿Hacia dónde creen que vamos como sector con este panorama?
—En el medio de una situación de crisis económica, pero totalmente de acuerdo y en línea con las medidas que se vienen tomando a nivel nacional, es importante pensar en el rol mucho más activo que podemos tener también desde el sector una vez que podamos salir del aislamiento social obligatorio.
Entonces, en ese sentido, me alegra terminar la nota un poco con el hacia dónde vamos. Siempre es difícil que todos podamos coincidir en un mismo norte, ¿no? Nosotrxs, desde nuestra federación, siempre bregamos y trabajamos por caminar todas y todos juntos hacia una sociedad más inclusiva, más solidaria, más participativa, en el marco de un Estado que tenga un rol activo, presente, con políticas que beneficien a las mayorías populares. Yo creo que el hacia dónde vamos va a estar en disputa y esa disputa va a estar dada por quienes queremos ese camino versus aquellos que quieren que ese capitalismo neoliberal vuelva a retomar las riendas del Estado y siga hegemonizando la vida económica y social del país. Nosotrxs creemos que va a estar en disputa, ya hay una primera batalla ganada que es la del 10 de diciembre del año pasado con un cambio claro del rumbo, pero ahora es cómo trabajamos para sostener ese rumbo con ese Estado. Para eso, creemos imprescindible una mayor organización de las organizaciones de la sociedad civil y del pueblo en general.
Quienes ya venimos trabajando desde una organización debemos fortalecer ese trabajo y debemos fortalecer la integración, en nuestro caso particular: la integración cooperativa y la integración con otras organizaciones de la sociedad civil. Y llevar un trabajo de manera conjunta (nosotros le decimos una alianza estratégica) con el Estado, con ese Estado que realmente quiera beneficiar a las mayorías populares.
El hacia dónde vamos está en disputa y tenemos claro en esta línea que queremos trabajar, y que, por supuesto, la salida de esto es colectiva. Pero no termina todo cuando salgamos del aislamiento social, el tema ahí es cómo salimos nosotros a dar la cara para profundizar ese trabajo de organización social, ese trabajo de articulación con el Estado de manera estratégica para el empoderamiento del pueblo, de lxs vecinxs en cuanto a su mayor disidencia y decisión en cuanto a la sociedad en la que queremos vivir.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
