Crisis, salud mental y derechos humanos en épocas de COVID-19
Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos
La clasificación del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y los crecientes casos registrados en nuestro país y en el mundo, nos invitan a reflexionar nuevamente sobre la situación crítica e histórica del sistema de salud mental en la provincia de Córdoba (Argentina) y, por tanto, el impacto que tendrá la alerta sanitaria sobre la vida de las personas usuarias del sistema y de la población en general.
El punto de partida debe ser atender a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, así como las indicaciones y acciones desarrolladas por los Estados nacionales y locales para contener la situación actual. Al mismo tiempo, es preciso fortalecer la dimensión de lo colectivo, en un contexto donde los intereses y acciones individuales o desarticuladas, no habilitan vías de solución posible.
Como un aporte en esa dirección, desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos consideramos oportuno retomar algunas discusiones trabajadas en nuestros informes provinciales sobre la situación de la salud mental en Córdoba y en el “Protocolo de intervención en situaciones de crisis y/o urgencias en salud mental”.
No hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin comunidad
La normativa vigente en nuestro territorio (Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657 y Ley Provincial de Salud Mental N° 9.848), armónica con postulados internacionales de derechos humanos, procura garantizar el derecho a la salud mental de toda la población. La salud mental es concebida como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que deben ser abordados de manera integral, interdisciplinaria e intersectorial, con base en la comunidad y con pleno respeto de los derechos de las personas.
Para garantizar la atención en salud mental de toda la población, se requieren servicios adecuados, integrales y conducidos por equipos de salud con la capacidad técnica y material que permita afrontar las diversas problemáticas que se presenten. Las estrategias de abordaje en situaciones críticas deben incorporar prácticas de cuidado comunitario, familiar y/o vincular, lo cual es central y necesario para la implementación de sistemas de apoyo que contemplen la singularidad de cada persona y situación.
Coronavirus en comunidad – crisis en salud mental
Diversos autores han planteado que el concepto de Crisis significa separar, decidir. Las crisis en salud mental traen consigo la ruptura de lo establecido y requiere hacer análisis (crítica) de las partes resultantes de la ruptura. Por lo tanto, la situación pandémica actual nos obliga a pensar, produce análisis y reflexión. La incertidumbre no permite -por el momento- más que transitar por el camino de las preguntas y esbozar algunas respuestas, que den sentido al estado actual de situación.
Frente a una crisis bio-psico-social de estas características, cualquier persona puede experimentar malestar o afectación emocional, ya que la condición de excepción irrumpe en la cotidianidad particular y también en la comunidad. Este malestar pasa a ser una respuesta esperable frente a los acontecimientos objetivamente críticos que se nos presentan y que aún no hemos podido tramitar de otro modo.
Ahora bien, las personas con padecimiento mental o discapacidad psicosocial se enfrentan a diario con diversas barreras que dificultan el desarrollo de una vida digna y plena. Barreras para acceder a una atención adecuada en los servicios de salud, para acceder a la vivienda, al trabajo, a la educación; a la vida política, social y cultural de la comunidad. El desafío para estas personas hoy es múltiple: por un lado, deben afrontar la crisis generalizada provocada por la pandemia mundial y, por otro, la profundización de problemáticas preexistentes.
En este contexto paradigmático, el traslado de recomendaciones e intervenciones por motivos del Coronavirus requiere atender a las singularidades, al tiempo que a la dimensión colectiva y social. Esta situación de incertidumbre y preocupación, que resulta totalmente nueva para algunos sectores de la sociedad, por momentos se tiñe de familiaridad para otros/as que históricamente han sido atravesados por lógicas de desigualdad y desprotección estatal. Pensar en medidas de cuidado y estrategias de acompañamiento, demanda facilitar el acceso pleno para las personas que se encuentran previamente en situación de vulnerabilidad social.
Intervenir en situaciones de crisis por salud mental
La intervención en situaciones de crisis en salud mental resulta significativa para definir el progreso de las personas. Un abordaje adecuado, que incluya prácticas de cuidado y de promoción de la salud, constituye una oportunidad para mejorar –en caso que así lo requiera– las condiciones de vida preexistentes.
Durante la alerta sanitaria y social, se considera importante que las intervenciones estatales e institucionales se inscriban en el modelo comunitario de atención en salud mental, atendiendo a la premisa de interacción entre redes formales (centros de salud, hospitales generales, centros de integración comunitaria y otras instituciones polivalentes) e informales (vecindario, grupo de pertenencia, organizaciones territoriales, entre otros); articulación que permitiría la atención de las personas usuarias de salud mental, en igualdad de condiciones.
Esto supondría brindar protección integral a las personas, haciendo lugar a la singularidad; diseñar e implementar estrategias terapéuticas y de prevención, fortaleciendo las redes de apoyo que permitan la continuidad de cuidados y articulación de recursos para la promoción de salud en el seno de la comunidad; promover buenas prácticas en el ámbito de la salud pública y privada; brindar material de consulta, acompañamiento, guía y orientación; favorecer el acceso a información clara, a través de la formulación de materiales para usuarios/as, familiares, referentes y la comunidad en general; permitir el acceso a las condiciones que el autocuidado requiere; impulsar procedimientos administrativos que colaboren con el registro y seguimiento de los procesos de intervención en salud; promover la sistematización de información obtenida en los casos particulares para precisar prácticas comunes y problemáticas reiteradas; entre otros.
Dicho esto, también reflexionamos sobre las responsabilidades estatales y las posibilidades reales de contener a estas personas adecuadamente, siendo que las respuestas por parte del Estado provincial han ido sistemática e históricamente en otra dirección. Hoy, no existe recurso que alcance para dicha garantía.
Derechos y cuidados en situaciones de crisis
Todo derecho de la persona afectada implica un deber de los equipos de salud, pero sobre todo, de los/as responsables de gestionar el sistema de salud pública en nuestra provincia.
Tal como lo plantea la normativa vigente en Argentina, las personas que ante la situación de crisis ven afectada su salud mental tienen derecho a: ser escuchadas y que se tome en consideración su opinión; que se fortalezcan los sistemas de apoyo para la toma de decisiones; se resguarde su integridad psíquica, física, material y social; recibir atención interdisciplinaria; ser tratado con la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y libertades; no ser discriminados y que se las asistas en toda institución de salud; que se resguarden las normas de confidencialidad sobre su estado de salud; a ser informados/as de manera clara y comprensible sobre sus derechos y sobre todo lo relacionado a su salud, tratamiento y alternativas posibles; y a que se promueva la integración familiar, laboral y comunitaria, a través de dispositivos pensados para tal fin, entre otros.
Todo proceso de intervención en situaciones de crisis, debiera estar guiado y acompañado por ciertas pautas de cuidado vinculadas a los derechos y deberes antes mencionados. En principio, garantizar las condiciones de cuidado para todas las personas; atender la situación de crisis oportunamente para disminuir y/o evitar el sufrimiento; brindar atención digna, receptiva y humanitaria; asistir atendiendo a sus particularidades durante todo el proceso de intervención; disponer del tiempo necesario para la atención, aún en la urgencia; acompañar y prestar apoyo durante el despliegue de malestar de la persona, familia o acompañantes; generar vínculos de confianza.
Además debemos tener en cuenta la importancia de habilitar espacios para la escucha; asegurar una comunicación clara, comprensiva y sensible a las diferencias de edad, género, condiciones de vida, cultura e idioma; disponer de un ambiente con privacidad; atender la reacción al miedo y transmitir serenidad; regular los estímulos ambientales; identificar o localizar referentes vinculares que pudieran resultar tranquilizadores y colaborar durante el proceso de atención; identificar dispositivos institucionales o comunitarios para que al momento de recepción o alta se pueda derivar de forma oportuna y adecuada; promover la autonomía y participación activa en la toma de decisiones a lo largo del proceso; asegurar el proceso adecuado en la toma del consentimiento informado en todas las instancias de la intervención; entre otros.
Por lo tanto, pensar en prácticas de cuidado para la salud mental de las personas, implica necesariamente hallar soluciones conjuntas, en la complementariedad y articulación de redes, conocimientos y estrategias que garanticen el pleno respeto de sus derechos.
Entre la normativa y la singularidad: el desafío de acompañar la diversidad
Las reacciones a partir de la situación de emergencia pandémica mundial, que hoy adquieren indiscutible legitimidad, están dirigidas principalmente a aquellas personas o sectores de la población que entran dentro de los cánones de la “normalidad”. Y surge la pregunta ¿cómo acompañar la diversidad?
En momentos donde el mundo se siente en estado de fragilidad, el virus no distingue fronteras, género, etnias, clase social o religión, pero los impactos sanitarios y sociales podrían resultar devastadores en la intersección de estos distintos ejes de discriminación y opresión. Por ello, se necesita en estos tiempos análisis, crítica y reflexión sobre la situación que atraviesan las personas que son más vulnerables/vulneradas dentro del entramado social y que no son alcanzadas- ni antes ni ahora- por las “oportunidades de salvación”.
La pretensión de resguardar a todos/as los/as ciudadanos/as ante la pandemia, implicaría pensarnos en la diversidad, desde el cuidado, la empatía, la solidaridad. Pensarnos desde esta vulnerabilidad compartida -pero no igual de profunda- puede ayudarnos a imaginar modos alternativos de vida en común que se alejen de las miradas individualistas y apáticas.
El acceso a la salud y salud mental de toda la población, solo puede ser considerado si se observan las particularidades de cada sector, especialmente los más desprotegidos de nuestra sociedad. Como ya lo hemos expresado en una de las consignas de las Marcha por el Derechos a la Salud Mental de Córdoba, “La salud mental está en los derechos. Salud mental es tener techo, trabajo, comida, educación…. y mucho amor”. Muchas personas usuarias de salud mental que habitan la provincia de Córdoba, necesitan de políticas y acciones estatales contundentes y urgentes para atenuar el daño al que se enfrentan por la actual encrucijada.
*Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos / Imagen de portada: La tinta.
