Colombia: coronavirus y nuevos crímenes de Estado
La situación en las cárceles colombianas es crítica. Los reclusos demandan una mayor asistencia para enfrentar el coronavirus. El gobierno responde con represión.
Por Sergio Segura, desde Colombia, para La tinta
“El terror se convierte, por tanto, en una forma de marcar la aberración en el seno del cuerpo político, y lo político es a la vez entendido como la fuerza móvil de la razón y como una tentativa errática de crear un espacio en el que el ‘error’ fuera minimizado, la verdad reforzada y el enemigo eliminado”
(Achille Mbembe)
Fue una masacre del Estado
A manos de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la policía y el ejército nacional,el pasado 21 de marzo fueron asesinadas en la ciudad de Bogotá un total de 23 personas privadas de la libertad en la cárcel La Modelo, quienes participaban en una protesta junto a otras 13 cárceles del país.
El “Cacerolazo y portazo nacional por la liberación humanitaria inmediata de la población carcelaria”, fue motivado por la negligencia institucional para adoptar medidas urgentes que permitiesen evitar el contagio del coronavirus (Covid-19) entre los presos y funcionarios de las prisiones, petitoria que habían realizado días atrás a través de comunicados públicos. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos también hicieron lo propio. Aun así, la respuesta estatal fue la represión, justificando esta masacre bajo el pretexto de no existir un reporte de presos contagiados que motivara una emergencia sanitaria.
Los presos afirman que reclamaban por implementos básicos de protección: tapabocas, jabón y gel anti-bacterial. No obstante, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, sostuvo que hubo “un plan criminal de fuga masiva”.
Por otro lado, durante la madrugada del 24 de marzo, en Bogotá cuatro ex integrantes de las FARC-EP recluidos en la cárcel La Picota, y tres estudiantes universitarias que permanecían en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, fueron trasladados a una cárcel en la ciudad de Ibagué, al oeste del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que por más de 30 horas no se supo de su paradero, actuación a todas luces arbitraria. Mientras el INPEC decidió no realizar remisiones por supuestamente evitar que se presentaran contagios, se excusaron en la pandemia para hacer dicho traslado. Compañeros y familiares aseguraron que esto se hace por su condición de presos políticos, con la intención de mostrarlos ante la opinión pública como “líderes de los motines”.
La raíz del problema
Las estadísticas del INPEC indican que las 134 cárceles del país tienen capacidad para albergar hasta 80.156 presos. Sin embargo, en la actualidad se presenta un hacinamiento de más del 50 por ciento debido a la reclusión intramuros de 124.188 personas, lo cual revela una sobrepoblación de 44.032 internos en los centros carcelarios.
Esta crisis carcelaria no es nueva. La Corte Constitucional, a través de dos sentencias en 1998, declaró un estado de situaciones inconstitucionales en las prisiones, debido al hacinamiento y los problemas de salud y alimentación. Por su parte, el Movimiento Nacional Carcelario denunció que en las prisiones no hay agua permanente ni jabón para el lavado de manos, lo que se suma al mayor riesgo latente: un posible contagio de los guardias, quienes a diario llegan de la calle y podrían ser el vehículo para empeorar la situación de las penitenciarías (donde a pesar de la emergencia siguen llegando nuevos presos). Solo en Bogotá hay 41 establecimientos con 45.041 privados de la libertad, aunque la capacidad máxima es de 30.535.
La llegada de la pandemia (en todo el país ya hay cuatro muertos y 470 contagiados) agrava la situación de derechos humanos ya que el hacinamiento, la insalubridad y la pésima alimentación son las condiciones propicias para que el virus se propague. Por el momento, la única medida de prevención fue prohibir las visitas, lo que denota el desprecio por la vida y la integridad de miles de personas que están siendo afectadas con estas decisiones.
En un texto publicado por varios colectivos en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte del Estado colombiano, se dice que “ante el desdén de las autoridades, la población carcelaria se ha venido manifestando en defensa de su vida y la de sus familias, para que se tomen medidas que eviten el contagio y la muerte de miles a través de la excarcelación humanitaria; a través de decretos de rebajas de penas, de la agilización de libertades condicionales y domiciliarias y de la liberación de sindicados, enfermos y personas de la tercera edad, en el marco de la emergencia social y sanitaria decretada por el gobierno”.
La emergencia y las alternativas
Solo hasta después de la masacre, la ministra de Justicia anunció la elaboración de un decreto que busca la descongestión de las cárceles por un periodo de tres meses, donde se verían beneficiados unos 10.000 presos con “delitos menores”, que de ahora en más cumplirían prisión domiciliaria durante el tiempo de emergencia.
Existe incertidumbre por el tiempo que puede tardar la ejecución, ya que administrativamente las excarcelaciones dependen de los jueces y en la última instancia de la Corte Constitucional, organismo que podría rechazar el planteo del decreto.
Entre las solicitudes de excarcelación, el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación y el proyecto de fallo que exponga el magistrado encargado, la Corte Constitucional tiene 45 días para estudiar los decretos legislativos del estado de emergencia y notificar las respectivas decisiones. En todo caso, aunque la medida permitiera la excarcelación de 15.000 presos no se acabaría con el hacinamiento, ya que la sobrepoblación carcelaria actual supera las 40.000 personas.
Según datos del INPEC, en Colombia permanecen privados de la libertad 1.301 hombres que son adultos mayores de 70 años. Igualmente, con la misma edad, 41 mujeres permanecen en prisión. La población carcelaria con edad de 65 a 69 años también presenta una alta vulnerabilidad en caso de resultar contagiada. En total, son 2.919 las personas de más de 65 años que permanecen privadas de la libertad, de las cuales 74 son mujeres y 1.503 hombres.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, sugirió contemplar la excarcelación para quienes no superen los ocho años de condena y quienes hayan cumplido la mitad de la pena (no aplica para “delitos atroces”). Seguidamente, el procurador general Fernando Carrillo propuso que también sean contempladas las mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años. Igualmente, grupos vulnerables, madres gestantes o con hijos menores de tres años que vivan con ellas en prisión y personas con padecimientos como cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.
Por ahora, quien madrugó en presentar la solicitud de excarcelación ante una jueza fue la defensa del ex ministro Alberto Santofimio Botero, de 78 años, condenado por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989.
Salvado por la campana
El virus llega en un momento en el que al gobierno de Iván Duque se le atribuyen -con diversas pruebas- graves actos de corrupción, relacionados a un posible fraude electoral en las presidenciales de 2018, donde resultó elegido con más de 10 millones de votos. Además, diferentes investigaciones periodísticas han arrojado evidencias de las relaciones entre el difunto ganadero y narcotraficante “Ñeñe” Hernández, el presidente Duque y el senador y ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, este último con múltiples investigaciones por nexos con paramilitares y fraude procesal por compra de testigos.
Desde el 21 de noviembre de 2019, el país presentaba una inflexión histórica de la movilización social, las cuales se dan específicamente contra el gobierno nacional con motivo de la lesiva reforma tributaria, el asesinato sistemático de líderes sociales y ex combatientes de las FARC-EP, el incumplimiento del Acuerdo de Paz, entre otras razones. En el marco de las protestas, en Bogotá fue asesinado el joven Dilan Cruz, de 18 años, por parte del capitán Manuel Cubillos Rodríguez del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). El agente disparó su escopeta calibre 12 y el proyectil quedó clavado en la cabeza de Dilan, causándole la muerte después de varios días en coma.
Duque tiene la impopularidad más baja de la historia de un presidente, al no superar el 30 por ciento de aceptación. Igualmente, la gobernabilidad está por el suelo. Podemos añadir que sus decisiones para contrarrestar la pandemia fueron equivocadas, tardías e insuficientes desde el inicio, donde desautorizó alcaldes y gobernadores que quisieron anticiparse. El decreto 444 del 21 de marzo de 2020 fue anunciado como solución a la emergencia sanitaria, lo que ha despertado el rechazo de múltiples sectores; primero, porque el funcionario encargado de la cartera es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien está involucrado en el empobrecimiento y robo de recursos de 17 municipios; segundo, porque ordena el traspaso de 17 billones de pesos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para beneficiar a los bancos, no a la salud pública y la emergencia presente. Por otro lado, amenazó con cerrar los 2.200 kilómetros de frontera que Colombia tiene con Venezuela, continuando con el apoyo del golpista Juan Guaidó, quien no tiene ninguna posibilidad de incidir en alguna decisión de relevancia para Venezuela. Del mismo modo, se tardó en cerrar las fronteras aéreas, sabiéndose que su hermana es una alta ejecutiva del Aeropuerto Internacional El Dorado, por donde definitivamente entró el virus. Mientras se negaba a cerrar el aeropuerto, cayó una avioneta-ambulancia colombiana en Honduras, cargada de cocaína. Días antes, se descubrió que la finca del embajador colombiano en Uruguay, Fernando Sanclemente, funcionaba como un laboratorio de cocaína.
La pandemia minimiza el sistemático asesinato de líderes sociales, que no se ha detenido con la cuarentena. Solo el 19 de marzo fueron asesinados tres dirigentes, sumándose a la larga lista de al menos 600 desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en 2016. Uno de ellos fue Marco Rivadeneira, líder campesino del movimiento Congreso de los Pueblos, quien fue asesinado después de su secuestro. Dos ex combatientes de las FARC-EP y dos líderes indígenas también murieron a manos de sicarios en los últimos días.
Reflexión final
En Colombia se articula la ley como elemento de autoridad con un régimen que acude al elemento capitalista del terror. El conjunto de estas acciones criminales requiere de una mirada económica, política y jurídica. La clase dominante es un actor que necesita de legitimidad y consenso para aplicar, consentida o coercitivamente, el conjunto de los esquemas normativos.
Bajo este presupuesto, la figura del para-Estado requiere de base social y apoyo popular para sostenerse; es decir, si el consenso social para mantener dicho marco institucional que regula y controla las cárceles es amenazado, los brazos armados al servicio de la clase en el poder actúan.
Para la consolidación del régimen político colombiano, la clase en el poder se ha valido del derecho de matar. Ese ejercicio históricamente se ha realizado con la creación de excepciones (jurídicas y simbólicas) en las que algunos seres son “merecedores” de la muerte por ser “enemigas” del orden constituido. En palabras de Walter Benjamin: “el soberano, al tener el poder legal de suspender la validez de la ley, se sitúa legalmente fuera de ella”.
La masacre en la cárcel La Modelo se da en medio de una mediática solidaridad nacional debido a los cuidados necesarios para contrarrestar los efectos del coronavirus, pero la hipocresía quedó develada cuando una parte importante justificó las muertes. Estas personas también creen en la militarización de las calles en tiempos de cuarentena, lo que ya fue propuesto por congresistas de derecha para llevar a cabo en las principales ciudades.
Un problema de salud pública lo convirtieron en un asunto de orden público, y una reyerta donde inicialmente se exigían derechos fundamentales terminó en una masacre. La sociedad de la solidaridad selectiva aplaude la muerte, y el asunto ya no es prioridad sino de los familiares, principalmente madres, parejas e hijas, que con lágrimas en los ojos fueron gaseadas y apaleadas frente a la cárcel mientras pedían información.
Los indignados por los crímenes de Estado tienen suspendida la lucha callejera, la cual promete volver con más fuerza.
*Por Sergio Segura para La tinta / Foto de portada: Juan Carlos Araya
