¿Por quién doblan las campanas? Doblan por los juicios a la «subversión» fabril
El terrorismo de Estado, o Estado Militar, antes y después del 24 del 76, atacó a los centros fabriles simultáneamente a las organizaciones revolucionarias, que se enfrentaban al bloque de poder. A 44 años, los juicios a los empresarios de la dictadura tienen un andar cansino. Perkins, Córdoba, Cordón Industrial de San Lorenzo y Acindar, en Santa Fe, y Astilleros Río Santiago en La Plata, ejemplos de la investigación judicial paralizada. Reclamos internacionales y nacionales por una Justicia, de Verdad y con Memoria.
Por Lucho Soria para ANRed
A 44 años del inicio de la dictadura, que se inició con la Masacre de Capilla del Rosario el 11 de agosto de 1974, los juicios a la represión fabril, están en parálisis como era de prever. En Córdoba los ex trabajadores de Perkins tiene previsto el 19 de marzo un acto en las puertas de la fábrica, para recordar a sus compañeros detenidos desaparecidos, en un gesto presidido por quien fuera su último secretario general del sindicato, Juan Enrique Villa. Precisamente reproducimos su testimonio en el juicio de La Perla, en una síntesis del texto del colega cruzdelejeño Alexis Oliva.
«La presencia de los ex obreros de la fábrica Perkins, con las fotos de sus compañeros desaparecidos y asesinados por la dictadura en sus pechos, presagiaba que la jornada de ayer en el juicio La Perla – La Ribera iba a ser especialmente ilustrativa de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado».
Los nombres de Pedro Ventura Flores, Hugo Alberto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba fueron evocados por el testigo Juan Enrique Villa, quien fuera secretario general del Sindicato de Perkins al momento del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976.
“Éramos un grupo de compañeros que asumimos un trabajo reivindicativo muy fuerte para recuperar el gremio, que (a principios de los ‘70) estaba en manos del sector burocrático, que eran súbditos de la empresa. En febrero de 1973 ganamos las elecciones con la Lista Marrón. La primera comisión directiva estuvo presidida por Miguel Ángel Agüera y luego me tocó presidirla a mí, en una gestión interrumpida por el golpe del 24 de marzo del ‘76”, narró Villa.
Pero la persecución a sus dirigentes había empezado mucho antes, con el levantamiento policial de febrero de 1974 conocido como el Navarrazo. El gremio de Perkins militaba en la CGT de los Argentinos, que en Córdoba conducían Agustín Tosco y Atilio López. Al ser “normalizada” por la Intervención Federal, los sindicatos combativos conformaron la Mesa de Gremios en Lucha, para resistir a la represión paramilitar y luego a la dictadura.
El testigo aportó al Tribunal un informe –parte del acervo documental del Archivo de la Memoria- de la Policía Federal, fechado el 15 de marzo del ‘76, que daba cuenta de la actividad de los sindicatos y en el que figuraban su nombre y el de numerosos integrantes de ese espacio que luego serían víctimas de la represión. Además, presentó otro documento de inteligencia posterior al secuestro de García y Apontes, el 18 de mayo del ‘76, que señalaba: “No se descarta la posibilidad de que Apontes y García, por haber sido integrantes de la Mesa de Gremios en Lucha que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas”.
Ante la desaparición de sus compañeros, y en el peor momento de la dictadura, los trabajadores de Perkins hicieron una huelga de dos días, recordó Villa. “Después la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista, y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, explicó. Un reflejo de no solo de la represión en Perkins, sino también en las demás fabricas como Fiat, IKa, entre otras. Grande Motores Diesel, donde fue secuestrado y asesinado por el Ejercito el delegado Adrian Machado, un inolvidable compañero.
La causa de los Trabajadores del Cordón Industrial de San Lorenzo
La semana pasada continuaron los testimonios requeridos por el fiscal Adolfo Villate a quienes la protagonizaron, o la escribieron como el Leonidas Noni Ceruti. La misma se inició en abril de 2015 cuando la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se constituye como querellante, tomando un trabajo de familiares y víctimas del genocidio, del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial de San Lorenzo. Los crímenes investigados se cometieron desde el norte del Gran Rosario hasta Puerto General San Martín, llevando el expediente el número 161/04, caratulado como «Rodríguez, Pedro y otros sobre privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y otros». La encabeza el nombre de quien fue diputado provincial del PJ y concejal del mismo partido en San Lorenzo, quien ya fue condenado por otro caso de lesa humanidad en los últimos tiempos.
Se busca juzgar a los responsables de la muerte y desaparición de 19 militantes y dirigentes sindicales ocurridas durante la última dictadura, pero también se investigan delitos anteriores al golpe, cometidos bajo la feroz persecución desatada en épocas de la Triple A. El juez Marcelo Bailaque a cargo de la causa, a pesar del pedido de los familiares de los militantes y sindicalistas que fueron asesinados en la zona de las fábricas del gran Rosario, se niega hasta ahora, a ir contra los responsables del poder económico que se beneficiaron con la represión. Mientras, la querella solicitó individualizar a la máxima jerarquía de cada una de las industrias del cordón considerando que el rol del poder económico fue clave en estas muertes.
Con los años, esa primera forma organizativa se refloto durante las jornadas y movilizaciones de junio-julio de 1975, contra el plan económico de Rodrigo, cuando sé conformo la «Coordinadora de Gremios en Lucha de la Zona Norte del Gran Rosario (1975-1976)”. La integraron entre otros petroquímicos, químicos, junto al Frente Gremial Docente, obreros de John Deere, Hanomag, Construcción, UPCN, Judiciales, Municipales, Bancarios, Mercantiles, Metalúrgicos, Sanidad, Ceramista, Vilver (V. Constitución y Rosario), Sulfacid. La Mesa Provisoria levanto el lema “Si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación.” Una breve réplica de la nota publicada en el portal del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos.
Otra causa en curso es la de Acindar que continúan con las citaciones a indagatoria a los imputados, iniciada el año pasado con lo cual se puede inferir que hasta el juez federal Marcelo Bailaque los impute pasara un prolongado tiempo. Lo mismo que sea elevada a juicio oral y público. Cabe precisar que la frase acuñada «subversión fabril» o «guerrilla fabril» fue pronunciada por Ricardo Balbín, cuando comenzó la represión en las fábricas de la región. sin olvidar que el Ministro del Interior de Isabel Perón, Alberto Rocamora, lo denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, y justificó el mismo para combatir el llamado «complot de la Industria Pesada».
Con relación a la represión compartimos un tramo de la nota de Alejandro Jalinski en el Cohete a la Luna: «Cita una definición de la especialista española Libia Arenal Lona en un seminario en Flacso, en su sede porteña, al presentar su libro para juzgar los crímenes económicos contra la humanidad, y dialogar sobre el juicio a Ford. Señala que a lo largo de la sentencia se afirma la existencia de una estrecha alianza y convergencia ideológica entre élites empresariales y militares que atacaba al mismo tiempo a la denominada ‘subversión’ y al movimiento obrero (siendo un binomio indisociable). Una definición rechazada por quienes en la década de los setenta estaban en contra de la insurgencia armada y ahora la prolongan. En sus periódicos escribían ‘esa comisión interna es pro rusa o pro china’.»
No al muro de impunidad
Precisamente días pasados los diputados Matilde Bruera y Carlos del Frade presentaron sendos proyectos para conformar comisiones investigadores de los responsables de la represión a sangre y fuego.
“Actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los delitos de lesa humanidad en Santa Fe”. Solicita la diputada provincial por el Frente de Todos, Matilde Bruera, en su proyecto de ley.
Por su lado, jefe del bloque del Frente Social y Popular Carlos del Frade volvió a pedirle a la Cámara de Diputados que integre una comisión investigadora por la Verdad, la Memoria y la Justicia que identifique a los cómplices civiles del terrorismo de estado en la provincia y a las empresas que se beneficiaron o le dieron apoyo económico, técnico, político o logístico. La iniciativa parlamentaria es la tercera en seis años.
En tanto en enero, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamó la puesta en vigencia de la ley Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad, sancionada en el 2015.
Una vuelta de página
«Toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos», consideró el presidente Alberto Fernández, al encabezar en Campo de Mayo el acto de despedida del contingente que cumplirá funciones en la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (Unficyp). Acompañado en la ceremonia por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de Estado subrayó que hoy se puede decir que los «hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia». «Yo lo celebro y no va en detrimento de nadie. Muchos oficiales trabajaron en la institucionalidad y para la democracia», añadió Alberto Fernández ante la nueva cúpula militar, que según lo previsto será puesta en funciones la semana que viene. Tres días después pidió disculpas. Una propuesta en un contexto de reconciliación como lo demanda el Santo Padre en una nota publicada por esta agencia, respaldada por Eduardo Duhalde y Carlos Menem, entre otros.
Obvio que la definición del Presidente generó rabia de la militancia de derechos humanos, familiares, un par de sindicatos, mientras otros guardaron un callado silencio, y en este caso que se ponga el sayo quien le quepa, en cambio otros lo respaldaron al interpretar lo de cambiar la página de la historia.
Lo de Nora Cortiñas marcó un antes y después a la hora de asumir definiciones. En ese contexto una Justicia, de Verdad y con Memoria, puede revertir este panorama de por quien doblan las campanas. No solo por los juicios a la guerrilla fabril, sino a los juicios de lesa humanidad como acotó al ser consultado por esta agencia un integrante de la Justicia Federal, en una ronda de consulta a jueces y fiscales para esta nota. Porque la Memoria es rebeldía contra el olvido y la impunidad. El desafío esta planteado.
*Por Lucho Soria para ANRed.
