Fuerte suba en tarifas provinciales e impuestos municipales de Córdoba
Por Desafíos Urbanos
Con el aval del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), el Gobierno de Córdoba autorizó desde el 1° de enero un aumento en la tarifa del servicio de energía eléctrica del 7,87% promedio para la Categoría Residencial y del 8,43% promedio para la Categoría General y de Servicios que presta la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Asimismo, a instancias de la concesionaria privada Aguas Cordobesas, el costo de la tarifa del agua se incrementó en un 14,12%.
El 17 de diciembre pasado, el Gobierno nacional había presentado el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el cual se preveía un congelamiento de tarifas de electricidad y gas, hasta el 30 de junio de 2020, para las empresas de jurisdicción nacional en el área metropolitana. Al mismo tiempo, se anunciaba la desdolarización de los servicios y se abría una mesa de negociación tarifaria con las provincias.
En Córdoba, los aumentos generaron el rechazo de organizaciones sindicales y de los sectores productivos, que ya venían denunciando el alto costo de los servicios y la inequidad impositiva en la provincia. En el caso de la energía eléctrica, en Córdoba capital ya había registrado durante 2019 un incremento acumulado del 58,14%.
La seccional Córdoba de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma cuestionó que el aumento fue “aprobado por la escribanía del Gobierno, que así funciona el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), como un apéndice del Poder Ejecutivo”. En un comunicado, la central sindical expresó: “A contramano del Gobierno Nacional que ha resuelto congelar por seis meses las tarifas de los servicios públicos, la administración provincial de Juan Schiaretti vuelve a meterle la mano en el bolsillo a los sectores populares al anunciar nuevos incrementos en la luz y el agua a partir de enero, una medida que repudiamos por injusta y abusiva”.
A su vez, la gestión municipal encabezada por el justicialista Martín Llaryora envió al Concejo Deliberante en diciembre un proyecto de ordenanza de emergencia económica que preveía subas en los impuestos y tasas de la ciudad capital. Principalmente, en el inmobiliario urbano, donde el incremento se anunciaba en un 48,7% promedio y “entre el 41 y 53%”, según el valor de la propiedad. Sin embargo, terminó en un 68%, debido a una sobretasa del 10% destinada al Fondo Solidario de Inclusión Social.
Como justificación de la medida, el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, aseguró que tras la gestión de Ramón Mestre recibieron la Municipalidad “detonada” y “en quiebra”. “Córdoba tiene una situación de abandono absoluto, la deuda con la que se recibió esta ciudad es una que nunca tuvo en su historia en términos porcentuales”, añadió el funcionario.
Desde la oposición, los concejales radicales Juan Negri y Rodrigo de Loredo denunciaron “el impuestazo de Llaryora” y sostuvieron que el incremento es injustificado. A su vez, Juan Pablo Quinteros, de Encuentro Vecinal, planteó: “Si en una vivienda no se realizaron mejoras ni modificaciones respecto a 2019, en 2020 el aumento (de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Tarifaria) no podría superar el 53%”. Desde el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT Unidad), Javier Musso señaló que el Ejecutivo municipal exige esfuerzos a “los flacos bolsillos del pueblo cordobés, mientras mantiene servicios de pésima calidad sumados a la privatización del transporte, la recolección de residuos y ahora el agua, que permiten hacer enormes ganancias a estos empresarios”.
Contexto
Este aumento de tarifas e impuestos fue uno de los factores que generó en Córdoba una inflación un 70% más alta que la medida en enero por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el país. Mientras a nivel nacional el Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó una desaceleración y de un 3,7 en diciembre pasó a 2,3% en enero, en Córdoba capital subió de un 3,58 en diciembre a 3,92% en enero, impulsada por los rubros alimentos y bebidas; propiedades, agua y electricidad, y transporte y comunicaciones, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.
El nivel de los impuestos y servicios sigue poniendo a Córdoba a la cabeza de la presión impositiva a nivel nacional –el llamado “costo Córdoba”–. Un estudio comparativo realizado en 2018 por el Observatorio de Finanzas Públicas del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) estableció que en 2016 “la presión fiscal de la Provincia de Santa Fe fue 5,5% del PBG (producto geográfico bruto), mientras en la Provincia de Buenos Aires alcanzó el 8,4% del PBG y en la Provincia de Córdoba fue 9,4%”. En el mismo trabajo se constató que entre 2005 y 2016 la presión fiscal en Córdoba se había duplicado.
* Por Desafíos Urbanos
