Una mirada desde “los de abajo” a las luchas por el derecho a la comunicación
En su libro De la resistencia a la incidencia, María Soledad Segura aborda las disputas por derechos inherentes a la comunicación social en el período 2000-2015, un tiempo de avance para las organizaciones populares. Desde un presente de retrocesos y resistencias, imagina que en el escenario político que se avecina “seguirán impulsando políticas progresistas y reconocimientos de cada vez mayores derechos” en materia de comunicación.
Por Alexis Oliva para Qué Portal de Noticias
El libro de María Soledad Segura De la resistencia a la incidencia – Sociedad civil y derecho a la comunicación en la Argentina, publicado en 2018 por Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es un relato y análisis de los procesos de construcción, articulación y lucha de las organizaciones sociales para que el derecho a la comunicación sea reconocido como un derecho humano y –entre otras cosas– pudiera plasmarse en una ley de la democracia, como un punto de partida para una genuina democratización de la comunicación.
Es la historia de cómo esas organizaciones, muchas de ellas creadoras de los primeros medios comunitarios surgidos en la década del 80 tras la recuperación de la democracia, tuvieron en este período la oportunidad de crecer, salir de la situación de cuasi clandestinidad y gravitar en las políticas públicas en torno al derecho a la comunicación. De cómo desde posiciones de mayor o menor autonomía, mayor o menor alianza con el Estado, mayor o menor radicalidad en sus planteos y acciones contribuyeron a ampliar los alcances de una visión social y crítica sobre la comunicación de masas.
El período que aborda es la primera década y media del siglo XXI, que en el contexto político implicó el recorrido desde la crisis del neoliberalismo de los 90, el estallido social durante la presidencia de Fernando De la Rúa, el interinato de Eduardo Duhalde y los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hasta el arribo de Mauricio Macri y Cambiemos a la Casa Rosada. Una etapa que comienza con la “multiplicación exponencial” de los medios de comunicación alternativa surgidos al calor de la movilización y las asambleas populares y luego, con la “recomposición institucional del Estado y las organizaciones tradicionales de la política representativa”, desemboca en las luchas por la “reforma de las reglas de juego del sistema comunicacional” y su democratización.
Ese ciclo 2000-2015 tuvo en la cuestión del debate público sobre los medios un punto de inflexión en el llamado “conflicto del campo” en 2008, donde el divorcio del Gobierno kirchnerista con los medios hegemónicos fue correlativo a su alianza con las organizaciones sociales que bregaban por democratizar la comunicación. Las mismas que al cumplirse 21 años del retorno democrático habían propuesto los “21 puntos para una radiodifusión de la democracia”, base de la construcción colectiva que junto al coyuntural acuerdo entre sociedad civil y Estado derivaron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26.522, sancionada el 10 de octubre de 2009.
Entre la academia y el territorio
La autora, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente en las facultades de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) propone una mirada sociohistórica y parte de un concepto realista de sociedad civil, como “una esfera pública que pugna por un espacio entre el Estado y el mercado”. Desde allí se detallan los problemas y procesos (capítulo 1), las demandas, propuestas y estrategias (2), los logros y fracasos (3), las posibilidades y restricciones (4) y la experiencia organizativa (5) de los actores sociales a quienes históricamente la comunicación de masas les estaba vedada y que este período tuvieron y aprovecharon la oportunidad histórica de protagonizarla, o al menos –como dice el título– pasar “de la resistencia a la incidencia”.
A partir de sus investigaciones académicas y desde su experiencia como trabajadora de prensa en medios empresariales y comunitarios, Segura analiza el rol de estas organizaciones sociales, no sólo en sus acciones tendientes a garantizar ese tercio del espectro radiofónico que la ley 26.522 les reserva, sino también en su interpelación al poder mediático privado y en su contribución a la construcción de la identidad y contenido de los medios públicos. Es decir, desde la academia pero con anclaje en escenarios y territorios: el cruce entre Estado, mercado y sociedad civil; las disputas sociales, políticas, legislativas y jurídicas; la dimensión cultural e identitaria de la comunicación social.
El mapa, los actores y sus luchas
En la presentación, el politólogo y doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación de La Sorbona, Iván Schuliaquer, escribe: “Que la comunicación es un derecho y no una mercancía es un postulado tan fácil de sostener como difícil de llevar a cabo. Y eso porque en la definición de la escena comunicacional hay diversos actores involucrados, con intereses contrapuestos y con diferentes poderes para imponerlos. María Soledad Segura lleva a cabo uno de los trabajos de más largo aliento, y rigurosidad, en la sistematización del vínculo entre organizaciones sociales y derecho a la comunicación. (El libro) rastrea de manera exhaustiva esa problemática y traza un mapa de las peleas por democratizar la comunicación entre 2000 y 2015 en la Argentina. Con un foco en ‘los de abajo’, estudia esa relación a partir de los vínculos entre actores de trayectorias diversas, de sus concepciones de Estado y mercado, así como a través de sus diferentes articulaciones”.
Otra contribución a aclarar el panorama de las disputas en torno a los derechos inherentes a la comunicación es la distinción entre organizaciones que desde una concepción liberal del derecho a la información y la libertad de prensa identifican la fuente de los problemas en “la injerencia gubernamental indebida en la comunicación pública” y las que conciben a la comunicación como un derecho humano y atribuyen su privación a “el histórico poder del mercado como configurador del sistema mediático”, con sus respectivas estrategias, actuaciones y logros.
Entre las múltiples acciones que llevaron a instalar a la comunicación en el debate político argentino, estas organizaciones –encabezadas en ese contexto por la Coalición por una Radiodifusión Democrática– “formularon denuncias y pronunciamientos, desarrollaron campañas de sensibilización y hasta movilizaciones urbanas”, además de “numerosas charlas, debates, foros y otros eventos”. Este proceso de agitación tuvo picos en 2009, para alentar frente al Congreso nacional la sanción de la LSCA 26.522, y en 2013 para defenderla, cuando la Corte Suprema debía pronunciarse por las medidas cautelares presentadas en su contra por el Grupo Clarín, con un dato que el libro rescata: “Nunca antes se había movilizado en las calles tal cantidad de personas por el derecho a comunicar”.
Imágenes de la presentación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC (3 de abril de 2019)
De victorias, derrotas y resistencias
En ese período, las diversas organizaciones que participaron de estas disputas lograron “instaurar en sus propios medios reglas de juego diferentes a las reglas del mercado” (medios alternativos) y –como “característica más relevante” de la etapa– tener “impacto en las políticas de comunicación” (organizaciones reformistas), señala la autora. En este tiempo, ocurre además el hecho inédito en la historia del debate público argentino de que la discusión en torno a la comunicación social “excediera los límites de los círculos de especialistas, activistas, académicos y trabajadores de los medios para extenderse al conjunto de la ciudadanía e incorporarse a la agenda gubernamental y a la de los movimientos sociales”.
El fracaso más importante de este tiempo de avances fue el intento de limitar y revertir la concentración de los medios de comunicación empresariales, que abrevó en demandas sociales y recomendaciones internacionales y puso a la legislación argentina entre “las más ambiciosas de las sancionadas desde 2004 en América Latina”. En el consecuente proceso de adaptación a la ley 26.522, además de la resistencia del Grupo Clarín, entre la veintena de planes de adecuación presentados por grupos empresarios “no todos llegaron a ser tratados ni aprobados por el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y ninguno se aprobó”. Así, “una de las medidas más osadas de la legislación audiovisual argentina no llegó a implementarse”, observa Segura y a continuación señala algo que a futuro debería recordarse: “No hubo organizaciones que presionaran para que este proceso se llevara a cabo con mayor rapidez”.
No obstante, el período analizado marca un avance fundamental, reflejado en las conclusiones: en una Argentina que históricamente “se había caracterizado por políticas definidas por las élites económicas y políticas”, la primera década y media del siglo XXI mostró que “todas las nuevas políticas de comunicación contaron, en diversa medida, con participación e incidencia de diferentes sectores sociales” . Así lo expresa el especialista en política y comunicación Martín Becerra en el epílogo: “Nunca antes en la historia argentina las organizaciones de medios comunitarios y alternativos tuvieron el nivel de coordinación, significación e influencia normativa que tuvieron en este período” .
En el conflictivo contexto político y social posterior a 2015, esa acumulación organizativa fortalecería la resistencia popular a los decretos de necesidad y urgencia con los que apenas asumido el Gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos se paralizó la LSCA e intervino a su autoridad de aplicación. Justamente, en un tiempo donde la alianza político-empresaria gobernante impuso un retroceso en los derechos humanos en general y de la comunicación en particular, con la pretensión de volver a circunscribirla a una política dictada por los grupos de poder, De la resistencia a la incidencia es una lectura valiosa para quienes –como escribe la autora en su dedicatoria– “construyen cotidiana y tenazmente nuevos modos de comunicar con la certeza de que, sin derecho a la libre expresión y a la información pública, no es posible reclamar la vigencia de los demás derechos civiles sociales y políticos, y de que no es posible, en definitiva, construir sociedades más justas y democráticas”.
“Las organizaciones siguen disputando un modelo de comunicación”
Sobre el período actual y el futuro que se avecina con el cambio de gobierno, la autora dialogó con Qué Portal y señaló que tres factores fortalecieron la resistencia en este período y alientan la esperanza de retomar los avances en la materia: “Experiencia en términos de conocimiento, confianza entre las organizaciones y entre organizaciones y burocracia estatal y la visibilidad y legitimidad alcanzada por las organizaciones frente al resto de la sociedad”.
—En esta dinámica entre la resistencia y la incidencia, el Gobierno encabezado por Mauricio Macri impuso un retroceso en los derechos relativos a la comunicación y un nuevo paso a la resistencia. ¿Cómo gravitó en este contexto la experiencia adquirida por las organizaciones en su historia y en el período 2000-2015 que analizás en el libro?
—Justamente, en este período que empujó nuevamente a las organizaciones a la resistencia, la experiencia acumulada fue crucial, no sólo –como digo el final del libro– en el conocimiento sobre cómo formular proyectos, negociar con funcionarios, etcétera, sino también en términos de la confianza construida entre organizaciones muy diversas y entre las organizaciones con funcionarios del Estado, no digo sólo la dirigencia y funcionarios políticos, sino también empleados y asesores que son los que sostienen parte de la burocracia estatal independientemente de las gestiones. Y también la legitimidad y visibilidad que habían ganado estas organizaciones respecto al resto de la sociedad, a otras organziaciones sociales y políticas y a las instituciones educativas, especialmente las universidades. Esos fueron elementos fundamentales para poder sostener la resistencia.
—¿Qué se logró en este tiempo?
—Esa resistencia logró que los retrocesos no fueran aún mayores de lo que fueron. Por ejemplo, en las radios y televisoras comunitarias, la organización de las redes nacionales de medios comunitarios –Farco, Amarc, Red Colmena, Conta y la RNMA– que se nuclearon enseguida en el inicio del Gobierno de Macri en 2016 en el espacio interredes. Esa articulación de las redes nacionales es única e histórica, porque fue la primera vez que lograron superar sus diferencias estratégicas, tácticas e ideológicas y hacer un frente común para resistir ese retroceso en términos de derechos que impulsaban las políticas del Gobierno. De hecho, haciendo el balance de los cuatro años, hubo avances en les legalizaciones. En un momento, hubo una ola de decomisos e intimaciones a emisoras que estaban en situación de irregularidad. No sólo frenaron eso, sino que también lograron que se avance sustancialmente en el otorgamiento de licencias, autorizaciones y legalizaciones en general para las radiodifusoras y televisoras comunitarias, incluso las que estaban ubicadas en las que se llaman zonas de conflicto, las ciudades grandes con saturación de espectro. El otro punto central fueron los fondos de fomento, donde hubo una enorme lentificación del proceso, muchas trabas e intimaciones a las organizaciones, pero a pesar de ese retroceso y que el Gobierno se comió muchísimos de esos fondos que por ley estaban destinados a este fin, al menos lograron que siguieran funcionando y tener interlocución con el Gobierno. Eso hubiera sido impensable sin todo el proceso de fortalecimiento anterior, que es lo que muestro en el libro.
—¿Y en los medios públicos?
—Ahí también hubo mucha resistencia, tal vez menos exitosa porque fueron más avasallados, pero hubo una resistencia organizada muy fuerte por parte de los trabajadores y de organizaciones que acompañaron ese proceso. Y el avance más grande del Gobierno ha sido en los favores otorgados a los medios privados, con su máxima expresión en la fusión Cablevisión – Telecom, que generó un gigante terrible en telecomunicaciones, ya no sólo comunicación audiovisual, en el país. Pero incluso eso no fue un lecho de rosas, hubo resistencias, denuncias contra el Gobierno en la Comisión Interamaricana de Derechos Humanos, hubo movilizaciones y presentaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática y todas las organizaciones que nuclea y hubo presentaciones en las universidades. Ahí la resistencia no tuvo éxito, porque lo impusieron igual, pero existió una resistencia.
—¿Qué expectativas se abren a futuro con el cambio de gobierno respecto a esta cuestión?
—Las gestiones de gobierno pasan y las organizaciones sociales y políticas quedan, y quedan cada vez más fortalecidas y con mayores aprendizajes acumulados. Me parece que la experiencia de esos años de avance en la incidencia –lo que caracterizo en el libro–, más la experiencia de resistencia de estos últimos años, las posiciona bien para seguir impulsando políticas progresistas y reconocimientos de cada vez mayores derechos, en este caso del derecho a la comunicación. Incluso, para dar la disputa dentro del propio Gobierno. Dentro de las fuerzas políticas que apoyan al Frente de Todos, que se hará cargo de la gestión a partir del 10 de diciembre, hay también posicionamientos encontrados. Las definiciones públicas del Presidente electo (Alberto Fernández) sobre estos temas también dan cuenta de esas disputas internas. En algún momento, hizo declaraciones muy a favor de los grandes conglomerados de la comunicación, subestimando el aporte de los medios populares, pero luego retrocedió y morigeró esos posicionamientos. Eso tiene que ver también con esa disputa dentro del Frente de Todos. Las organizaciones también tienen claras estas complejidades y en estos últimos meses están disputando internamente y públicamente el modelo de políticas de comunicación para el período que se viene.
*Por Alexis Oliva para Qué Portal de Noticias. Foto de portada: marcha previa a la presentación de los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia (27 de agosto de 2004). www.enesoestamos.com.ar
