Sierras Chicas alza la voz frente al riesgo de dinamitar sus reservas naturales
Durante el último mes, la alerta se ha expandido entre vecinxs y organizaciones de Sierras Chicas en defensa del ambiente. La noticia de que la minera El Gran Ombú compró 1.100 hectáreas, ubicadas en gran parte en la Reserva de Villa Allende, generó la movilización de decenas de personas y grupos que, con reuniones, manifestaciones, notas a las autoridades y juntas de firmas, siguen exigiendo que se reglamente esa zona de conservación y se prohíban definitivamente las actividades que degradan el ecosistema.
Por Lucía Maina para La tinta
La Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende abarca alrededor de 7.200 hectáreas de bosque nativo, fauna, arroyos, cascadas y cerros. Fue creada por Ordenanza 05/02 y Decreto 44/2002 después de la inundación de marzo de 2000, uno de los tantos hechos que, en las últimas décadas, evidencian la emergencia ambiental que atraviesa nuestra provincia y, en particular, el Corredor de las Sierras Chicas. Una catástrofe que mostró las consecuencias del desmonte y llevó a la necesidad de conservar ese territorio como bien común. Así nació esta reserva que hoy “lamentablemente, es casi toda propiedad privada, aún en sus arroyos que deberían estar desalambrados y en sus caminos que debieran ser liberados”, tal como advierten desde el Grupo Tacku, organización de vecinxs que lleva años trabajando en defensa del ambiente en la zona de Villa Allende.
Casi dos décadas después, con una degradación creciente del ecosistema de Sierras Chicas y una evidencia aún mayor de sus consecuencias a través de la inundación de febrero de 2015, parte importante de este territorio protegido se encuentra en peligro.
La minera El Gran Ombú compró alrededor de 1.100 hectáreas, gran parte de las cuales se encuentran en la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende, y, en menor medida, en áreas de la Reserva Los Quebrachitos y la Reserva Bamba, de La Calera. Se trata de una empresa que ya lleva adelante una actividad minera a cielo abierto en la zona y que, incluso, ha sido denunciada por distintas organizaciones ambientales por el desvío de cursos de agua.
“La cantera produce triturados graníticos -con lo que hacen caminos, asfalto- y, hasta ahora, está funcionando del lado de afuera de la reserva. En la anterior gestión municipal de Héctor Colombo, había pedido ampliar la zona y se les permitió extenderse 10 hectáreas más, con lo que quedaron casi al límite de la reserva, y, con esta nueva compra, ya es comerse la mitad de la reserva con minería”, cuenta Nadia Balmaceda, integrante del Grupo Tacku y de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, quien, además, es nutricionista investigadora del CONICET y especialista en agroecología.
Desde las organizaciones ambientales, cuentan que, desde que trascendió la compra de nuevas hectáreas por parte de la minera, empezaron las quejas en la comunidad de Villa Allende: hubo reuniones en el Consejo Municipal de Ambiente, caminatas, presentación de notas al municipio y juntada de firmas. La exigencia de lxs vecinxs es que se realice una reglamentación participativa de la reserva, donde se prohíba legalmente toda urbanización y actividad minera en el lugar, un reclamo que, en realidad, sostienen desde hace años y que esta nueva alerta avivó una vez más.
El discurso del municipio y la minera
El municipio de Villa Allende respondió al reclamo de vecinxs mediante un comunicado oficial en el que sostiene que la reserva ya se encuentra protegida por las ordenanzas vigentes, pero las organizaciones remarcan que las mismas nunca fueron reglamentadas. Además, el gobierno local menciona la protección de la ley provincial 9841 en el marco de la Planificación del Ordenamiento Metropolitano (IPLAM) “que protege el bosque nativo, su flora y su fauna, las cuencas hídricas y que prevé la prohibición del desmonte, estableciendo y delimitando la zona de explotación minera”.
En ese sentido, el Foro Ambiental Córdoba envió, días atrás, una solicitud de información al municipio de Villa Allende por un predio de más de 100 hectáreas que compró la empresa minera, ubicado en áreas protegidas, para conocer, entre otras cuestiones, si el municipio recibió una solicitud de cambio de uso de suelo para ese sector y si, en función de ello, el estado local ha solicitado dicho cambio al IPLAM.
Al mismo tiempo, el municipio se reunió en reiteradas ocasiones con la cantera y sostienen que, desde El Gran Ombú, le aseguraron que su objetivo con las tierras compradas es de “preservarlas y no de explotarlas bajo ninguna instancia”.
Sin embargo, el proyecto concreto que mencionan empresa y funcionarios públicamente se relaciona con recuperar y reactivar el área recreativa “La Tranquerita”, un predio de sólo 40 hectáreas, lo que representa menos de un 4% del total de hectáreas compradas por la empresa.
“Es una estrategia de la empresa para decir que van a preservar, una estrategia de responsabilidad social empresaria”, denuncian desde las organizaciones ambientales. “La Tranquerita era un camping que no existe como reserva, sino que está dentro de la Reserva de Villa Allende. Entonces, la cantera dice que va a cuidar eso y el lugar de sacrificio, para nosotros, va a ser del lado de San Fernando, donde hay morteros, arroyos (…), ahí ya hay carteles enormes que dicen ´cuidado que puede explotar´, ´si suena la sirena, aléjese del espacio´ y así”, cuenta Nadia del Grupo Tacku.
Al mismo tiempo, la gestión de la Provincia (Unión por Córdoba) y de la Municipalidad (Juntos por el Cambio), hasta ahora, se han desligado de sus responsabilidades alegando que la reserva no corresponde a su jurisdicción.
Letra muerta
Ante el peligro que implica la posible expansión de la minería en el área, lxs vecinxs y organizaciones llevan un mes reclamando que el municipio reglamente la ordenanza que creó la reserva para que, efectivamente, se prohíban allí actividades que ponen en riesgo los ecosistemas serranos, donde queda parte del escaso 3% de bosques nativos de la provincia. “En Villa Allende, como en La Calera, se crearon reservas municipales, pero nunca las reglamentaron. Esa materia pendiente genera luego confusiones, que hay que evitar”, explica Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba.
En realidad, se trata de una exigencia que lleva tiempo en la comunidad y que ahora volvió a hacerse escuchar: desde el Grupo Tacku, recuerdan, incluso, que sostuvieron esta demanda de reglamentación durante los años previos a la inundación del 15 de febrero de 2015, conscientes de la necesidad de cuidar el ecosistema de Sierras Chicas para evitar que se repitan este tipo de catástrofes, pero nunca lograron ser escuchadxs.
“Reglamentar es intentar técnica y socialmente establecer con vecinos y vecinas de la zona (donde casi todas las tierras son privadas) y visitantes (ciclistas, mataronistas, campistas, scouts), el qué se puede hacer en la Reserva y cómo se la puede implementar”, aclaran desde el grupo ambiental, que viene demandando esta medida junto a otras asociaciones, organizaciones y profesionales de distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.
En este sentido, recuerdan que otras localidades sí dieron este paso para garantizar la conservación de sus áreas protegidas: el municipio de Unquillo prohibió la minería y el acopio de minerales en la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Los Quebrachitos mediante una ordenanza; lo mismo hizo la Municipalidad de Saldán con la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Saldán Inchín y el gobierno local de Río Ceballos también prohibió explícitamente y por ordenanza la actividad minera en la Reserva Hídrica y Natural Los Manantiales.
“En Villa Allende, esto no pasa –aclaran desde el Grupo Tacku-. La Reserva NO tiene prohibida la minería, menos aún la urbanización y el recreacionismo de alto impacto ambiental (golf, enduro, quads), al contrario, ahora admiten que cuidarán 40 hectáreas de las más de 7200 existentes. La Reserva no está reglamentada. Tampoco está restringiendo estas actividades. La Reserva está en el papel, a punto de morir”.
Es ante esta situación que, el 16 de noviembre pasado, lxs vecinxs presentaron una nota formal al Secretario de Ambiente de la Provincia, Javier Britch, a los intendentes de La Calera, Rodrigo Rufeil, y de Villa Allende, Eduardo Romero, así como a concejales y legisladores, donde exigen la reglamentación participativa de las Reservas Hídricas y Recreativas Naturales Villa Allende y Bamba. Y que, mediante esta normativa, se prohíban “actividades de alto impacto ambiental en las Reservas, tanto mineras como emprendimientos inmobiliarios que conllevan una degradación del bosque nativo como de las cuencas hídricas”.
Destruir lo que queda
Son múltiples los impactos negativos que implicaría el avance de la minería en la zona de Sierras Chicas. Nadia menciona que esto no solamente afectaría a quienes viven en la reserva, así como el monte, la biodiversidad y la gran cantidad de animales que habitan allí -como zorros, lagartos, víboras y corzuelas-. También tendría un impacto en la calidad de vida de todxs lxs habitantes de Villa Allende que pierden su pulmón verde. A esto, se suma que degradar ese territorio implica aumentar los riesgos de inundaciones en una región que ya viene sufriendo esta problemática hace tiempo.
“Más de 1.100 hectáreas de cerros, arroyos, bosques nativos e historias presentes en morteros, aleros, trazas del camino real, la casona de Victoria Ocampo, las hornillas y pozos de agua de la antigua estancia jesuítica de San José de Chipión y memorias colectivas de las atrocidades cometidas en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, todo eso lo quieren dinamitar. Pretenden hacer de los cerros de esta porción de Sierras Chicas, verdaderos cráteres de destrucción”, alertan desde el grupo que integra la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas.
*Por Lucía Maina para La tinta
