Exigen mecanismos para prevenir la tortura en contextos de encierro en Córdoba
Por Redacción La tinta
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC -mediante el Consejo Social- junto con organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron, este jueves, una conferencia de prensa para exigir que las y los legisladores provinciales que asumen en diciembre creen de manera inmediata un mecanismo de control para la prevención de la tortura y los malos tratos en los lugares de detención de la Provincia de Córdoba.
También se demanda que nuestra provincia integre el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En el marco del Mes del Activismo de los Derechos Humanos, se dio a conocer un documento acordado por numerosas organizaciones que manifiestan su preocupación ya que, pese a diferentes iniciativas en estos últimos años, aún no se logró la sanción de una ley provincial que cree el mecanismo de control.
«Se trata de un organismo con participación de la sociedad civil e independiente de los poderes del Estado que debe ser creado por el Poder legislativo provincial, y responde a una obligación normativa nacional e internacional, plasmada en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes», explicaron desde la Facultad de Ciencias Sociales.
Control a la tortura, cuenta pendiente en Córdoba
A través de la ley N° 25.932, Argentina adhirió, en 2004, al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (OPCAT por sus siglas en inglés), norma internacional adoptada dos años antes por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este protocolo dispone, entre otras cosas, que “cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 3).
Para cumplir dicho mandato, nuestro país promulgó -en enero de 2013- la Ley 26.827, que prevé y regula la conformación de un “sistema” integrado por las instituciones que se designen a nivel provincial (art. 32), la Procuración Penitenciaria de la Nación y dos organismos a crearse en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo federal de Mecanismo Locales de Prevención de la Tortura.
En el documento que las organizaciones e instituciones presentaron este jueves, se remarca que, pese a diferentes iniciativas en estos últimos años, aún no se sancionó una ley provincial que cree este mecanismo local.
Respecto a las características que debería tener este organismo, Valeria Plaza, coordinadora del Programa de Extensión “Seguridad y DDHH” del Consejo Social, precisó: «Creemos que este mecanismo local debería intervenir no sólo en la crisis penitenciaria, sino también con los casos de gatillo fácil, casos de uso letal de la fuerza, donde jóvenes son fusilados por las fuerzas policiales (…) También queremos incluir aquellas vulneraciones que suceden en contextos de internación psiquiátrica y aquellas vulneraciones que ocurren en ámbitos de la administración nacional, como es el caso del Complejo Esperanza».
Por su parte, Gustavo Tissera, presidente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, expresó: «Esto no es para denunciar a un gobierno o una administración. Este protocolo es para mejorar los derechos humanos de la gente privada de su libertad. Para que podamos cumplir alguna vez con la Constitución Argentina que dice que las cárceles no son para castigo, sino para socializar a las personas».
Contexto urgente
Tal como lo expuso el Relator de la ONU, Nils Melzer, en la visita oficial a la Argentina entre el 9 y el 20 de abril de 2018, la situación en Córdoba es preocupante, ya que «la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso».
En particular, en nuestra provincia, esto se vio agravado en los últimos años por los casos de público conocimiento de muertes en contextos de encierro, que dieron lugar a la nueva crisis penitenciaria durante este año y de las múltiples denuncias de vulneraciones de DD.HH. expresadas por familiares y organizaciones.
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Facultad de Ciencias Sociales de la UNC
