De este lado de la frontera: la comunidad kolla resiste la expropiación de sus tierras en La Quiaca
Mientras en Bolivia las comunidades indígenas sufren la avanzada de la derecha, en Jujuy, el gobierno de Morales expropió alrededor de 1.200 hectáreas para construir una zona franca en tierras de familias originarias. La Comunidad kolla de La Quiaca Vieja denuncia engaños y amenazas, y permanece en defensa de sus territorios ancestrales.
Por Lucía Maina para La tinta
Mientras, del otro lado de la frontera, las comunidades originarias sufren la violencia del golpe de estado en Bolivia, la Comunidad kolla de La Quiaca Vieja en Jujuy resiste el desalojo de sus territorios. De uno y otro lado de esa línea que divide países, el atropello a los pueblos originarios y sus derechos se vuelve una continuidad de la época. El conflicto que, desde hace un tiempo, se vive en el norte argentino por el proyecto del gobernador Gerardo Morales de construir una zona franca se agravó en los últimos días. La semana pasada, se aprobó la ley de expropiación de alrededor de 1.200 hectáreas donde habitan decenas de familias originarias. La comunidad de La Quiaca Vieja, que ya ha recibido órdenes de desalojo, denuncia que no se realizó la consulta que exigen las leyes y convenios internacionales, además de engaños y amenazas. Mientras tanto, se prevé que las obras empiecen en los próximos días.
A pesar del rechazo de la comunidad y también de los partidos de la oposición, el proyecto de construir una zona franca que, desde hace años, intentaba llevar adelante Morales avanzó de manera rotunda en las últimas semanas con la aprobación de leyes e, incluso, de un convenio firmado el pasado 24 de octubre con el presidente Mauricio Macri, mediante el cual se autoriza la venta de vehículos dentro del predio. El gobierno busca instalar en La Quiaca la zona franca más grande de América Latina. Allí, según el código aduanero, se exceptúa el pago de impuestos, por lo que la intención es que se comercialicen en el lugar una larga lista de productos a bajo costo.
La comunidad de La Quiaca Vieja se opone rotundamente al proyecto y ha enviado diversas notas en repudio a la Provincia como al municipio, además de realizar movilizaciones y denuncias en los medios, ya que la instalación de una zona franca afectaría las actividades de pastoreo y agricultura que llevan adelante tradicionalmente.
“Hemos tomado definitivamente la decisión de defender nuestra comunidad, nuestro territorio, con todos los vecinos. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero en otro lado, porque nosotros vivimos de nuestra agricultura y ganadería. No nos favorece a nosotros la zona franca, favorece a los grandes empresarios”, expresó Marcial Trejo, el presidente de la comunidad indígena que integra a alrededor de 60 familias.
Además, lxs pobladorxs denuncian que fueron engañados por las autoridades, quienes les dijeron que sus tierras no se verían afectadas por la instalación de la zona comercial en la ciudad fronteriza.
Florencia Rey Lacoste, de la ONG De la mano por el mundo que trabaja con comunidades indígenas en Jujuy y Salta, informó que, aunque las obras de la zona franca aún no han comenzado, “ya se han puesto carteles, se ha delimitado el terreno y también quisieron instalar la fibra óptica y otras construcciones, pero la comunidad los detuvo. Hemos leído en algunos medios que el 15 de este mes iniciarían las construcciones, pero, desde el gobierno, se mantiene silencio y hermetismo”.
Engaños y amenazas
Según advierten desde la comunidad, las tierras en las que Morales proyecta construir la zona franca forman parte de un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que reconoce los terrenos como un patrimonio ancestral que les pertenece. Este tipo de tierras está protegido por la Constitución Nacional y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual obliga a los estados a realizar una consulta previa y buscar el consentimiento de los pueblos originarios, antes de afectar de cualquier modo su propiedad ancestral.
“La comunidad cuenta con el relevamiento realizado en el año 2018 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sobre parte de ese territorio relevado el gobierno avanza con la expropiación de terrenos a distintas familias que integran la comunidad, lo cual es violatorio de derecho”, expresó la diputada del PTS FIT, Natalia Morales, en la sesión de la legislatura de Jujuy del pasado 1 de noviembre, donde se aprobó incorporar la venta de automóviles en la zona franca que se pretende llevar adelante en La Quiaca.
Agregó que el gobierno, además de no garantizar el derecho de la consulta previa, libre e informada, viola la Ley 26.160 y su prórroga, que impide el desalojo de las comunidades de sus territorios ocupados desde tiempos ancestrales.
Mientras tanto, los funcionarios del oficialismo sostienen que sí hubo acuerdos con las comunidades. Con ello se refieren a un acta que, hace un año, firmaron miembros de la comunidad y donde se indica que solo unas hectáreas se iban a usar para zona franca y donde les aseguraron que no iban a afectar a zonas de pastoreo. “Fueron engañados, les hablaron de tres hectáreas, después de 20, después 80, pero ahora salió la ley de expropiación de alrededor de 1.300 ha de la zona franca”, cuenta Florencia.
Antes incluso de que se aprobara la expropiación, en octubre pasado, el gobierno envió notificaciones de desalojo en donde intimaban a algunos miembros de la comunidad a desalojar las viviendas en 10 días hábiles.
Mientras tanto, las familias denuncian que están recibiendo amenazas e intimidaciones para que abandonen las tierras. Incluso, señalan que se intentó conformar a las familias con una suma de dinero irrisoria y ridícula, como el pago de 2000 mil pesos argentinos por cuatro hectáreas.
«Existe una suerte de amedrentamiento de funcionarios del Gobierno provincial que le ofrecen a la gente un monto vil que ronda los 2 mil pesos por sus tierras; es gente grande, que pastorea, que lleva su ganado y que han vivido ancestralmente. Por todo esto, nos oponemos a la feria franca de La Quiaca», dijo en este sentido la diputada provincial del PJ, Liliana Fellner, en la sesión de la legislatura del primero de noviembre.
“Nos quieren sacar el territorio para terminar siendo sus esclavos”
La comunidad pide que se respete el deseo de mantener su estilo de vida. Además, tienen la sospecha de que la expropiación de las tierras se relacione también con un meganegocio inmobiliario.
Trejo, presidente de la comunidad, explica la importancia de la tierra para las familias a través de los testimonios publicados por la ONG De la mano por el mundo: “Nosotras aquí nos dedicamos a la ganadería, a la agricultura, es el sustento diario para vivir aquí en la comunidad, de eso vivimos la mayoría aquí. Nuestros ancestros vivían de la tierra y nosotros seguimos ese camino, valorando nuestro territorio como hacían nuestros abuelos, no es de ayer ni de hoy. Seguimos sustentando ese valor, le ponemos esfuerzo día a día, año a año”.
“La zona franca no es un beneficio para nosotros, a mí no me van a dar trabajo ni para barrendero, hay gente que ha vivido años en este lugar y ahora vienen a querer sacarnos la tierra. ¿Para qué necesito la tierra? Para cuidar mi haciendita, cultivar mis sembraditos, para eso necesito la tierra y el agua, porque, sin el agua, no soy nada”, dice Goyo, otro de los campesinos de la comunidad.
“Nos quieren sacar el territorio para terminar siendo esclavos de ustedes”, le decía otro miembro de la comunidad a los funcionarios del oficialismo jujeño que llevan adelante el proyecto, en un video registrado por distintos medios de comunicación en los últimos días. “Pero no van a entrar, nos van a tener que sacar muertos”.
*Por Lucía Maina para La tinta. Imagen de portada: De la Mano por el Mundo.
