Lo que está en juego es el derecho a la protesta social
Con duras críticas hacia el procesamiento penal a lxs 27 estudiantes e integrantes de la Asamblea Interfacultades, el 31 de octubre en el Museo de Antropología se realizó la charla “De la Reforma al Procesamiento. Reflexiones sobre la toma del Pabellón Argentina en 2018”. Frente a más de 300 personas, la decana de la FFyH, Flavia Dezzutto, la abogada Victoria Siloff y la historiadora Victoria Chabrando, reclamaron con firmeza dar marcha atrás a esta medida.
Por Irina Morán para Alfilo
Cientos de personas vinculadas a la comunidad universitaria se hicieron presentes el jueves 31 de octubre en el Museo de Antropología, con el objetivo de visibilizar la situación de lxs 27 estudiantes que desde el año pasado se encuentran procesadxs por la toma del Pabellón Argentina bajo la denuncia penal de “usurpación por despojo”, un delito excarcelable con una pena que contempla entre seis meses y tres años de prisión.
Durante los inicios de 2018, las políticas de Cambiemos impactaron con crudeza dentro del presupuesto de la educación superior. La resistencia fue inmediata y se respondió con acciones de protestas y movilizaciones masivas en todo el país. Las universidades públicas se paralizaron durante un mes y en Córdoba las medidas de protestas se extendieron incluso durante una semana más. En Buenos Aires, se llevó a cabo una marcha nacional en la que participaron más de 300 mil personas, anticipada en Córdoba por una movilización de más de 100 mil personas, bajo la consigna “La Universidad está en peligro”.
A esa altura, las protestas no estaban motivadas exclusivamente por el conflicto paritario docente. La gente ocupaba el espacio público y se manifestaba con marchas y clases abiertas donde se debatían las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos que ponían en estado crítico, no sólo al salario docente, sino también el funcionamiento de educación pública en su conjunto. En este contexto, a fines de agosto de 2018, el Pabellón Argentina de la UNC fue uno de los tantos edificios que terminaron tomados con demandas propias, surgidas principalmente del claustro estudiantil.
Sin embargo, el conflicto universitario terminó siendo dirimido por el Poder Judicial a través de una denuncia penal asentada un día después de haber sido desalojado el Pabellón Argentina, que terminó con el procesamiento de 27 estudiantes y una docente universitaria.
Previo a dar inicio al debate, el Museo estaba intervenido con banderas y consignas de las diferentes asambleas, con libretas estudiantiles que colgaban suspendidas en el aire, más una línea de tiempo que daba cuenta de las diferentes tomas y protestas estudiantiles, desde la primera huelga estudiantil de 1917 pasando por la Reforma de 1918, hasta llegar a nuestros días. Bajo ese clima se proyectó el documental Pabellón tomado producido por el Equipo Audiovisual Enfant Terrible, dando cuenta de las tensiones vividas durante aquel conflicto, con el testimonio directo de algunxs de sus protagonistas.
¿Quién habla por la Universidad?
“La toma como acción de protesta estudiantil es tan antigua como la propia Universidad”, dijo Flavia Dezzutto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, al abrir el debate. “Las tomas tienen que ver con un proceso de apropiación política y son una suerte de praxis colectiva, con diversos actores y participantes. Si repasamos la vida universitaria argentina, desde la Reforma de 1918 a 2019, podemos ver que no existe una línea de tiempo tan desigual ni tan radical”.
La Decana planteó que el conflicto de 2018 puso al desnudo cómo siguen vigentes cuestionamientos que conciernen al cogobierno, al ingreso irrestricto, a la autonomía de los poderes, incluso a la vinculación del poder empresarial con la universidad nacional y al carácter público de la educación superior.
“La toma de año pasado puso en el centro de la escena estas discusiones relacionadas a la protesta estudiantil y a los modos de apropiación de lo público”.
Dezzutto se refirió a su vez a las 40 páginas de la sentencia elaborada por el juez Hugo Vaca Narvaja: “¿Quiénes hablan dentro de esa sentencia? Hablan quienes se creen los dueños del conflicto, entendiendo a la universidad pública como algo propio”. Allí se cita al vicerrector de la UNC, al presidente de la Federación Universitaria de Córdoba y al dueño del bar que está en el Pabellón Argentina. “Hablan quienes se creen los dueños de la Universidad. Pero nuestro desafío político e institucional es poner en cuestión este tipo de recursos”, remarcó. “Si la universidad es una institución compuesta por diversos actores. ¿Cuáles son las voces que deben hablar de la universidad? Esa letra de la sentencia nos está lastimando a todxs”.
Y con algo de preocupación, la Decana añadió: “Jamás pensamos que esta protesta podría llegar a un procesamiento judicial. Por lo tanto, ahora nos preguntamos, ¿Qué sucedió esta vez para que el conflicto llegase a este punto? ¿Fue el gobierno de Cambiemos o quizás fue algo más? ¿Qué significa un procesamiento penal en la historia de la vida universitaria? ¿Es acaso una suerte de empoderamiento de cierto fascismo social, con complicidad mediática, que ronda en el aire, durante el tiempo de Cambiemos?”.
“Se trata –dijo Dezzutto– de un intento de disciplinamiento, no sólo a las luchas estudiantiles, sino a todas las luchas sociales”.
Ninguna protesta social puede ser delito
La historiadora Victoria Chabrando, trazó una breve genealogía de las luchas estudiantiles, desde la Reforma de 1918 hasta las resistencias a las dictaduras y las diferentes luchas producidas desde la recuperación de la democracia. “Tenemos que pensar, además, en los usos políticos que se hacen de determinados acontecimientos históricos”, explicó. “La Reforma del ´18 o las tomas que se dieron en 1984 durante la normalización universitaria, no fueron acontecimientos producidos sin conflicto. Hubo procesos de confrontación que fueron violentos. Existe una mirada muy lavada de ciertos procesos históricos, que tienden a pensar que la movilización social se debe dar sin violencias ni conflictos”.
La abogada Victoria Siloff, integrante del equipo de defensa que representa a lxs 27 estudiantes procesadxs, explicó que dentro de la universidad existen otros métodos para dirimir o destrabar un conflicto. En ese punto, subrayó que el derecho penal debería ser incluso el último recurso al cual a acudir para solucionar una protesta. Y el año pasado, las mesas de diálogo que intervinieron no tuvieron un carácter resolutivo.
Luego, aclaró cuestiones más técnicas relacionadas al derecho. La causa está caratulada como «usurpación», detalló. En el derecho, se entiende por usurpación cuando se cometen delitos que operan en contra de la propiedad privada, pero la Universidad es un espacio público. “Hay errores técnicos muy graves”, dijo. “Por ejemplo, no se les informó a lxs 27 procesadxs qué acciones concretas están tipificadas”. Es decir, “no se les informó concretamente cuáles son las acciones por las que se los denuncia. No pueden existir generalizaciones dentro del delito penal. Elementos que pueden convertir al fallo jurídicamente en inviable”.
Siloff explicó que el juez pasó por alto muchos elementos de la ley para justificar el procesamiento y que al analizar cada uno de ellos, se puede determinar que no hay delito alguno.
“Porque, en definitiva, ningún mecanismo de protesta social puede configurarse en delito, por más que exista alguna norma bajo la cual se pueda encuadrar. Eso sería despojar el hecho de todo contenido político y social. Y ahí el juez no actuaría como juez, sino como un técnico del derecho que desconoce la historia, la cultura, la realidad política del país y eso no se puede permitir. Lo que está en juego en esta causa es el derecho a la protesta social”.
Finalmente agradeció a lxs 27 estudiantes procesadxs y destacó su valentía. “Exponerse y poner el cuerpo a un procesamiento judicial, con todo el estigma que eso acarrea, no es fácil”.
Culpable por defender la educación pública
Con un Museo colmado de gente, la actividad transcurría en un clima de mucho respeto y escucha. Tras la intervención de las tres oradoras, desde la primera fila un hombre mayor, vestido de traje azul, solicitó hacer uso de la palabra. Se trataba del abogado jubilado Horacio Lonatti, quien al presentarse se definió como un militante que en su juventud, siendo estudiante de Derecho y participando de distintas manifestaciones, fue acusado de “sedición” durante el gobierno de Frondizi.
“Con mis 87 años –dijo con la voz semiquebrada y a manera de propuesta–, estoy dispuesto a salir a las calles, a movilizarme y a ir a Tribunales con uno, cien o mil estudiantes para declararnos cómplices de estos hechos. A decirle al Juez que también soy culpable por defender la educación pública. Y llevar la almohada, para estar más cómodo, por si decide llevarme preso”.
*Por Irina Morán para Alfilo. Imagen de portada: Irina Morán
