Imputaron penalmente a Patricia Bullrich por espiar y reprimir a los mapuche
El viernes pasado, el fiscal federal Franco Picardi decidió imputar a la Ministra de Seguridad de la Nación, así como a otros funcionarios de la cartera, por espionaje ilegal y persecución a la comunidad mapuche. El motivo: la creación del «enemigo interno» para despojarlos de sus tierras, en favor de quienes tienen intereses económicos en la Patagonia.
Por ANRed
En junio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó una denuncia contra la cúpula del Ministerio de Seguridad de la Nación en el Juzgado Federal Nº5 -a cargo de María Eugenia Capuchetti- ante un «plan criminal coordinado» por el Estado desde diciembre de 2015 contra las comunidades mapuche, para «reducir el derecho a ejercer la protesta y el legítimo reclamo por sus tierras, mientras que, en paralelo, se busca favorecer a diferentes negocios inmobiliarios».
En su presentación, la APDH señaló que «los diferentes hechos que presentamos en la denuncia y la serie de delitos cometidos que enumeramos, nos hace tener la convicción de que los mismos se cometieron mediante tareas de inteligencia prohibidas por la ley, amedrentamientos, lesiones graves, torturas, abuso de autoridad seguido de muerte y homicidio agravado (…). Este plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuche es responsable, además, de la muerte de dos jóvenes: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel».
Para el organismo de DDHH, era claro que Patricia Bullrich, Pablo Noceti (ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad), Gonzalo Cane (ex Secretario de Cooperación con los poderes judiciales, legislativos y Ministerio Público Fiscal) y Gerardo Milman (Secretario de Seguridad) fueron los autores de esta «represión planificada» y de «la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)».
El viernes 1 de noviembre, mediante la actuación del juez federal Franco Picardi, se conoció el dictamen: «En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad».
Para Picardi, el fin habría sido «coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuche y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal».
El fiscal requirió a Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba, entre ellas, si se llevaron adelante tareas de inteligencia en coordinación con los Carabineros de Chile, «a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede».
También solicitó que la jueza llame a declaración testimonial al periodista Sebastián Premici, de Cadena Sur y otros medios, quien realizó diversas investigaciones sobre la extranjerización de la tierra y la existencia de tareas de espionaje ilegal y conjunto entre Gendarmería y Carabineros en torno a la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y al asesinato estatal de Rafael Nahuel.
A menos de un mes y medio de dejar su cargo, la Ministra y sus funcionarios quedaron contras las cuerdas. Como señala Premici, «Bullrich mintió desde el minuto cero. Poder brindar testimonio en el marco de la denuncia formulada por la APDH constituye un paso clave para aunar las piezas de este enorme rompecabezas que Cambiemos se empeñó en mantener en la clandestinidad de la impunidad».
*Por ANRed.
