Estados Unidos gesta y financia la desestabilización y un golpe en Bolivia
En Bolivia las horas transcurren entre la tensión, la violencia opositora y la movilización popular para respaldar a Evo Morales.
Por Álvaro Verzi Rangel para CLAE
La toma y quema de oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí y acciones violentas contra árbitros comiciales en Tarija, Chuquisaca, Oruro y La Paz, y el derribo de una estatua del ex presidente venezolano Hugo Chávez en la amazónica de Riberalta, confirman las denuncias sobre planes golpistas de Estados Unidos contra Bolivia.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) resolvieron declarar el estado de emergencia y la movilización pacífica nacional en defensa de la democracia ante las acciones violentas, racistas y antidemocráticas con las que grupos de extrema derecha buscan convulsionar el país.
Tal como se había denunciado, de imponerse nuevamente Evo Morales en los comicios del domingo 20 de octubre, el plan preveía declarar un supuesto fraude electoral, desestabilizar el país e intentar la imposición de un gobierno paralelo.
Primero intentaron incendiar el país con una huelga general indefinida antes del día electoral, operaciones encubiertas, campañas de descrédito y desinformación, entre otras formas de sabotaje para crear violencia y deslegitimar el proceso electoral en el país. Y el domingo último, durante el escrutinio, de la mano de medios hegemónicos de comunicación y desinformación, intentaron crear el imaginario colectivo de un eventual fraude que impediría una segunda ronda electoral, donde la oposición suponía ganaría con amplitud.
Estas elecciones fueron las más complejas y difíciles para el líder indígena y su proceso de cambio, por una combinación de causas internas y externas, que las convertían como el escollo a vencer desde una perspectiva boliviana y de la relación de fuerzas en América Latina, particularmente de la región sudamericana.
Externamente, está la contraofensiva de Washington para desbaratar a los gobiernos progresistas y de izquierdas de la región, cuando los pueblos se levantan contra las medidas neoliberales de los gobiernos de derecha de Argentina, Perú, Ecuador y Chile.
Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en Bolivia, como Mariane Scott y Rolf Olson, mantuvieron reuniones con altos funcionarios diplomáticos de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile para que colaboraran en la organización de las acciones de desestabilización contra el gobierno y lideraran las denuncias de fraude en las elecciones, lo cual sería más creíble y genuino que si lo hace directamente Estados Unidos o la Organización de Estados Americanos (OEA).
Poco antes de las elecciones, el presidente Evo Morales dijo tener pruebas de que algunos grupos de dirigentes cívicos y ex militares preparaban un golpe de Estado. “Es el paramilitarismo neto de aquellos tiempos de las dictaduras”, afirmó en su cierre de campaña en Potosí, en medio de enfrentamientos entre sus seguidores y ciudadanos que cumplen un paro cívico en rechazo a cómo avanza el proceso de industrialización del litio y en demanda de más regalías mineras.
Estados Unidos, a través de diferentes medios y actores, activó su cuarto plan para desestabilizar el gobierno, bloquear el proyecto de continuidad político-electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) e interrumpir el proceso de cambio, lo cual deja al descubierto la profunda debilidad de la oposición interna, que busca obtener desde fuera del país lo que aún no ha podido obtener desde adentro. Una de las metas del plan diseñado por Estados Unidos es fragmentar las instituciones armadas del Estado, principalmente a la policía nacional y las fuerzas armadas.
La tercera fase del plan (las dos primeras no dieron el resultado previsto) señala que tras la toma de posesión de Evo, y atendiendo que han podido lograr la desestabilización social, se autoproclamaría un gobierno paralelo cívico-militar, impulsado desde una fracción de las fuerzas armadas, liderado por Waldo Albarracín, quien deberá convocar a nuevas elecciones en 90 días sin contemplar la participación del MAS.
Para esa etapa, el gobierno de Washington había preparado secretamente al político y candidato presidencial Oscar Ortiz, que dio un gran fiasco al sacar apenas poco más de 4 por ciento de los votos. Y por eso se ha abstenido de defender al principal candidato opositor, Carlos Mesa, de las acusaciones de corrupción.
Para apuntalar las campañas, el gobierno de Donald Trump asignó 100 mil dólares a la consultora CLS Estrategies, con sede en Washington, que cuenta con la mayor base de datos de bolivianos dentro y fuera del país. Difícilmente CLS pueda imponer en el imaginario colectivo la figura de un candidato que no ha calado en la ciudadanía. Los informes de inteligencia señalan además que la estación de la CIA en La Paz tomó el control de redes de whatsapp en el país, conectándolos con grupos de análisis político, filtrando falsa información y conduciendo los debates de acuerdo a sus intereses.
El 15 de octubre, Evo Morales denunció que un vehículo de la Embajada de Estados Unidos ofrecía a los pobladores de Los Yungas obras en esa zona a cambio de que no apoyen al MAS en las elecciones, y reveló que presentó esa queja directamente al Encargado de Negocios de Estados Unidos, Bruce Williamson, quien se declaró sorprendido y se comprometió a no intervenir en temas electorales.
En Facebook se viralizó un video en el que el supuesto diácono Jorge Sonnante afirma que el presidente Morales guarda 420 millones de euros en una cuenta del Banco del Vaticano. “Que me demuestren que tengo dinero en El Vaticano, más de 300 millones de euros, que presenten pruebas”, insistió Morales, para quien esa información es parte de la guerra sucia.
Contra el proceso de cambio, liderado por el líder indígena, todas las acciones de desestabilización oligárquica e imperial se han desplegado desde 2005. El primer intento de derrocar a Morales se produjo a principios del período 2006-2009; el segundo entre diciembre de 2015 y febrero de 2016; y el tercero en 2018.
El plan subversivo
Hoy los principales operadores del plan subversivo son los políticos bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, casualmente todos residentes en Estados Unidos. Quienes articulan las acciones en Bolivia son los líderes de la Coordinadora Nacional Militar (Conade), compuesta por mandos de la reserva, como el general Rumberto Siles y los coroneles Julio Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.
El plan está coordinada con altos dirigentes de la oposición boliviana, principalmente Waldo Albarracín, quien preside de la Conade; Jaime Antonio Alarcón Díaz, presidente del Comité Cívico de La Paz; Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia; Juan Carlos Rivero; Rolando Villena, ex defensor del pueblo; y Samuel Doria Medina, del partido Unidad Nacional (UN).
Si bien gran parte del financiamiento se encontraba en territorio boliviano, con el apoyo de embajadas acreditadas en Bolivia y la iglesia evangélica -fachadas del gobierno estadounidense para no verse implicados directamente en estos fines injerencistas-, el plan no logró concretarse totalmente antes de las elecciones.
De acuerdo al informe de inteligencia, la estrategia en las redes sociales y la campaña de fake news es liderada por Raúl Reyes Rivero, coordinador de las acciones de la Plataforma Democrática y los Comités Cívicos, con vistas al derrocamiento del presidente. Entre sus principales contactos, se encuentran Jhanisse Vaca Daza, Omar Duran y Frank Sousek Medrano, empleado del Fondo Interamericano de Desarrollo.
El ex presidente Quiroga fue encargado de buscar apoyo y pronunciamientos de los organismos regionales e internacionales, como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea (UE), con el fin de deslegitimar la victoria electoral de Morales, declararla inconstitucional, e intentar una intervención internacional en Bolivia.
La segunda fase consistía en establecer un estado de crisis social, con manifestaciones, incluso violentas, paros, bloqueo de carreteras, que debía cumplirse entre junio y la fecha de las elecciones.
Juan Flores, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, junto al coronel retirado Oscar Pacello, son los operadores políticos de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa en Bolivia, encargados de lograr un punto de convergencia entre los Comités Cívicos y los militares y policías de la reserva para desatar violencia y la convulsión social, que obligaran a suspender las alecciones o para desestabilizar el país declarando un fraude electoral.
Las evaluaciones del gobierno de Estados Unidos coincidían en que el presidente Morales resultará ganador de las elecciones, pese a lo cual la embajada de Estados Unidos ha estado creando las condiciones objetivas y subjetivas para la declaración de un fraude electoral.
La etapa poselectoral
Asimismo, el Departamento de Estado contrató al ciudadano estadounidense-israelí Eli Birnbaum, quien en 1998 fue asesor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y luego su jefe de Gabinete, tras lo cual se asoció con Arthur Finkelstein, diseñador de campañas políticas para políticos republicanos. Es el hombre elegido para comandar las acciones de desestabilización en Bolivia y de respaldo a la figura de Oscar Ortiz. La idea es convulsionar política y socialmente el país tras las elecciones. En 2017, comandó la campaña de Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia de Colombia, basada en fake news para influenciar a los votantes.
Birnbaum es experto en manipulación de encuestas, diseño de campañas para dañar la imagen de políticos rivales, manipulación de redes social y medios para promover shocks sociales, estructuración de coaliciones políticas, implementación de la erosión social, cultural y política en campañas electorales.
Birnbaum tiene la tarea de trabajar con las redes de la Unión Juvenil Cruceñista para desacreditar al presidente, y con Jhanisse Vaca Daza, ejecutiva de la ONG “Standing Rivers”(financiada por la estadounidense Freedom Fellowship of the Humans Rights Foundation), que usa su plataforma diseminando permanentemente información adulterada y falsa con el fin de generar la reacción contra las políticas estatales.
Sin duda, hay algunos temas que no han sido debidamente satisfechos por el gobierno y es, en ese contexto, que en estos próximos cinco años el gran desafío es el de la industrialización. En Bolivia no se puede seguir vendiendo materia prima, sino que hay que transformarla y darle valor agregado, como se ha hecho con el gas.
Bolivia es uno de los países que tiene la mayor riqueza de litio en el mundo, y esa riqueza debe ser para proyectar al pueblo a un mayor desarrollo. Y para apropiarse de las riquezas de Bolivia, es que Estados Unidos proyecta terminar con el Estado plurinacional y el gobierno popular que encabeza Evo Morales.
*Por Álvaro Verzi Rangel para CLAE
